Animal Político

‘El caballo del corregidor’

Lo malo de los interinatos, cuando no hay continuidad política, es que a veces se operan cambios en el nivel de mandos superiores, y aún en niveles medios e inferiores, que suponen un tiempo en el que los nuevos administradores tienen que integrarse a la gestión.

00:02 / 21 de diciembre de 2014

Para dar cumplimiento a la norma que establece que los que quieran habilitarse como candidatos a un cargo electivo deben renunciar 90 días antes al día de las elecciones, se ha convertido en algunos casos en un  dolor de cabeza  para el alcalde o gobernador que tiene que dejar el cargo para  poder habilitarse como candidato para la reelección. El problema se genera cuando la autoridad renunciante no tiene la certeza que el sucesor o sucesora sea parte de la organización política del candidato que para habilitarse deja el cargo.

Si bien el periodo durante el cual la autoridad interina ejercerá sus funciones  es relativamente breve, este periodo es clave para apoyar al alcalde o gobernador que pretende ser reelegido, pues tendrá todas las ventajas “del caballo del corregidor”, consistentes en un importante aparato administrativo y logístico al servicio de la campaña oficialista. 

En el caso de que la autoridad renunciante no cuente con mayoría en el Concejo Municipal o Asamblea Legislativa departamental, esa circunstancia puede perjudicarle, y a su vez favorecer a las fuerzas opositoras. Si se toma en cuenta el alto nivel de clientelismo político que se observa en la gestión pública, y  especialmente en la gestión de los gobiernos subnacionales, no es de extrañar que la designación de reemplazantes para terminar el periodo de gobierno se convierta en un campo estratégico y de ardua lucha política.

ADMINISTRACIÓN. La frase “el caballo del corregidor” denota la influencia que puede llegar a tener el manejo administrativo de un gobierno en la preparación de condiciones electorales propicias para  las autoridades que pretenden  la reelección. En el caso municipal, la nueva Ley de Gobiernos Municipales Autónomos establece que el reemplazante del alcalde debe ser un concejal  titular  del mismo partido o agrupación ciudadana a la que pertenece la autoridad, a fin de evitar la inestabilidad política. Pero la propia ley establece que si no existieran  concejales titulares habilitados, o si no fueran mayoría,  el reemplazante será elegido de entre la mayoría de los concejales. 

En ese contexto, varios gobiernos municipales y probablemente alguna que otra gobernación pueden tener cambios de guardia en los próximos días. En el caso de La Paz, que es un gobierno municipal muy importante puede darse que el alcalde Luis Revilla sea sustituido por algún concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), hecho que puede afectar su candidatura al privarle de una estructura institucional que además de numerosa puede utilizarse en el transcurso de la campaña efectivamente. Paradójicamente, esa misma  estructura podría servir  para apuntalar la candidatura opositora del MAS, que tiene una importante presencia en el Concejo Municipal. 

En el caso de Santa Cruz, Cochabamba y El Alto, que son las otras ciudades del denominado  “eje” central, no parecen presentarse mayores inconvenientes.  En cuanto a algunos otros municipios y en especial los de provincia la situación no es tan clara y en muchos casos es incierta.

En lo relativo a las gobernaciones, no existirán grandes novedades, excepto la de Tarija, en la cual el MAS presenta algunas fisuras y la bancada actualmente opositora tiene importante presencia.

Lo malo de los interinatos, cuando no hay continuidad política, es que a veces se operan cambios en el nivel de mandos superiores, y aún en niveles medios e inferiores, que suponen un tiempo en el que los nuevos administradores tienen que integrarse a la gestión, consustanciarse con los planes que estaban en marcha, y en  muchos casos improvisar o dejar de impulsar programas en funcionamiento.  A veces, por celo político, a veces por querer innovar o por afectar lo hecho por la gestión precedente, se puede causar daño a la política pública.  La continuidad ofrece como ventaja la estabilidad y la continuidad, pero puede significar la utilización de la maquinaria institucional a favor de la campaña reeleccionista.

PELEAS. La saña y la intensidad de los enfrentamientos políticos se incrementan a medida que se van localizando, buen ejemplo de ellos nos lo dan municipios como La Guardia (Santa Cruz), en el que al mismo tiempo han existido hasta tres alcaldes, que han hecho ingobernable uno de los municipios que llegó a ser modelo de gestión en el pasado. 

El peligro es que la disputa por los interinatos termine fracturando alianzas y coaliciones, conviertan los últimos meses de la gestión edil en un tiempo perdido para el cumplimiento de los planes y programas municipales.

Se debe acotar que el manejo de un gobierno  municipal o departamental por parte de las fuerzas opositoras puede significar, además, la utilización del propio aparato institucional para afectar la imagen del candidato renunciante, como ya ocurrió en el pasado, cuando en pleno proceso electoral se anunciaron auditorías y denuncias de corrupción contra las exautoridades que pugnaban por la reelección, que al margen de ser ciertas o falsas, terminan afectando la imagen del candidato. También puede darse, que una mala gestión interina pueda repercutir negativamente en el candidato, ya sea oficialista u opositor.

Realizando un balance, el hecho de que las autoridades transitorias sean continuistas u opositoras, tiene sus ventajas y  desventajas, pero en el fiel de la balanza, consideramos que sería mejor que la fuerza política que logró la mayoría electoral sea la misma que culmine la gestión, primero por respeto a los votantes, y segundo para evitar la inestabilidad.  Lo importante es que al margen de quién sea la autoridad sustituta, ésta no permita la utilización de la administración local o regional para fines políticos electorales, porque, como dice la Constitución Política del Estado, la misma no se debe a ningún partido político, sino a la comunidad y a la sociedad en general.  La transparencia, idoneidad  e imparcialidad de la administración pública es fundamental dentro de un proceso electoral.

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