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Se avecina la nacionalización ‘definitiva’ de la lucha antidrogas

Ahora el Código Penal será el que aglutine todos los tipos penales que castigarán las actividades relacionadas con el narcotráfico.

La Razón (Edición Impresa) / Elisa Medrano Cruz es periodista

00:00 / 12 de marzo de 2017

La futura Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, cuya aprobación está en trámite en la Asamblea Legislativa Plurinacional, nacionaliza “definitivamente” el combate contra el narcotráfico, una política que el Gobierno asegura estar implementando tras la expulsión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), en noviembre de 2008.

“Se nacionaliza definitivamente esta lucha (contra el narcotráfico), la fiscalización de sustancias químicas controladas”, aseguró el diputado David Ramos (MAS), quien presidió en la anterior legislatura (2016-2017) la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, que aprobó ese proyecto.

Así, la nueva norma, que terminará de abrogar la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, todavía vigente en el país, endurecerá el castigo para el desvío de la hoja de coca al narcotráfico y en ese marco dispondrá, por ejemplo, la incautación de bienes confiscados cuando se detecte ese ilícito, dijo el asambleísta nacional.

Ya la Ley General de la Coca, sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional la anterior semana y cuya promulgación está pendiente, prevé sanciones administrativas para la persona que produzca, comercialice, transporte, porte o industrialice coca al margen de lo que establece esta norma, pero también abre la posibilidad de que pueda establecerse otros castigos, aunque no precisa si de tipo penal.

No obstante, el exministro de Gobierno del presidente Evo Morales Hugo Moldiz aseveró que “todos quienes transgredan la Ley General de la Hoja de Coca tendrán sanciones administrativas, pero también pueden ser sometidos a tipos penales. ¿Qué quiere decir? Que el cocalero que le venda la hoja a un narcotraficante o que produzca coca en su tierra para ese fin habrá transgredido esa norma y habrá incursionado su acción en el ámbito penal y será duramente sancionado”.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó en su momento a los miembros de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados que la futura disposición legal “se basa en un nuevo enfoque de la lucha contra el narcotráfico” en el que la prioridad es luchar contra la criminalidad y velar por la seguridad ciudadana, y no, como ocurría anteriormente, para perseguir a comunistas o activistas de los derechos humanos.

Recordó que la 1008 no sancionó a los llamados “peces gordos”, lo que posibilitó la formación de organizaciones criminales, que no solamente tienen poder económico y bélico, sino que captan poblaciones enteras que terminan dependiendo de esta actividad ilícita.

Por ello, la futura ley también dispondrá sanciones más duras contra esos actores de la cadena ilícita. Por ejemplo la pena de cárcel será mayor a 15 años cuando haya agravantes del delito cometido.

El exministro Moldiz complementó que con la aprobación de esa nueva norma, el Gobierno boliviano será “implacable en la persecución y sanción de los delitos penales que se cometan a partir de ahora, pues será mucho más duro”.

Y con ese fin, manifestó que todos los tipos penales que preverá esa disposición legal estarán contemplados en el nuevo sistema penal, cuyo tratamiento está en trámite en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con ese criterio coincide Ramos, quien manifestó que se promoverá los juicios orales para estos casos.

“El nuevo sistema penal reunirá en un solo cuerpo el código sustantivo y el código adjetivo, sin desmerecer una Ley de sustancias controladas”, enfatizó.

Una vez que se dé vía libre a las leyes General de la Coca y de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, será sustituida, se asegura, toda la política de la llamada “guerra internacional contra las drogas” aplicada por Estados Unidos en el país, a través de esa disposición legal, aseveró el exministro Moldiz.

Precisamente, durante su Rendición Pública de Cuentas 2016-2017, el ministro Romero habló de la necesidad de sustituir la estrategia estadounidense de “guerra contra las drogas” por una política en la que prime la participación social y responsabilidad compartida, que permita perseguir a los peces gordos del narcotráfico”.

Romero detalló las características de la lucha antidroga en Bolivia, que tienen que ver con la no injerencia externa en asuntos de soberanía interna y la solución de un delito internacional con base en una lucha compartida, así como el respeto de los derechos humanos y la defensa de la salud pública, a través de políticas preventivas.

En más de una ocasión, el ministro recordó que la política estadounidense de lucha contra el narcotráfico fue violenta, militarizó las zonas productoras de coca y persiguió a los líderes sindicales, sociales y campesinos, en lugar de hostigar a los narcotraficantes.

Precisamente, según datos oficiales, entre 1996 y 2005, en el país murieron 60 personas (de las que 53 eran cocaleros), además resultaron heridos 702 bolivianos (631 productores de coca). Todo ello derivó de la erradicación forzosa de cocales fundamentalmente en el trópico de Cochabamba. (Revisar la infografía de las páginas 8-9)

Lejos de que esa política diera resultados, según Romero, fracasó porque el consumo de drogas en el ámbito mundial se incrementó, lo que se ve reflejado en las cifras de consumidores: 0,4% de la población mundial; 1,6% están en Estados Unidos y 1% en Europa.

También en reiteradas ocasiones comparó que las áreas de cultivo de hoja de coca se dispararon en Colombia en los últimos años, donde también se aplica la política estadounidense, y ahora están en 97.000 hectáreas, frente a 20.200 de Bolivia, lo cual resalta, insiste, el contraste entre la ineficacia de la estrategia global y la efectividad del modelo boliviano.

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