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Los casos de corrupción en el Gobierno golpean la institucionalidad

El escándalo desatado de la red de extorsión deja en entredicho la institucionalidad del Estado. Para recobrar la confianza, analistas sugieren que se debe llegar al fondo del asunto y aplicar la Justicia.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:04 / 09 de diciembre de 2012

Los casos de corrupción como el de Santos Ramírez o el escándalo de la red de extorsión que se destapó recientemente —que involucra a los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) de Santa Cruz y a funcionarios del Órgano Judicial— dejan mal parada a la institucionalidad del Estado, de acuerdo con analistas políticos.

Para Juan Carlos Núñez, director ejecutivo de la Fundación Jubileo, que éste o los demás casos de corrupción durante la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) afecten o no al Gobierno no es lo central. “Lo importante es que se tratan de golpes muy serios a la institucionalidad del Estado como tal. Esto debe preocuparnos a todos”, dice.

Por eso, desde la sociedad civil, “se debe” exigir que se desarrolle transparencia en la situación; más allá de quiénes estén implicados, “el daño es muy profundo, no es al Gobierno, sino al aparato del Estado”, sugiere en referencia al caso particular de la red de extorsión.

A finales de noviembre se descubrió una red de extorsión en dos carteras del Estado con enlaces en el Órgano Judicial. El caso se reveló a partir de las denuncias de una víctima, el empresario estadounidense Jacob Ostreicher, preso en Palmasola hace 18 meses y acusado de legitimación de ganancias ilícitas y vínculos con el narcotráfico.

Fernando Rivera y Denis Efraín Rodas Limachi (exfuncionarios clave del Ministerio de Gobierno), José Manuel Antezana (exdirector general de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia), además del exfiscal de distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez (casos Ostreicher y reo Cresencio Rojas) fueron detenidos y encarcelados como sospechosos. Se acusa a estos individuos de extorsionar a Ostreicher, al que supuestamente le pidieron fuertes sumas de dinero a cambio de fallos favorables en el proceso que se le sigue. La banda operó desde hace cinco años.

“La institucionalidad del Estado queda malograda después de esto; si bien los niveles de transparencia del país han subido algunos puntos, aún se está lejos de llegar a los primeros 100 países más transparentes”, afirma el politólogo Reymi Ferreira, en coincidencia con Núñez.

Dice que este caso demuestra que la corrupción no es ideológica y no diferencia colores políticos. El “discurso del MAS era la lucha contra este flagelo”, sin embargo ha quedado a la vista que “no se ha mejorado en este aspecto”; en él incurren los neoliberales tanto como los de izquierda o los indigenistas.

Ferreira observa que de 2006 en adelante el problema que ha tenido el MAS es que se retrocedió en el avance de la carrera administrativa. Muchos años se trató de establecer la Ley del Servicio Civil y el Estatuto del Funcionario Público para garantizar que los empleados públicos obedezcan a la comunidad y no a un partido político, como dice la Constitución Política del Estado (CPE). “Así, se ha sustituido el mérito de la carrera por la confianza política. Muchos empleados jerárquicos, pero también de los niveles inferiores, están ahí por avales políticos, recomendaciones de los movimientos sociales, por militancia o amistad con jerarcas del Gobierno; eso quita profesionalismo”.

El hecho no sólo habría “bajado  el buen desempeño técnico”, sino que “en muchos casos” habría disminuido la calidad moral. Se nota que        —continúa— el escándalo se debe también a la falta de cuadros políticos profesionales, pues “hay muchos oportunistas que antes eran del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y otros partidos tradicionales. Estas personas hoy aparecen como simpatizantes del MAS, lo que es muy común en el ámbito judicial”.

Núñez parece continuar esta última idea al afirmar que la falta de confianza de la población hacia quien administra la Justicia “se va a profundizar más aún” después de casos como el que se develó.

Según el director de Jubileo, este hecho no significaría la pérdida de la lucha contra la corrupción, sino más bien el efecto de la situación de hegemonía de la estructura política que administra los poderes del Estado. “Es una muestra clara de que se debe hacer una democracia mucho más plural, con órganos del Estado más independientes”.

La red —cuestiona Ferreira y corrobora a Núñez— ha desnudado que existe una débil separación de los órganos del Estado. “El Judicial se somete, en última instancia, a la influencia del poder político. Sin duda, eso desmejora el equilibrio que debe existir de pesos y contra pesos entre ellos”, afirma Ferreira.

Fabián Yaksic, diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), parece coincidir con ambos analistas en cuanto a la independencia de poderes. “La poca transparencia vinculada a la subordinación de los órganos del Estado al Ejecutivo no ha cambiado absolutamente. Sucede lo mismo que en la ‘partidocracia’, la cual tenía en su bolsillo a jueces y fiscales. Eso se ha reproducido en esta red de corrupción, la cual muestra la injerencia de funcionarios ministeriales en el Órgano Judicial”.

Dice que la vulneración de la separación de poderes (“base de la Constitución”) muestra un daño a la institucionalidad. “A partir de esta experiencia tiene que modificarse el comportamiento del Gobierno”.

Otro aspecto que Ferreira califica como el “más preocupante” es la “sordera o por lo menos lentitud” del Gobierno para captar las denuncias de las víctimas de corrupción.  “Es impresionante que para que el Presidente se dé cuenta (de la extorsión) haya tenido que recibir la noticia por mensajes de la Embajada de Estados Unidos o que tenga que llegar una estrella de Hollywood para que se conozca la tenebrosa red”. (Morales no precisó el nombre de la embajada ni se sabe exactamente por qué Sean Penn visitó a Ostreicher cuando estuvo en Bolivia).

