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La consulta ‘no es un capricho ni una arbitrariedad’

Wilfredo Ovando - Las organizaciones indígenas que defienden el TIPNIS consideran que la consulta prevista para la construcción de la carretera es ilegal. Ovando dice que el proceso no es capricho.

Wilfredo Ovando durante la entrevista.

Wilfredo Ovando durante la entrevista.

La Razón / Paulo Cuiza Salazar

00:03 / 08 de abril de 2012

El 16 de agosto de 2010 fue elegido Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Fue exministro de la Corte Suprema de Justicia en la primera gestión del presidente Evo Morales. Dice que uno de los primeros retos fue la transición de la   ex Corte Nacional Electoral (CNE) al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Admite que ejercer la máxima instancia del Órgano Electoral   le implicó costos personales, profesionales y hasta familiares. Dice que en promedio trabaja entre 12 a 15 horas.

Dice ser de origen campesino y vivió tres días dentro del Tribunal Supremo Electoral (TSE), previos a las elecciones judiciales del 16 de octubre de 2011. A más de un año y medio en el cargo, afirma que el proceso electoral más complejo que organizó es precisamente el de octubre, por sus características. Recalca que no es viable permitir a los candidatos judiciales hacer campaña electoral a su favor como sugieren organizaciones internacionales.

Nació en Punata, Cochabamba, y el reto que se le aproxima es el de acompañamiento y observación a la consulta a los pueblos mojeño-trinitario, chimán y yuracaré en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), entre el 10 de mayo y 10 de junio.

— ¿Qué hizo el TSE hasta el momento para implementar la consulta en el TIPNIS?

— Es un proceso especial porque está amparado por normas nacionales e internacionales. No se trata de un capricho ni una arbitrariedad; tiene como respaldo la declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), que ha sido ratificada por Bolivia, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y tenemos la Ley 222 de Consulta Previa, que regula este procedimiento. 

— ¿Pero, por qué el TSE no participa de manera directa en la consulta en lugar de observador o acompañante?

— La Ley 222 dice que quien debe organizar y ejecutar la consulta es el Órgano Ejecutivo a través de los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente. Ellos deben aprobar un protocolo que debe ser consensuado con los pueblos del TIPNIS. Luego, este protocolo debe ser enviado al TSE 30 días antes de la consulta. Estamos a la espera de esa norma, pero estamos tomando nuestras precauciones, una de ellas en la parte económica. Queremos saber a cuánto va a ascender el trabajo del TSE. Con el protocolo en la mano, inmediatamente vamos a envíar al Ministerio de Economía nuestro presupuesto para el proceso.  

— El Gobierno anunció una inversión de Bs 10 millones. ¿Cuánto va a solicitar el TSE?

— Ese monto es para los ministerios. En este momento nosotros estamos en la imposibilidad de conocer cuánto va a ser nuestro presupuesto porque no sabemos cuántas actividades se van a realizar en el TIPNIS. Estamos elaborando nuestro propio reglamento de actividades, pero tiene que ser con base en el protocolo.

— Debe ser uno de los procesos más complejos, tomando en cuenta que la consulta se la hará por usos y costumbres de los pueblos que habitan en el TIPNIS.

— Estamos en la etapa del desarrollo y consolidación del nuevo Estado Plurinacional, y una de sus fases son estos procesos de consulta. Es otro ejercicio de la democracia intercultural en Bolivia, de la democracia comunitaria. Es una forma de democracia directa y participativa, donde los pueblos toman sus decisiones.

— Insisto, ¿por qué el Órgano Ejecutivo, y no el Electoral, será el que administre el proceso de consulta. No debería hacerse cargo el TSE tomando en cuenta que es el que tiene a su cargo la organización de los procesos electorales?

— Así dice la Ley 222 de Consulta Previa, que establece que sea el Órgano Ejecutivo.

— ¿Pero, el TSE tiene la capacidad de administrar los procesos de consultas en el país?

—Sí. Si la Ley 222 de Consulta nos hubiera conferido a nosotros la administración, organización y ejecución del proceso, por supuesto (que lo haríamos), pero no es porque estuviéramos dispuestos o no, simplemente tendríamos que acatar la ley.

— ¿Han visitado el parque nacional Isiboro Sécure?

— No. Aún no visitamos el parque. Estamos recabando información a través de nuestra Dirección de Geografía Electoral, conociendo un poco sobre cuántos pueblos son y otro tipo de información. 

— ¿Cuántas personas de la zona donde se llevará adelante la consulta están registradas en el Padrón Electoral?

— No podría precisar en este momento... para no generar malos entendidos políticos, pero todos esos detalles van a estar dentro del protocolo. El procedimiento lo van a establecer los mismos pueblos a través de sus propias normas.

— Hay diferentes mecanismos para la toma de decisiones por usos y costumbres como las asambleas o cabildos. ¿Van a analizar estos procedimientos?

— Sí, el protocolo va a incluir todos estos detalles. Puede que todos estos pueblos involucrados tengan el mismo procedimiento para tomar decisiones y puede ser que no.

—¿Va a existir una papeleta de votación en este proceso de consulta como las elecciones tradicionales que se viven en el país?

