Animal Político

Una cordillera que nos une, un mar que nos separa

La política vecinal de Chile hacia Bolivia se ha ido judicializando progresivamente, cuando lo lógico en una Cancillería con una visión de Estado seria y activa es profundizar lo político. Lo anterior dificulta los mecanismos de vinculación diplomática, instalan inseguridades innecesariamente.

La Razón (Edición Impresa) / Máximo Quitral Rojas

00:02 / 13 de julio de 2014

Bolivia presentó su demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 15 de abril, en un hecho que ante todos los bolivianos constituye un acontecimiento histórico en el vecino país, y que busca instar a que dicho Tribunal pueda forzar a Chile a que tome la decisión de negociar una salida al mar. Sin embargo, la tarea no parece sencilla, pues el principal obstáculo que presenta la aspiración del Palacio Quemado es obtener acceso al mar con soberanía, y cuya prerrogativa no ha tenido mucha aceptación por parte de Chile. Además, tal decisión no pasa única y exclusivamente por Chile, sino que implica la consulta al Perú bajo el marco del Tratado de 1929 y su acuerdo complementario, el que en su artículo primero sostiene que: “Los gobiernos de Chile y del Perú no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al Tratado de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías, ni podrán, sin ese requisito, construir, a través de ellos, nuevas líneas férreas internacionales”. Si a eso le sumamos que para Chile el Tratado de Paz y Amistad de 1904 zanjó cualquier diferencia territorial entre ambos países y que desde ahí en adelante la teoría negacionista ha sido utilizada permanentemente para descartar temas pendientes entre los países vecinos, el panorama de entendimiento bilateral se ve más bien difuso.

No obstante, la historia política entre ambos Estados ha tenido etapas de acercamiento diplomático, siendo acogidos por el presidente (Evo) Morales, y en particular por su Canciller, bajo el planteamiento de “derechos expectaticios”, que —a juicio de (David) Choquehuanca— consisten en que por años Chile produjo instancias de diálogo tendientes a dar solución al encierro geográfico boliviano. Por ello se puso especial atención a tres hechos históricos, como fueron las conversaciones sostenidas entre los países bajo los gobiernos de Gabriel González Videla, por lado chileno (1946-1952), y de Enrique Hertzog, por lado boliviano (1947-1949). El Abrazo de Charaña de 1975, encuentro bilateral entre los dictadores Augusto Pinochet, por parte de Chile (1973-1990), y de Hugo Banzer, por Bolivia (1971-1978). Finalmente, se consideró como relevante la agenda de los 13 puntos, instancia de diálogo abierta por la actual presidenta Michelle Bachelet, en 2006.

DERECHO. Bolivia ha argumentado que Chile ha tenido la intención de negociar y que estas voluntades dan pie para pensar en los elementos expectaticios. Esto último tendría un antecedente jurídico bastante interesante, al sostener que su base estaría dada por actos unilaterales del Estado chileno, en los cuales no solo los tratados obligarían, sino que también los actos bajo la voluntad gubernamental, los cuales representarían un elemento superlativo dentro de la conformación del derecho internacional. Es decir, los actos unilaterales entre los Estados se transformarían en un mecanismo de obligación jurídica internacional, tal vez complejo en su comprensión, pero no muy difícil de ser probado. Esto, porque los actos unilaterales tendrían cierta doctrina, así como la existencia de jurisprudencia internacional, cuestión que los abogados chilenos ya deberían tener en conocimiento. Todo esto no puede ser visto como irrelevante, puesto que ante el reciente fallo de la CIJ sobre la demanda presentada por Perú en relación a Chile, el presidente del tribunal, Peter Tomka, incluyó una serie de elementos donde el caso boliviano fue considerado en la lectura, al punto de hacer especial referencia al abrazo de Charaña, y que podrían interpretarse como señales de la permanencia de una situación pendiente.

