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‘Los conflictos no ponen en cuestión al Estado’

Carlos Romero - El ministro Romero asegura que los conflictos que se registran actualmente en el país no ponen en cuestionamiento la gestión del gobierno de Evo Morales.

Carlos Romero.

Carlos Romero.

La Razón / Luis Mealla Gutiérrez

00:03 / 13 de mayo de 2012

El ministro Carlos Romero dejó la cartera de Autonomía el año pasado para hacerse cargo del Ministerio de la Presidencia. Tras unos meses en ese despacho, en 2012, el presidente Evo Morales decidió reemplazar al entonces ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, por Romero. La nueva autoridad tomó el mando tras una serie de hechos que pusieron en cuestionamiento la política interna del presidente Morales. Entonces   el caso más reciente era la represión a la marcha indígena del TIPNIS en Chaparina.

Tres sectores sociales propiciaron movilizaciones en las últimas semanas; el Ministerio de Gobierno, a cargo de Carlos Romero, ha jugado un rol preponderante en la intervención, a través de la Policía Boliviana, de las protestas de los médicos y trabajadores de salud, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).

Pero el rol fundamental de la disuación política del descontento social lo ejerce la autoridad, que dice que se trata de reivindicaciones sectoriales que se han sobrepuesto al  interés colectivo y que, pese a la radicalidad de algunas manifestaciones, el Gobierno mantiene la predisposición de seguir dialogando. En su criterio, estos conflictos no son estructurales ni ponen en cuestión al Estado, sino son solamente sectoriales.

— ¿Cómo evalúa este mes y más de conflictos que se registran por parte de varios sectores sociales?

— Primero, no son conflictos de orden estructural, es decir, (esos sectores) no están poniendo en cuestionamiento el tipo de Estado vigente ni  el modelo de desarrollo económico que se viene aplicando; son más bien reivindicaciones sectoriales y corporativas. Esto impide cualquier posibilidad de proyección potencial del conflicto a provocar una crisis de  gobernabilidad.

— ¿Se trata de demandas sectoriales con fines políticos?

— Generar una crisis de Estado es a lo que hubiera apuntado, inicialmente, la oposición, que estratégicamente ha tratado de coadyuvar  y que los conflictos se sincronicen en el tiempo. En segundo lugar, estos conflictos no tienen como factor de confluencia una articulación de intereses estratégicos afines.

— ¿Qué análisis hace de las demandas del sector Salud?

— Me he permitido señalar que hay una desubicación histórica en la interpretación de la problemática por parte de la COB, porque el Gobierno ha reivindicado un derecho legítimo, sensible, fundamental y favorable al conjunto de la población boliviana, como es el derecho a la salud; el Gobierno aparece abanderando una reivindicación popular y la COB aparece defendiendo algunos intereses corporativos de un solo sector. De algún modo, eso hace perder perspectiva integral al bien social y subordina lo corporativo al interés general de la población que aspira tener un mejor servicio en la prestación de salud.  

— ¿Qué ocurre con la demanda  salarial del sector trabajador?

— La demanda salarialista aparece subordinada a la movilización y la problemática de los médicos; no es una movilización articuladora de movimientos sociales, sino es una que básicamente se subordina al protagonismo y a la reivindicación de los trabajadores de salud, de tal modo que pierde fuerza su reivindicación salarial y pasa a segundo plano.  

— ¿La demanda es sostenible?

— Es muy poco sostenible porque una propuesta de cálculo salarial sobre la base de la metodología de la canasta familiar no ha sido sustentada técnicamente con relación a la sostenibilidad de la demanda; entonces, le resta capacidad discursiva.

— ¿Qué ocurre con la nueva movilización de indígenas del TIPNIS?

—La movilización de la Cidob se presenta en otro contexto. La marcha del año pasado era una movilización estructural y que puso en debate el modelo de desarrollo que planteaba, incluso, nuevos paradigmas de gestionamiento de la Amazonía. No es una movilización que legítimamente articula a las organizaciones indígenas de tierras bajas, sino se restringe básicamente a la dirigencia de la Cidob y a la Subcentral del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure).

— Entonces, ¿la movilización no tiene una representatividad?

— No involucra  las 12 organizaciones regionales afiliadas en torno a la Cidob y eso la debilita en términos discursivos y de capacidad movilizadora, y de plataforma reivindicativa; su plataforma es abstracta, restringida a oponerse al derecho de consulta, y eso resulta al mismo tiempo paradójico porque el derecho de consulta, de acuerdo con la jurisprudencia de Colombia y Canadá, es un derecho que funda el desarrollo de otros derechos colectivos indígenas. La consulta es un diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas; así se establecen compromisos de desarrollo en favor de las comunidades, y las comunidades, al mismo tiempo, toleran iniciativas estatales y las enmarcan en función de la salvaguarda de sus intereses y derechos.

— ¿No tiene razón de ser?

— La movilización se sincroniza en el tiempo, pero es muy heterogénea en cuanto a intereses, carácter y su línea discursiva; los actores involucrados tienen sus propias contradicciones internas también. Si bien es una movilización que ha tenido como mérito mantener una temporalidad continua en el desarrollo de sus acciones colectivas, no es una movilización que ponga en riesgo la gobernabilidad ni la estructura estatal.

— ¿Y el conflicto del transporte?

