Animal Político

Una consulta inconsulta

Consensos sobre la ley de consulta

La Razón / Raúl ‘Chato’ Prada

00:00 / 26 de febrero de 2012

La pregunta que tenemos que hacernos a la altura del renovado conflicto del TIPNIS es: ¿Qué hay detrás de la imposición de una consulta sin consentimiento, sin ser previa, tampoco libre y menos informada a los pueblos indígenas del TIPNIS? Esta condición impuesta de la ley de consulta extemporánea está clara para todo buen entendedor, empero, los publicistas y propagandistas del Gobierno hacen denodados esfuerzos por demostrar lo contrario.

Al final, sus pueriles argumentos se reducen a decir que una consulta es una consulta, cualquiera sea ésta. Nunca respondieron a la observación de que es extemporánea porque los acuerdos y el convenio con el Gobierno de Brasil se plasmaron en 2008, incluyendo el diseño de la carretera, el compromiso de préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil y la elección fuera de toda norma de contratación de bienes y servicios de la empresa constructora OAS. Menos se puede pedir a estos apologistas de la violación de la Constitución y los convenios internacionales sobre pueblos indígenas respuestas a por qué no se acordó el consentimiento, por qué no se efectuó libremente, con plena participación de los pueblos indígenas y por qué no se informó como corresponde, transparentemente, dando pleno acceso a toda la información en las lenguas propias y contando con la intervención de las organizaciones y las dirigencias matrices de los pueblos indígenas.

No se puede pedir esto a gente que está obsecuente en hacer propaganda de una consulta inconsulta, extemporánea y, para el colmo, extractivista, dados los compromisos con la ampliación de la frontera agrícola para el monocultivo de la coca excedentaria, además de las obligaciones de una carretera que forma parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), es decir, del proyecto de integración económica y comercial para Sudamérica de la burguesía internacionalizada brasileña, que ciertamente va a provocar depredación y destrucción de la región más rica en biodiversidad de Bolivia y corazón del ciclo de agua en el centro de la geografía política, articulado a ecosistemas diversos colindantes.

Renunciemos a discutir con apologistas del delito de inconstitucionalidad. Concentrémonos en la pregunta ¿qué hay detrás de todo esto, del sinuoso comportamiento del Gobierno en torno al conflicto del TIPNIS? Se llega a un acuerdo sobre la carretera cuatro años antes; cuando estalla el conflicto, se busca descalificar por todos los medios a la VIII Marcha Indígena, con toda clase de improperios y acusaciones insostenibles a los dirigentes indígenas; después se reprime al movimiento pacífico con la mayor desproporción y desborde de violencia, sin respetar los derechos fundamentales. Cuando llega la marcha a La Paz y es recibida por un millón de ciudadanos, organizaciones sociales, juntas de vecinos, la Central Obrera Boliviana y la Universidad Mayor de San Andrés, el Gobierno se ve obligado a recular, y el presidente Evo Morales se compromete a una ley en defensa del TIPNIS, que aprueba la Asamblea Legislativa y promulga el propio Mandatario. Una vez hecho esto, salen voces que hacen una interpretación metafísica del concepto de intangibilidad como si expresase la condición inmaculada e intocable por los propios indígenas y los ciclos vitales de los nichos ecológicos, desentendiéndose de toda jurisprudencia de la intangibilidad.

El Presidente y el Gobierno, además de otras entidades del Estado, inician una contra-campaña enfrentada con la propia “ley corta” (Ley 180) promulgada, azuzando a las organizaciones afines, a los diputados oficialistas y gobernadores a plantear la abrogación de la ley. Después organiza una marcha oficialista de los cocaleros del Consejo Indígena del Sur (Conisur), afiliados a las federaciones cocaleras, propietarios privados y cultivadores de coca, incluyendo a los indígenas yuracarés absorbidos a los sindicatos y al mercado de la coca. Con la llegada a La Paz de una marcha desolada, desacreditada, sin apoyo de la gente, el Gobierno lleva a cabo su plan: el insistir en la legalización de la carretera depredadora por medio de procedimientos forzados. Se orienta ya no por la abrogación de la ley corta, que resultaba una medida excesiva por el descaro y la contradicción descarnada del oficialismo, sino por inventarse una modalidad de consulta inconstitucional y fuera de la estructura conceptual de los convenios internacionales. Diríamos, se trata de un cuestionario del Gobierno que introduce dos preguntas que le interesan: sobre la condición de intangibilidad y sobre la carretera que cruza el TIPNIS.

Respuestas a la pregunta:

Hipótesis de interpretación. Iremos en la interpretación de los hechos y acontecimientos de lo general a lo particular.

1. Las contradicciones profundas del proceso contraponen las gestiones del Gobierno (2006-2012) al ciclo de movimientos sociales del 2000 al 2005. Las gestiones son conservadoras con relación a la apertura de las luchas sociales, las que proponen la Agenda de Octubre. Se inicia el proceso de nacionalización, nunca se lo concluye; es más, se definen contratos de operaciones que entregan el control técnico, otra vez, a las empresas transnacionales del petróleo. Se convoca formalmente desde el Congreso a la Asamblea Constituyente imponiendo una ley que pone límites al poder constituyente y convierte a la Asamblea Constituyente en diferida, atacando su condición de originaria, además de sobrevalorar la representación de las minorías e introducir los 2/3 como aritmética de las decisiones de la Asamblea. Pero, de todas maneras, se cumple parcialmente la Agenda de Octubre. Lo que ocurre en la segunda gestión se contrapone a la primera gestión; si en la primera se intenta cumplir con el mandato popular, en la segunda el Gobierno se enfrenta al pueblo con la medida de shock del “gasolinazo” y se enfrenta a las naciones y pueblos indígenas con sus compromisos inconstitucionales, depredadores y extractivistas con relación a la carretera que atravesaría el TIPNIS.

2. En este contexto, el conflicto del TIPNIS manifiesta patentemente el carácter del Gobierno con relación a la Madre Tierra, a la crisis ecológica, a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Opta por la ampliación de la frontera agrícola, por la deforestación y la depredación, y transfiere los costos del extractivismo y de la ilusión del desarrollo a la naturaleza, empujado por los intereses del monocultivo de la hoja de coca excedentaria, por los compromisos con el Gobierno brasileño y OAS, por los intereses de la burguesía agraria, agroindustrial y soyera, y por los terratenientes, renunciando a la reforma agraria y atacando a los territorios indígenas.

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