Animal Político

‘La comunidad LGBT no está pidiendo un favor’

Rolando Villena, defensor del pueblo

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:01 / 10 de junio de 2012

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, pone en claro la posición de la institución que dirige respecto a los proyectos de ley tanto de unión civil de convivencia como de matrimonio de parejas del mismo sexo en una entrevista con La Razón.

Como se dice en las páginas 8 y 9, Érika Claure, diputada de Convergencia Nacional, presentó el proyecto de Ley “Unión de Convivencia entre Parejas del mismo Sexo”; mientras que el colectivo nacional Lesbianas, Gays, Bisexules y Transexuales (LGBT) pondrá en consideración de la Asamblea Plurinacional otro planteamiento para que su comunidad sea incluida en las leyes ya existentes sobre el matrimonio, al expresar que no quieren una norma especial, pues son ciudadanos comunes. Villena, obispo de la Iglesia Metodista, aborda el tema desde el punto de vista político, es decir de un Estado que legisla derechos civiles para sus ciudadanos.

— ¿Cómo aproximarse al tema de la unión y el matrimonio de parejas del mismo sexo?

— Hay que despojarse de los fanatismos religiosos y jurídicos que se quedan en una mera articulación de ideas y que no están respondiendo a los retos que implica. La comunidad LGBT no está pidiendo un favor, no se trata de un dádiva que alguien va a dar, sino de un derecho que le corresponde a todos los bolivianos en la gama de la diversidad cultural, religiosa o de orientación sexual que necesariamente tiene que ser parte de este riquísimo pluralismo. No hay que ver esto como una amenaza.

— El senador Eugenio Rojas lapidó la posibilidad de que se apruebe una ley de estas características…

— Sería bueno recordar a los legisladores que el artículo 14 de la Constitución Política del Estado (CPE) expresa una garantía normativa que prohíbe la discriminación fundada en razones de orientación sexual o identidad de género, lo que indica obligaciones positivas por parte del Estado para garantizar la igualdad. Siendo la CPE la ley de leyes, no puede haber otras interpretaciones que intenten soslayar lo que ésta sostiene.

—¿Qué podría significar para el Gobierno no encaminar estas propuestas de ley?

— El no hacerlo sería un modo de dar luz verde a la discriminación por la orientación sexual o identidad de género, y eso conduciría al peligroso camino de la homofobia. No viabilizar el pedido sería grave porque estaríamos ingresando en un terreno muy sinuoso, donde estaría en juego la construcción de un Estado Plurinacional y la profundización de una democracia participativa con poder de decisión.

Estamos en un momento de construcción de un Estado Plurinacional donde el enfoque de la diversidad debe ser la transversal en todos los derechos, sin que ningún segmento social por cualquier razón que fuere —de carácter étnico, religioso, jurídico u otro— pueda no ser tomado en cuenta. La posición de la Defensoría es que los derechos de igualdad y de no discriminación deben ser el sustento más importante para cualquier ley a ser sancionada.

— ¿Qué sucede con este tema en relación a la nueva Ley 045 contra el Racismo y toda Forma de Discriminación?

— Sin lugar a dudas (si no se viabiliza la normativa de la unión o del matrimonio entre parejas del mismo sexo), sería vulnerada. Ellos (la comunidad LGBT) tendrían todo el derecho de hacer una demanda al mismo Estado porque se estaría colocando al margen de la ley. La norma 045 significa un gran avance porque visibiliza la discriminación en razón de orientación sexual e identidad de género.

— ¿Hay autoridades que hablan de que la CPE hace inviable que propuestas de este tipo se apliquen? ¿Hay antecedentes?

— Primero hay que borrar los fundamentalismos jurídicos. El artículo 14 de la CPE es claro; constitucionalmente tendría que hacerse factible. En materia legislativa se ha avanzado bastante en el tema. El respeto, la igualdad y la no discriminación entre los bolivianos y bolivianas tienen importantes logros en materia de derechos humanos (DDHH). Entre ellos, cabe destacar a la misma CPE, al Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2009-2013 aprobado mediante Decreto Supremo 29851. En el punto 7 de este último se determina que es obligación del Estado —a través de la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Justicia, o el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades— elaborar un anteproyecto de unión conyugal que tenga por objeto regular y reconocer los derechos de  las personas LGBT asegurando así la sucesión de su patrimonio, relaciones personales y otros aspectos. En consonancia con lo avanzado, lo que queda por hacer es un complemento de lo que ya tenemos como logros a nivel jurídico.

—¿Qué opina de la resistencia de la Iglesia Católica contra estas leyes?

— Toda vez que hay una manifestación de la comunidad LGBT en que hacen sus demandas en el tema del matrimonio civil y la unión de personas del mismo sexo, se desatan todo tipo de fundamentalismos tanto religiosos como jurídicos, los dos extremos son muy peligrosos. Rebatir la demanda con argumentos religiosos hace parecer que se estuviese discutiendo si la comunidad TLGB está compuesta por seres humanos.

Por supuesto que lo está y por tanto tienen derecho a ejercerlos. Ese enfoque (de la Iglesia) no hace lecturas históricas. Se trata de un planteamiento que no se nutre los retos y desafíos que hay que asumir.

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