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Los avatares del acuerdo

El dirigente de la COB expone el camino que implicó el acuerdo de incremento salarial. Cuestiona la inclusión del texto que señala que el ente sindical será responsable de una crisis de empleo a raíz del aumento del salario mínimo.

La Razón (Edición Impresa) / Óscar C. Tapia es secretario de Finanzas de la Central Obrera Boliviana (COB)

00:00 / 14 de mayo de 2017

Los trabajadores del país, a través de la Central Obrera Boliviana (COB), presentaron su pliego petitorio al Gobierno. Como prioridad, se incluyó en el primer punto el asunto salarial. A partir de 2011 es una aspiración un salario mínimo nacional acorde con una canasta familiar, absolutamente legítimo, que garantice la cobertura de las mínimas necesidades de la familia tipo (cuatro personas).

Bajo esa tesis, este año expusimos un documento que contiene una visión de país que plantea fundamentalmente la diversificación económica e industrial con el objetivo de crear empleo digno, estable y con derechos laborables consignados en la Constitución Política del Estado. El Gobierno trató de descalificar la propuesta indicando que contenía términos de carácter neoliberal, que coincidía con el discurso de los empresarios y eso les tenía confundidos. Nada más falso, con el desarrollo integral pretendemos la generación de mayores ingresos al Tesoro General de la Nación y el combate a la extrema pobreza.

Sobre el incremento salarial, se nos acusó de plantearlo con base en la productividad y que al caer por su propio peso se acudió a la canasta familiar de la COB, indicando que nuestra exigencia estaría en función de la variación del costo de la canasta familiar entre 2015 y 2016, que fue totalmente desmentido por la Comisión Económica de la COB. Ante la falta de argumentos del Gobierno a la exigencia de los trabajadores, era momento de conocer el costo de la canasta familiar encargado al Instituto Nacional de Estadística (INE), que debería iniciar con el trabajo en septiembre de 2015 y concluirlo en agosto de 2016, con un financiamiento externo de Bs 7 millones. Hasta hoy no nos entregaron dicha información; la razón es simple: estamos seguros de que es mayor a la de la COB.

Como respuesta, nos presentaron parámetros de distribución del salario de esta manera: a) alimentación, 39%; b) transporte y comunicación, 16%; c) vivienda, 11%; d) bienes y servicios, 7%; e) equipamiento y funcionamiento del hogar, 7%; f) esparcimiento y cultura, 6%; g) vestimenta, 6%; h) educación, 5%, e i) salud, 3%. Ante estos porcentajes, exigimos que le pongan valores, para determinar cuánto es la canasta familiar del Gobierno.

Después de análisis y debate durante dos fechas (11 y 13 de abril) con el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, nos ofrecieron el 5% de incremento al salario al básico y el 6% al salario mínimo nacional, oferta que fue declarada insuficiente por la comisión de la COB. Al concluir la negociación con ese despacho, solicitamos una reunión de alto nivel con el presidente Evo Morales, que se concretó los días 26 y 27 de abril. En ella se definió el incremento del 7% al básico y de 10,8% al mínimo, es decir, Bs 2.000.

Paralelamente al incremento planteamos la mejora de la redacción del decreto supremo, que debió ser de carácter nacional, sin condicionamientos y discriminación; la pérdida del poder adquisitivo tiene efectos negativos para todos los trabajadores del país.

EMPRESARIOS. No es novedad. La actitud de los empresarios, al oponerse al incremento salarial en los tiempos de “bonanza” y, peor, en periodos de crisis, confunde la competitividad y la sostenibilidad con la precarización de los salarios. Para los trabajadores, tiene que ver con las condiciones de bienes de capital que son completamente obsoletas, que no permiten una producción de calidad. No es verdad que estén mal, durante esta gestión de gobierno han generado utilidades más que en los 180 años de la República; no lo dice la COB, ahí están los índices de crecimiento del Impuesto a las Utilidades. Pues, los empresarios actúan con egoísmo y mezquindad al no compartir las utilidades generadas por los propios trabajadores, son elementos más de chantaje, que presionan a los trabajadores para desistir al derecho legítimo a una reposición salarial; eso es una reposición a la pérdida del poder adquisitivo, un incremento nominal y no real.

