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El censo de las dudas, críticas y amenazas

Lo que les corresponde al INE o  al Ministerio de Planificación es informar con claridad y transparencia, respetar los plazos, dejar de lado las amenazas legales, responder técnicamente las observaciones y cuestionamientos. En otras palabras: ofrecer información transparente. Con datos reales y precisos no se presentarán confusiones, dudas o malinterpretaciones.

La Razón / Christian Galindo

00:02 / 03 de febrero de 2013

En una iracunda reacción típica de los entrenadores de artes marciales, donde la mejor defensa es el ataque, el INE (Instituto Nacional de Estadística) amenazó con procesos legales “a aquellas personas que realicen cuestionamientos sin sustento” a los resultados preliminares del censo 2012 y la labor de la entidad. 

En otras palabras, el INE optó por atacar antes de explicar, por amenazar antes de defender. Por lo que hay que suponer que está prohibido criticar u observar el trabajo de la entidad y menos comentar “negativamente” los resultados de la encuesta nacional. Es una actitud que demuestra una línea unilateral, poco institucional y con una falta de autocrítica a los errores, que pretende blindarse ante los cuestionamientos.

El 23 de enero, el presidente Evo Morales presentó los datos preliminares del acto realizado en noviembre de 2012. En Bolivia hay 10.389.913 habitantes; Santa Cruz pasó a ser el departamento más poblado con 2.776.244; y La Paz, que dejó de tener el primer lugar, ahora cuenta con 2.741.554 habitantes. Una diferencia de 35 mil habitantes, menos de un barrio de la periferia paceña.

Tras el informe del Gobierno, representantes regionales de La Paz y El Alto, el gobernador César Cocarico y el alcalde Édgar Patana lamentaron el resultado de los datos, que demuestran un estancamiento poblacional en el departamento, que es sede de gobierno. Pero los mayores reclamos surgieron en Santa Cruz y Tarija, donde sus autoridades expresaron dudas sobre los datos y, es más, anunciaron la intención de realizar una auditoría técnica al proceso o, en su defecto, censos departamentales.

Especialistas, historiadores, exautoridades y periodistas también hicieron conocer su preocupación por el proceso y los primeros datos. El colectivo la Ruta del Censo, que agrupa a universidades, investigadores, entidades y académicos, resumió las observaciones en puntos concretos, a los que se sumaron otras críticas razonables con sustento técnico: 

Los datos presentados el 23 de enero reflejan una diferencia de 420 mil personas (el equivalente al total de la población actual de Beni), entre la proyección de habitantes (10.810.496), basada en los datos del censo 2001; y la cifra presentada este año (10.389.913). Son datos que hasta ahora no han tenido explicación ni del INE ni del Ministerio de Planificación.

Las deficiencias técnicas (por ejemplo: una incompleta cartografía) y logísticas (los problemas en la capacitación y reclutamiento de empadronadores), que vienen desde la etapa precensal, reflejan las dudas en los resultados preliminares. Hay una falta de transparencia o información que es notoria por la poca disponibilidad de los responsables del censo para dar entrevistas, datos y cronogramas, cuando ésa es la principal característica del INE: la de informar datos.

Que pese a las observaciones anticipadas sobre problemas en el censo, no se realizó, en su momento, una encuesta de cobertura para el cálculo de la omisión censal (el valor absoluto y relativo de la población que no fue censada), lo que determinaría el grado de error o fallas en los datos.

La falta de institucionalización del INE (renuncia del director Ramiro Guerra a cuatro meses del censo, los despidos del personal de Logística, a quienes se acusó por las “fallas en el censo” y el escaso protagonismo o la virtual desaparición del actual director del INE, Ricardo Laruta) genera una imagen de dependencia ante el Órgano Ejecutivo. Para nadie es secreto que la ministra de Planificación, Viviana Caro, lleva la voz dominante, y sin oposición en todo lo referido al censo.

En ninguno de los casos el INE ha realizado una explicación, ni siquiera un reporte informativo. Es por eso que llama la atención la desproporcionada reacción del INE, que anunció que los procesos serán iniciados a través “de los caminos legales correspondientes, de acuerdo con los artículos 282 (Difamación), 283 (Calumnias) y 285 (Propalación de ofensas) del Código Penal”, según el director interino. Jimmy Soria Galvarro. O sea, una evidente violación al derecho de expresión vigente. Como si se tratase de un delito el observar o criticar las acciones de una entidad pública, que por su condición tiene la obligación de informar a la población y de ser sujeta a permanente evaluación.

Lo que las autoridades del INE y del Ministerio de Planificación deben recordar es que la misión de la entidad es la de “producir, analizar y difundir información estadística oficial y de calidad”, tal como reza en sus documentos oficiales y el portal institucional.

Deben comprender que las críticas responden a una lógica preocupación de los interesados (representantes regionales, expertos o ciudadanos) dada la importancia de los datos del censo. El presidente Morales explicó, antes del verificativo censal, que los datos definirán las políticas públicas para los próximos diez años, en salud, educación y servicios básicos; sin dejar de lado lo que más interesa en los ámbitos económicos y políticos, la redistribución de recursos y de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Habida cuenta de que los datos completos y desagregados se conocerán recién en junio de este año y que las dudas seguirán latentes en los próximos meses, lo que les corresponde al INE y al Ministerio de Planificación es informar con claridad y oportunidad; respetar los plazos definidos, dejar de lado las amenazas legales y responder técnicamente las observaciones y cuestionamientos. En otras palabras: transparentar la información. Con datos reales y precisos no se presentarán confusiones, dudas o malinterpretaciones.

Aunque, puntualmente, los responsables del censo 2012 también deben informar sobre el estado de la actualización cartográfica; hacer transparente el proceso de avance en el procesamiento de los datos recolectados el 21 de noviembre y, finalmente, dar a conocer, a través de un cronograma detallado, el plan de difusión y publicación de los resultados oficiales.

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