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Los corregidores y el Gobierno definirán el trazo de la carretera. Juan C. Pinto

Pinto señala que los pueblos demandaron el cuidado de la biodiversidad y descarta falta de información en los brigadistas al plantear la consulta a indígenas.

Juan Carlos Pinto.

Juan Carlos Pinto. Foto: Fernando Cartagena.

La Razón / Luis Mealla / La Paz

00:01 / 13 de enero de 2013

El Director Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) dijo que si bien la consulta en el TIPNIS terminó, en una segunda etapa, los corregidores de las comunidades que participaron del proceso deberán definir, en consenso con el Gobierno, el trazo de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos. Explicó que los resultados del proceso deberán servir para elaborar la nueva Ley Marco de Consulta. En su criterio, la democracia es así más incluyente.

El director nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), Juan Carlos Pinto, conversó sobre la consulta que hizo el Gobierno en el Territorio Indígena del Parque Isiboro-Sécure (TIPNIS) y analizó el informe presentado por su institución respecto al proceso de observación cumplido en 2012.

El funcionario explicó que la consulta se basó en dos directrices: la construcción de la carretera y el desarrollo regional. Indicó que si bien terminó esa etapa, aún falta un segundo momento que es definir por dónde irá el trazo, labor que estará a cargo sólo de los corregidores y el Gobierno, en el marco de la concertación. De esa forma, se definirá si la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos pasará por medio del TIPNIS o habrá otra alternativa.

Señaló, además, que las experiencias y resultados que se plasmaron en el documento, presentados la pasada semana por el Sifde, dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), deben ser tomados en cuenta para elaborar la nueva Ley Marco de Consulta, en el entendido de que la democracia debe cambiar en su calidad y ser más incluyente.

— ¿Este informe es una garantía de participación de todo el TIPNIS?

— El informe tiene los plenos respaldos para demostrar cómo ha sido la participación de esas 58 comunidades, estamos hablando de que en cada comunidad hubo diferentes formas de participación y diferentes formas de toma de decisión. Hubo un acuerdo básico y es evidente que los dos puntos centrales fueron los que tienen que ver con la sostenibilidad de la forma de vida de la comunidad, es decir, cómo pretenden sobrevivir en el futuro y, segundo, fue el tema de la carretera. Son dos intereses que se han encontrado en este proceso; un interés particular de parte del Estado con relación a la carretera y el interés muy particular y social de las comunidades de cómo demandan su respaldo para poder sostener su propia forma de vida.

— Hay 11 comunidades que no han sido consultadas ¿qué va a pasar  en un futuro con ellas?

— Algunas, en asambleas decidieron no participar y otras simplemente no dejaron acercarse a las brigadas de observación ni de consulta; pero lo que es evidente es que ahora el Estado tiene que duplicar sus esfuerzos para seguir consensuando y seguir dialogando con esas comunidades porque son parte del territorio y con ellas se deben lograr acuerdos. Aunque lleve mucho tiempo para incluirlos en el proceso de relación con el Estado, deben las comunidades hacerse partícipes y el Gobierno debe tener la disposición plena para escucharlas y seguir consensuando.

— ¿Los indígenas condicionaban la construcción de la carretera?

—Ellos aceptaban la carretera, pero con propuestas y penalidades si es que no se respeta su hábitat. Asumieron propuestas y salvaguardas para que se respete su decisión, algunas deben ser estudiadas, otras no corresponden a la legislación actual; por ejemplo, el hecho de pedir 30 años de cárcel para quienes atropellen las condiciones de vida del parque  o sancionar a colonizadores o invasores de las tierras, no está en nuestra legislación. Se tendrá que seguir concertando para ver cuáles son las medias a tomar y hacer respetar las decisiones de la mayoría.

— Entonces, ¿la mayoría aceptó el trazo a través del TIPNIS?

— La gran mayoría aprobó que exista una carretera, pero hay que empezar a tejer fino en las propuestas para respetar ese equilibrio entre lo que el Gobierno propuso con la vía ecológica y el respeto a sus formas de vida, ése es un segundo momento. El Ejecutivo debe actuar democráticamente, como hasta ahora, y continuar el proceso de diálogo y consenso.

— Y...¿se puede establecer cuántas comunidades quieren el trazo por medio del TIPNIS y cuántas piden un ruta alterna?

— De acuerdo con lo que hemos visto, no hay específicamente una cantidad que diga sí por el corazón o no por el corazón del TIPNIS. Un primer nivel de aceptación es que la carretera sí se debe realizar, la aceptaron como una necesidad. El Ejecutivo planteó un mapa de curso de la carretera con característica ecológica; no hubo negativa, sino aceptación en ese sentido. Pero han pedido que sus corregidores en reuniones con el Gobierno vayan definiendo más en detalle el trazo para lograr el equilibrio entre la propuesta del Ejecutivo y el respeto a las formas de vida de las comunidades. En un segundo momento se deberá tejer más fino en la reunión con sus autoridades para lograr ese consenso con más detalle.

— Pero aceptaron el trazo explícitamente o implícitamente.

— El tema del trazo, de alguna forma, ha sido aceptado implícitamente porque el proyecto del Ejecutivo fue presentado en las reuniones con las comunidades con el diseño ecológico que proponía. Sin embargo, las comunidades también han dicho que mayores detalles deben ser discutidos y elaborados con sus corregidores en siguientes reuniones, una vez que termine la consulta.