Dejamos claro, no es verdad que el resultado de la negociación COB-Gobierno ponga en peligro la estabilidad laboral. ¿No serán los factores el contrabando y la importación de productos?

Los chinos están estrangulando nuestra industria, con mayor agresividad a la microempresa, mediana y pequeña. En el marco de nuestra visión de país, planteamos la exigencia al Gobierno de implementar políticas de protección a nuestra industria, garantizar el consumo nacional, y la diversificación de la industria, con inversión pública y privada.

GOBIERNO. La responsabilidad de la administración pública no se delega, la Constitución Política del Estado le faculta al Gobierno proteger los derechos de los trabajadores; fundamentalmente, la estabilidad laboral.

A raíz del incremento salarial, el Gobierno incluyó en el convenio de entendimiento que la inestabilidad laboral sería de responsabilidad de la COB, por el solo hecho de exigir un salario justo. De ser así, el ente matriz de los trabajadores tendría que asumir el mando del Estado, situación que no es posible. En tal sentido, no tiene ningún valor jurídico el texto del acuerdo, todo convenio o norma contraria a la Carta Magna será nula. 

Con esta actitud el Gobierno estaría desconociendo el principio del Derecho Laboral, el principio protector: “Es el principio que traduce la inspiración primordial del Derecho del Trabajo la protección al trabajador. Mientras otras ramas del Derecho se preocupan por establecer una paridad entre las partes involucradas, ésta, desde sus inicios históricos, ha tendido a proteger a la parte más débil de la relación bilateral: el trabajador. Así nació precisamente el Derecho del Trabajo; de ahí que históricamente las legislaciones hayan establecido este principio en sus leyes positivas”. El Gobierno no solamente tiene la responsabilidad de proteger al trabajador, fundamentalmente la estabilidad laboral; su función es crear fuentes de trabajo estables, como recomienda la OIT: trabajo decente.

Hoy por hoy, las grandes inversiones en infraestructura están siendo adjudicadas con preferencia a empresas chinas, que no respetan nuestras normas laborales.

La Ley General del Trabajo establece que ninguna empresa puede contratar personal mayor al 15%; no se cumple. No existen condiciones de vivienda, alimentación, transporte del domicilio al lugar de la obra o viceversa; hay salarios de hambre, no permiten organizar sindicatos, no hay quién ponga en orden a estas empresas que explotan sin piedad a nuestros conciudadanos; el ministerio del ramo que tiene la facultad de proteger a los trabajadores no cumple con las inspecciones de acuerdo con sus atribuciones y si lo hace, es para favorecer al empleador, y continúa la explotación.

DECRETO. Una vez más el Gobierno engaña a los trabajadores del país al promulgar el Decreto Supremo 3161; algunos ministros y viceministros actúan de manera maquiavélica, tienen la consigna de descalificar y desacreditar a la COB por el solo hecho de exigir respeto a los derechos de los trabajadores. En el acta de la Comisión Económica, claramente indicamos que la COB presentará una sugerencia de redacción del decreto. Con la rúbrica del Ministro de Economía, en fecha 24 de abril cumplimos con el compromiso; no fue tomada en cuenta ni una letra de nuestra propuesta, de manera que fue una farsa:

Primero, el engaño con el inversamente proporcional solicitado por el sector Salud y Seguridad Social a corto plazo, entre los profesionales y trabajadores, para evitar el privilegio de los médicos que se favorecen con un incremento triple, en este caso 21%, 7% al básico, 7% a su escalafón profesional y 7% al bono de antigüedad; todos al 100%. Son un sector no afiliado a la COB. 

Segundo, a los municipios, gobernaciones, empresas desconcentradas y descentralizadas, y universidades, con los términos leoninos: podrán aumentar de acuerdo con su disponibilidad y sostenibilidad financiera. Con esta actitud, el Gobierno declara la guerra a los trabajadores; quienes rompen la buena relación no somos los asalariados del país, es el propio Gobierno.

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