Pasados. Otro escándalo de malos manejos en el Gobierno fue el de Catler Service. Esta vez se involucraba a un alto miembro del partido de Gobierno, Santos Ramírez. El 27 de enero de 2009, la muerte violenta del empresario Jorge O’ Connor develó un nivel de corrupción de proporciones mayores en YPFB. El robo de 450 mil dólares al empresario, posiblemente destinados a una coima para Ramírez, evidenció una organización en la que estaba implicado directamente el ya mencionado dirigente del MAS y expresidente del Senado, que en aquel tiempo era la cabeza de la estatal petrolera. El pago de coimas, la creación de empresas fantasmas y adjudicaciones irregulares fueron descubiertas. El principal involucrado cumple una condena de 12 años; Giovanna Navía, su exesposa, fue sentenciada a nueve; y el hermano de ésta, Javier Navía Doria Medina, a seis.

Uno de los primeros incidentes de este tipo fue el del tráfico de avales, en febrero de 2007. Se denunció la venta de estos en el MAS para acceder a cargos en la administración pública.

El hecho “salpicó” a los senadores Ramírez, Lino Villca, Nemesia Achacollo y Leonilda Zurita; además de los dirigentes Samuel Guarayo, William Chávez, Zenón Cochi, Uvaldo Nina y José Santos Ramírez (quién se hacía pasar por hermano del exsenador hoy preso). José Santos fue remitido a la justicia ordinaria y los dirigentes Cochi y Nina fueron expulsados del MAS.

Núñez opina que para retomar la confianza y la institucionalidad del Estado “debe haber una exigibilidad” desde la sociedad civil, de que se establezca transparencia en esta situación hasta llegar al fondo de lo acontecido y se aplique la Justicia”. Ferreira concluye que si el presidente Morales no asume personalmente la lucha contra la corrupción y sigue delegándola a otros niveles, el problema va continuar y afectará “medularmente” al Gobierno; si no se actúa “con radicalidad”, el flagelo va a terminar “por pasarle la factura política”.

‘Son casos aislados y deben ser sancionados’: Nardi Suxo es ministra de Transparencia

Son casos aislados que, si se comprueban, deben merecer la máxima sanción. Claro que hacen daño al Gobierno y a la gestión que está trabajando en la transparencia. (Por otro lado), la gente tiene que darse cuenta de que la corrupción hoy no se tapa. No habrá tolerancia con este flagelo, ésa es la directiva de la gestión. (Entrevista en extenso en la página 10).

‘Se vuelve a tiempos  de la desconfianza’: Juan Carlos Núñez es director de la Fundación Jubileo

Con este hecho (la red de extorsión) se estaría volviendo a los tiempos en que ya no se cree en la Justicia y ya no se sabe en quién confiar. La institucionalidad del Estado queda profundamente dañada. La falta de confianza desde la población a quien administra la Justicia se va a profundizar aún más. Ésas son las graves consecuencias. Lo peor sería dejar esto en la impunidad.

‘En algunos entes hay cambios positivos’: Reymi Ferreira es analista político

Hay que reconocer, pues tampoco se puede negar que en algunos entes del Estado hay cambios positivos sobre la transparencia, que hay un interés por hacer mejor las cosas. Eso se ve por ejemplo en Impuestos (y se nota en el incremento de las recaudaciones); también en Entel; y se está intentando en la Aduana. No ocurre lo mismo en el Órgano Judicial.

‘Obediencia al Ejecutivo explica la corrupción’: Fabián Yaksic es diputado del MSM

La corrupción en este Gobierno se explica en el hecho de que todos los entes (llámese Policía, Órgano Judicial, gobernaciones, etc.) son obedientes al Órgano Ejecutivo. Hay una sensación de corrupción generalizada y hay que frenarla; la mejor manera de hacerlo es que los poderes sean autónomos entre sí, la Justicia no puede estar al servicio de un gobierno, eso deriva en corrupción.

Los malos manejos administrativos durante gobiernos de la ‘partidocracia’

Uno de los argumentos que blanden las oposiciones, a partir de la red de extorsión, es que la corrupción hoy es peor que antes. Tal medición no es realizable, según los analistas políticos entrevistados en esta nota. Sin embargo, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, afirma que la diferencia es que antes no se sentenciaba a nadie ni se recuperaba dinero para el Estado.

Uno de los casos de los tiempos de la llamada “partidocracia”, que hasta hoy queda sin culpables, es el de la firma de múltiples contratos lesivos al Estado producto de la Capitalización, llevada a cabo durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1994-1997). En esa administración se denunciaron varios hechos de corrupción, la mayoría ligados a la recepción de comisiones, pagos excesivos a consultores y dilapidación de recursos estatales. Los acusados son Sánchez de Lozada, Alfonso Revollo y Carlos Sánchez Berzaín.

Otro caso emblemático de los malos manejos de ese tiempo se dio en la segunda gestión de Sánchez de Lozada (2001-2003). Fue denominado el caso Macororó. El principal implicado es el exministro de Defensa Freddy Teodovich y el entonces prefecto de Santa Cruz Mario Justiniano. El hecho de corrupción y abuso de autoridad involucró a 400 soldados de la VIII División del Ejército que fueron cedidos como mano de obra gratuita para la cosecha de una empresa privada en la hacienda Santa Mónica, de propiedad de Patricia Cronenbold. Nunca hubo sentencia por este delito. Actualmente, Teodovich es uno de los principales asesores del alcalde del municipio de    Santa Cruz, Percy Fernández.

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