— ¿Ya hay un cronograma de trabajo para esa segunda etapa?

— Eso le corresponde al Ejecutivo y lo que sigue, bajo atención nuestra, es cómo continúa el procedimiento de cumplimiento de los resultados de la consulta. La consulta ha concluido, pero el consenso seguro va a continuar porque es la característica de la democracia, la inclusión hasta lograr acuerdos y mayor cantidad de participación en los procesos.

— ¿Hay un promedio de familias que participaron del proceso?

— No hay promedio, hay comunidades mayores y hay más pequeñas, lo que es evidente que hay lugares en permanente multiplicación porque son grupos de familias que se subdividen y generan otro espacio y la comunidad oficial se queda reducida y la comunidad nueva no ha sido reconocida como parte del territorio, lo que corresponde al Sernap.

— ¿Cómo se lee el dato de que en Villa Fátima de Pampitas participaron solamente dos personas?

— De alguna manera, en un primer ingreso se ha constatado eso, ahora, seguramente el acta no contempla que en los siguientes ingresos haya habido más personas, es importante ver ese tema en procura de lograr la transparencia de la observación.

— ¿Cuánta gente tiene el TIPNIS?

— Entre 2.000 y 4.000 personas, es el dato que tenemos; no hemos visto la cuantificación, no en todas las comunidades han participado todos, estamos hablando de comunidades mayores donde, incluso, ha habido miradas distintas.

— Pero si no participaron todos, ¿cómo se hicieron la actas que supuestamente registran la mayoría?

— Siempre participaba la mayoría de la comunidad, bajo la palabra del corregidor, que es la autoridad máxima bajo la cual se convocaba a las reuniones, sin embargo hay comunarios que no están viviendo en sus casas, son cazadores pescadores, personas que también van a los pueblos para abastecerse y, a la vez, tienen problemas de transporte, la canoas no son suficientes para llegar a sus destinos.

— ¿En qué porcentaje se registró la participación?

— Entre el 70% y 80% participaron, estamos estimando eso con la garantía de la palabra dada por los corregidores que son las personas que han dado el aval para el proceso de consulta en sus comunidades.

— ¿En qué medida se acató la sentencia 300 que demandaba concertación?

— Hubo un proceso de concertación con los dirigentes de las 58 comunidades, lo que refleja el consenso. Además, hubo un llamado permanente de parte de esos corregidores al Ejecutivo para lograr acuerdos.

— Si el tribunal dice que no se cumplió, ¿qué pasa con el informe y la consulta?

— El informe se lo enviará al tribunal, pero hemos cumplido nuestra parte, no estamos emitiendo criterios de opinión, sino hicimos lo que la ley nos mandó, es decir nuestras conclusiones se basan en lo que hemos observado, grabado, filmado y lo ponemos a consideración, por eso son cualitativos y no cuantitativos.

Perfil

Nombre: Juan Carlos Pinto Quintanilla

Nació: 21-11-62

Profesión: Sociólogo

Cargo: Director nacional del Sifde

Datos

El sociólogo y diplomado en Derechos Humanos es exprisionero político y ha escrito cinco libros sobre temas relacionados con el sistema penal y penitenciario, además de temas sindicales y de realidad nacional. Fue director de la REPAC, dependiente de la Vicepresidencia.

‘Los resultados servirán para la Ley Marco de Consulta’

— ¿Qué le falta al país para generar una política pública de consulta a futuro?

— Estos datos, los resultados de la consulta sobre la observación y el proceso desarrollado por el Ejecutivo deberán ser usados y servirán como referente para la elaboración de la nueva Ley Marco de Consulta. En esa norma, el sector indígena y los sectores del Estado involucrados deberemos seguir trabajando y concertando; ésas serán las reglas básicas en el futuro para seguir incluyendo a los pueblos en la discusión de su territorio, estamos entrando en etapas distintas.

— ¿Cuáles son los cambios que deben registrarse?

—Es decir, la figura del país está cambiando; la democracia, por tanto, tiene que cambiar en su calidad de inclusión para generar la democracia intercultural, por eso estos aprendizajes deben ser discutidos y deliberados ampliamente por el pueblo y dentro del Estado.

— ¿Cuáles son los principales aprendizajes para futuros procesos?

—Debemos seguir aprendiendo para no repetir el Estado asistencialista o paternalista del pasado, este es un Estado que debe tener como sustento la participación de los pueblos indígenas y por tanto debemos ver en qué medida lo que se haga como política pública es consecuente con este proceso histórico. Además, no hay que poner tiempo a los procesos, el tiempo de la consulta es el tiempo del consenso, ese es el tiempo fundamental, es uno de los aprendizajes que creemos con el que debe mirarse el esfuerzo de la democracia que ha introducido la consulta.

— ¿Pueden usar el informe para una demanda internacional como anuncian algunos dirigentes indígenas?

— Están en su pleno derecho, los datos y las evidencias están ahí; el informe puede ser usado de manera buena intentando que la democracia siga creciendo y aprendiendo y también para la interpelación de muchos temas que quizá son producto de ese aprendizaje que falta asimilar.

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