— Ése es un conflicto local y la Alcaldía tiene la potestad de reordenar las condiciones de prestación del servicio de transporte público, pero ahora ellos (los choferes) se quejan de que no se ha consensuado la medida. Ante esa situación, el Gobierno nacional ofreció, a través de mi autoridad, la total predisposición a poder favorecer escenarios de diálogo y coadyuvar en la solución del conflicto, pero no tuvimos una respuesta positiva por parte del alcalde (Luis Revilla). En definitiva, es una movilización que afecta a un sector, que tiene una estructura organizativa muy fuerte, pero al mismo tiempo no goza de la simpatía ciudadana.

— ¿Quién se desgastó más, el Gobierno o esos sectores?

— Han generado malestar en la población, sobre todo en la de La Paz, que está cansada de los permanentes bloqueos. Éstos han develado también una actitud de sobrecorporativización de la acción colectiva de algunos gremios; hay una pérdida de visión estratégica en relación con el carácter del proceso que vive el país y el carácter de las movilizaciones. Ése es un tema que debe ser debatido política e ideológicamente.

— ¿Qué compete de aquí en adelante para la solución?

— Tendremos que trabajar mecanismos que garanticen el resguardo de los derechos de la gente. Yo me permití en algún momento decir que hay que balancear cuándo un interés colectivo se antepone a un interés general y cómo se debe gestionar uno y otro tema; en este caso, las movilizaciones han generado molestia en la ciudadanía porque son acciones que manifiestan intolerancia, impostura en algunos casos, que perjudican los derechos de los demás.  

— ¿Y el Gobierno dónde está?

—En estas circunstancias, la gente le pide mayor autoridad al Estado y al Gobierno. Entonces, de algún modo también nos interpela.

— ¿Cuáles serán las consecuencias a mediano y largo plazo de las movilizaciones que se han dilatado por tanto tiempo?

— La COB ha debutado como comité ejecutivo en estas movilizaciones y no ha sido capaz de generar un discurso, una propuesta, una visión estratégica que coadyuve a profundizar el proceso de cambio; más bien se ha atrincherado en una reivindicación estrictamente salarialista y eso le resta capacidad de liderazgo y protagonismo político en el proceso que actualmente vive el país.

— ¿Y los indígenas del TIPNIS?

— En el movimiento indígena de tierras bajas hay una decantación sobre quiénes tienen algunas ligazones políticas y quiénes han utilizado el mecanismo de la movilización como una estrategia de potenciamiento  de grupos de liderazgo, y las organizaciones indígenas, regionalmente, han decidido posicionar su agenda programática en la implementación del Estado Plurinacional.

— ¿El caso del sector Salud?

— Se ha posicionado como un problema estructural que merece un tratamiento integral. Se han visibilizado varios intereses estratégicos   en pugna y se ha agendado el tratamiento. Los médicos quieren una cumbre para dialogar con ellos mismo y eso no tiene ningún sentido; ahí tienen que estar los médicos, el Gobierno, los gobiernos subnacionales y los representantes de los sectores sociales, porque es la población que es la destinataria del servicio.

Perfil

Nombre: Carlos G. Romero Bonifaz

Nació: 23-08-66

Profesión: Abogado

Cargo: Ministro de Gobierno

Confianza

Romero es uno de los ministros más afines al presidente Morales; hasta la fecha se hizo cargo de tres carteras de Estado y asegura que seguirá cumpliendo su labor enmarcado en las leyes. Afirma que en todo momento debe primar el diálogo y la concertación.

‘Todas las movilizaciones tienen una fase de agotamiento’

— ¿Qué espera el Gobierno para la resolución de los conflictos?

— El Ejecutivo siempre está abierto al diálogo para resolver los conflictos y las movilizaciones también tienen una fase de agotamiento, y ésa es una fase que tendrán que   valorar los dirigentes para saber  administrar sus movilizaciones.    La estrategia de diálogo la hemos    manejado permanentemente.

— Usted siempre ha participado en la mayoría de conflictos sociales, ¿cómo asume este tema en el ámbito personal?

— Como un desafío para escuchar siempre con mente muy abierta las distintas problemáticas que afectan a los sectores y resolviendo de manera conjunta con un enfoque técnico que sustente mayores posibilidades de gestionamiento de las demandas, pero, sobre todo, con una actitud de unidad y tolerancia.

— ¿Se considera con el carácter pertinente para llevar adelante las diferentes negociaciones?

— Hay que estudiar la secuencia de un conflicto y entender la lógica de desarrollo y saber también acomodar las condiciones de diálogo; cuando el escenario está muy polarizado, hay que hacerlo con mucha paciencia, y en ese enfoque vamos a tener éxito.

— ¿Estas movilizaciones no afectan la gobernabilidad?

— No, porque la gobernabilidad queda afectada cuando las instituciones y las normas son rebasadas por la acción fáctica. No estamos en esa situación.

— ¿Le afecta en lo personal este tipo de conflictos?

— Uno se ve afectado, porque hay que concentrar mucha energía, mucho tiempo y mucho esfuerzo en el gestionamiento de estos conflictos. En el caso del Ministerio de Gobierno, siempre tratamos que prime el diálogo antes que la administración de la violencia para resolver las contradicciones y eso implica un esfuerzo mayor.

— ¿Esto rezaga la agenda de gestión pública en temas de seguridad ciudadana o narcotráfico por atender estos conflictos?

— Diría obstaculizadas, de algún modo, porque no se le puede imprimir la dinámica que uno hubiera querido, porque en gestión pública los tiempos son muy cortos; un año de gestión para un ministro es casi equivalente a cinco años de vida profesional, entonces los ritmos son intensos y esa velocidad se ha visto afectada. 

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