Pero al margen de ello, por estos días la presidenta Bachelet acogió la tesis de objetar la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tal como fue sugerida por sectores conservadores presentes en la política internacional de Chile. Claramente es una acción jurídica aceptada por el Derecho Internacional, pero que no necesariamente pueda tener éxito para las aspiraciones del Canciller chileno, Heraldo Muñoz, que es desplazar de la discusión latinoamericana la aspiración marítima boliviana. De hecho, los casos en que la CIJ ha acogido tal objeción son más bien bajos, elemento importante a considerar para disminuir las expectativas que puedan tener algunos parlamentarios, que ven con este gesto, que las diferencias con el país vecino se terminen definitivamente.

Lamentablemente, la política vecinal de Chile hacia Bolivia se ha ido judicializando progresivamente, cuando lo lógico en una cancillería con una visión de Estado seria y activa es profundizar lo político. Lo anterior dificulta los mecanismos de vinculación diplomática, instalan inseguridades innecesariamente entre las esferas bilaterales y estimulan los nacionalismos trasnochados que empañan cualquier avance en agendas de integración propositivas.

Si bien para los juristas y expertos en Derecho Internacional la impugnación es un recurso que había que utilizar y que está dentro de las reglas del juego, para quienes tenemos una mirada distinta de las relaciones internacionales y propendemos al entendimiento y el diálogo bajo marcos normativos idealistas, lo cierto es que si se habla de tener sanas relaciones con Bolivia, este tipo de acciones equivocan el camino.

PROGRAMA. Si analizamos en detalle el programa de gobierno presentado por la presidenta Bachelet, se señala en materia de Relaciones Exteriores que: “La política exterior de Chile en el próximo gobierno debe contribuir a lograr una mayor unidad regional. Debemos fortalecer nuestra participación en los distintos mecanismos de integración actualmente existentes en América Latina y, en especial, en América del Sur”. Pero más adelante se argumenta lo siguiente: “Nuestro país debe recuperar su papel de promotor activo de la convergencia regional, confirmando su compromiso con una política de integración regional activa y vinculante. Chile debe valorizar positivamente la diversidad que caracteriza a América Latina y enfrentar efectivamente los desafíos que plantean nuestras relaciones vecinales”. Si bien se plantea una preocupación por reforzar los lazos regionales, ¿por qué el canciller Muñoz no ejecuta lo que dicta el programa? Al parecer la agenda del canciller es más bien una agenda personalista y alejada de los lineamientos regionales, orientada a lograr cercanía con los Estados Unidos o los países europeos, en desmedro de trabajar con los cancilleres de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas).

Los estudiosos de las relaciones internacionales sabemos que la diplomacia es de gestos, de actitudes y que las sensibilidades son variadas, las cuales, por cierto, tienden a amplificarse en escenarios políticos con cierta tensión. Por eso, la ausencia del ministro a la primera reunión de la comisión de cancilleres de Unasur que se desarrolló en marzo, no es un tema menor, ya que en el citado programa de gobierno se enfatiza que “Unasur debe constituirse en un punto de confluencia de las iniciativas de integración de América del Sur, mientras Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) debe ser una instancia de coordinación política en la región”.

Frente a esto se hace necesario que Chile asuma con seriedad y responsabilidad los argumentos del Palacio Quemado y que la tesis negacionista dé señales de debilitamiento a futuro y que las relaciones políticas puedan retomarse progresivamente para el bien de una sana convivencia vecinal y bilateral. Ambos países tienen mucho en común, han establecido relaciones en distintos ámbitos de una riqueza enorme, pero que, lamentablemente, en ciertos sectores de la oligarquía política chilena, pareciera ser irrelevante y constituye en algo más bien “anecdótico”. Chile y Bolivia deben lograr un entendimiento serio y fructífero, ya que los revanchismos y las disputas políticas nos han alejado seriamente de la construcción de agendas políticas que sean un ejemplo de integración real.

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