— Exactamente eso es lo que no sabemos. Yo como Presidente del Órgano Electoral no conozco la modalidad; si será por papeleta o no, levantando las manos o por aclamación. Todo eso va a estar establecido en el protocolo de la consulta que tiene que ser consensuado con los pueblos indígenas involucrados.

— ¿El resultado de la consulta va a sellar definitivamente la suerte de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos?

— La vía va a ser una consecuencia; no es la principal decisión de esta consulta. De acuerdo con la Ley 222, son dos cuestiones que se tienen que definir: uno, la intangibilidad del parque.  En caso de que se opte por levantar esa intangibilidad, se dará lugar a la construcción de la carretera (Villa Tunari-San Ignacio de Moxos). Es una consecuencia. Si se define que se sigue con la intangibilidad, entonces no se construirá la carretera por el parque.  Y, segundo, se van a definir las medidas de protección para evitar más asentamientos ilegales en esa zona. Es importante aclarar esto porque los medios de comunicación sólo mencionan que es para la construcción de la carretera.

— ¿Cómo va a acompañar el TSE este proceso? ¿De qué tipo de acompañamiento se trata?

— El TSE sólo hará un acompañamiento y observación. Sólo vamos a acompañar a las autoridades del Órgano Ejecutivo y a los delegados de los pueblos indígenas del lugar. Nosotros no direccionamos, administramos ni ejecutamos la consulta.

— ¿El Presidente del TSE y los vocales van a ir al TIPNIS para participar del proceso?

— Vamos a ver. La Ley 222 dice que es el Sifde (Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático) el que debe realizar el acompañamiento y observación, pero el Sifde depende del TSE.

— ¿Cómo se van a consolidar los resultados? ¿Habrá actas firmadas?

— En la consulta, más que resultados, más que ver quién gana y pierde, a lo que se va a llegar son acuerdos, decisiones consensuadas. Todo esto estará en el protocolo.

— Pero, ustedes deberán presentar un informe sobre el proceso, eso menciona la Ley 222.

— Vamos hacer los informes que correspondan y los presentaremos al Ejecutivo, Legislativo, al pueblo en general y a la prensa.

— ¿Habría sido ideal esta consulta antes de la marcha indígena de octubre de 2011?

— Es difícil para nosotros emitir un criterio sobre si hubiera sido bueno o malo. Esa opinión debe ser expresada por la sociedad, por los habitantes del TIPNIS o el Ejecutivo. Nosotros no emitimos criterios de valoración. Lo único que decimos es que todo proceso electoral o consulta debe seguir las normas legales.

— ¿Corresponde una consulta, tomando en cuenta que es posterior a la firma de un contrato de construcción?

— No podemos entrar en ese tipo de valoración. Si hay contrato, no hay contrato; nosotros sólo actuamos de acuerdo con las leyes y facultades que tenemos.

— ¿Tiene el TSE otros casos de consulta por resolver. Participará de otros proceso?

—No. Nosotros no sabemos, va a ser la única consulta; pero sí actuaremos en cuanta consulta sea necesaria.

Perfil

Nombre: Wilfredo Ovando Rojas

Nació: 15-11-1964

Profesión: Abogado

Cargo: Presidente del Tribunal Supremo Electoral

Datos

Nació en Punata. Estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba. Ejerció la docencia. Fue vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) cochabambino y desde 2010 ejerce la titularidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sólo uno de 8 municipios invertirá en la elección edil

Sólo el municipio de Bermejo, en Tarija, invertirá parte de su presupuesto en el desarrollo de la elección de un nuevo alcalde. El municipio de Yapacaní, en Santa Cruz, hizo conocer que no invertirá en otro proceso, y los otros seis gobiernos municipales aún no definieron su situación, según el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando.

El máximo representante del Órgano Electoral ratificó que el Tesoro General de la Nación (TGN) no desembolsará ningún monto para encaminar la elección de alcaldes en los municipios, por ello, deben ser los gobiernos municipales los que inviertan de sus propios recursos.

De los ocho municipios, cinco deben convocar a elección de alcalde debido a la renuncia de los electos el 4 de abril de 2010 por una imputación formal y presión social: en Bermejo, Buena Vista y Yapacaní de Santa Cruz, Punata de Cochabamba y en Chayanta en Potosí.

En Ixiamas, La Paz, habrá comicios debido al fallecimiento del burgomaestre. Los dos municipios en los que tendrá que convocarse a elecciones para alcaldes y concejales por haber sido creados en 2011 son Chua Cocani y Huatajata, ambos de La Paz. “Bermejo nos hizo conocer que sí tiene presupuesto para convocar a nuevas elecciones (...). Yapacaní informó que no invertirá en la convocatoria a una elección”, menciona Ovando.

La próxima semana una comitiva de técnicos del Órgano Electoral visitará el municipio de Bermejo para definir el monto exacto del proceso, para luego proceder a la convocatoria oficial a la elección. “No sólo tiene que estar presupuestado, sino que el dinero tiene que ser depositado en las cuentas fiscales del TSE”, dice Ovando.

En el caso de las gobernaciones de Tarija y Beni, con autoridades interinas tras la suspensión de Mario Cossío y Ernesto Suárez, respectivamente, Ovando afirma que existen las condiciones para nuevas elecciones, pero explica que transcurridos los dos años y medio de mandato el nuevo gobernador puede ser elegido por la Asamblea Departamental.

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