Animal Político

El conflicto del TIPNIS y la otra consulta

Vía Cochabamba-Beni, parte II

La Razón / Leonardo Tamburini

00:00 / 12 de febrero de 2012

Posiblemente, cuando este artículo salga a la luz, será una realidad la abrogación de la Ley 180 que protege el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Será una abrogación de la ley que es la garantía principal para los pueblos de aquel parque, que obtuvieron nada menos que la prohibición de que su territorio sea atravesado por la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y evita así la destrucción de su hábitat natural y principal reserva ecológica del país. A la Ley abrogatoria se le ha denominado de “consulta previa”, siendo justamente ése uno de los elementos de los que adolece.

El Presidente y sus ministros firmaron 16 actas de acuerdo por cada demanda que contenía la plataforma de la VIII Marcha. El primero de ellos se refería a la aprobación e inmediata reglamentación de la llamada “ley corta” y estableció que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, ni ninguna otra, pase por el TIPNIS.

El Gobierno incorporó en el texto de la Ley 180 una conceptualización de la intangibilidad restrictiva y completamente deformada respecto a lo solicitado por los asambleístas indígenas (la que permitió “vengar” la afrenta supuestamente sufrida por el Gobierno de haber tenido que “ceder”), que revirtió los derechos que el mismo Estado les había otorgado en el parque y sin tocar un metro de la zona colonizada. Después, entre noviembre y diciembre de 2011, se concertó un proyecto de reglamento de la ley corta entre el oficialismo y la VIII Marcha, al mismo tiempo que las autoridades estatales creaban la virtual movilización del Consejo Nacional Indígena del Sur (Conisur).

Habría que remontarse a los años del neoliberalismo para encontrar una afrenta semejante contra las instituciones del Estado, un acto que socave tanto su credibilidad y fe pública, las cuales son en definitiva la base de su legitimidad social y la piedra angular del sistema democrático.

La Ley 180 no es cualquier norma; ha sido la más legitimada por el pueblo boliviano, con la cual se ha identificado plenamente, superando todo tipo de prejuicios y discriminaciones. Fue aprobada al influjo de la apoteósica llegada de la VIII Marcha Indígena, después de 65 días de caminata, sobreponiéndose a la cruel represión policial del 25 de septiembre en San Lorenzo de Yucumo; posteriormente, los caminantes fueron recibidos por más de medio millón de paceños, en una de las movilizaciones más emotivas de los últimos años.

Algunos dicen: ¿quién puede estar en contra de un mecanismo de democracia directa como la consulta previa que decidirá un tema de interés para todo un pueblo indígena?

Se debe estar en contra del fraude y la contrafacción, peor aún cuando se lo presenta bajo figuras democráticas; al menos en el caso del TIPNIS, donde quien propone, acciona y presiona para que la carretera se haga es el Estado, que a la vez es parte en el proceso de supuesta consulta que se pretende impulsar. Su independencia e imparcialidad están totalmente comprometidas con los resultados que se pretenden imponer a la luz de todo el accionar desplegado desde la aprobación de la ley corta para anularla. Todo esto inhabilita automáticamente al Gobierno para administrar imparcialmente el proceso.

Con relación al carácter previo de las consultas a los indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que este elemento es la condición básica para que las comunidades que participan lo hagan de tal forma que puedan incidir en la decisión que adopte el Estado sobre implementar o no un proyecto que pueda afectarles.

En nuestro caso, el Estado no ofreció el mecanismo para que, con anterioridad, los pueblos indígenas del TIPNIS se expresen libremente y construyan su decisión; paradójicamente lograron algo mucho más trascendente y definitivo: obtuvieron la decisión directa en sí, que consiste en que no se construirá la carretera por el parque. Probablemente se hubiese llegado a lo mismo aplicando la consulta en su momento, vistos los innumerables pronunciamientos en contra de la carretera que hicieron llegar la Subcentral TIPNIS y los sucesivos encuentros de corregidores. Pero ante un Estado que no estaba dispuesto a llevarla a cabo en ese momento, la marcha obtuvo directamente ese resultado. Quien no está dispuesto a aceptar esa decisión, ni antes ni después de la Ley 180, es el Estado, que está ideando un proceso para que le den la respuesta que está buscando y así pueda darle algún barniz de legalidad.

El contexto en el cual deben desarrollarse estos procesos democráticos es central para su validez. Es interesante ver que, para la jurisprudencia de los organismos de derechos humanos, las movilizaciones de Moxos y Chapare, así como la última del Conisur —activadas por el Gobierno para autodemandarse la aprobación de la ley que impone la consulta—, son señaladas como casos emblemáticos de violación al principio de buena fe en los antecedentes de las consultas.

Sobre este particular, la Corte Interamericana señala que en estos procesos deben estar libres de cualquier tipo de presión respecto de agentes que actúen motu proprio o con la anuencia del Estado, puesto que vician la voluntad de las comunidades a ser consultadas.

Esta situación genera escenarios de violencia, que apuntan a que el Estado o la empresa interesada valide las decisiones, lo que tranforma el proceso en un mecanismo de blanqueo de decisiones anteladamente adoptadas. Se viola también el principio de buena fe cuando el Estado intenta desintegrar social y culturalmente al pueblo objeto de la consulta, cuando se desconocen sus organizaciones representativas o se intentan negociaciones individuales con los miembros de las comunidades. La Corte pone atención en esto, puesto que el desconocimiento y la descalificación de organizaciones, líderes y defensores alientan a la violencia contra ellos e incluso incitan a su desaparición física: la gran cantidad de líderes indígenas y activistas colombianos, ecuatorianos y peruanos, entre otros, asesinados por paramilitares y fuerzas del orden son una clara muestra de lo que conlleva una política de ese tipo.

Nuestro Estado Plurinacional, que es de una sociedad diversa, pacífica, alegre, emotiva y libre, tiene que mostrarle a su aparato institucional el tremendo error que está cometiendo, para que no continuemos transitando ese Estado todavía aparente hacia aquel ideal integral que no se lo deja nacer.

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