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La crisis en la Alcaldía cruceña es síntoma de la debacle de la élite local

La crisis municipal es el síntoma de una debacle mayor, el de las élites cruceñas que antes se agruparon en torno al poderoso Comité Pro Santa Cruz.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont

00:04 / 02 de septiembre de 2012

Las instituciones cruceñas, como la Gobernación y el Gobierno Municipal    —que antes centralizaban el poder político de las élites económicas no sólo de ese departamento, sino que hacían las veces de epicentro de la hoy marginada resistencia cívico-prefectural al Movimiento Al Socialismo (MAS) denominada media luna—, han estado en el ojo de la tormenta desde hace un tiempo: conflictos intestinos y pleitos judiciales las subsumen.

El problema de la Gobernación   —el cual podría terminar con la suspensión del gobernador Rubén Costas, tal vez con su declaratoria como culpable por haber hecho un gasto fuera de lugar de Bs 10 millones en el referéndum departamental de los estatutos autonómicos, quién sabe con su posterior detención y su consecuente despegue político (cortesía del MAS)— aún no tiene desenlace.

El caso de la “crisis” institucional en el Gobierno Municipal de Santa Cruz (que es como caracterizan al conflicto las concejalas disidentes de Santa Cruz Para Todos, SPT, Sibele Ortiz y Yanine Parada) ha experimentado varios picos de bochornos y escaramuzas políticos. Según las concejalas citadas, todo comenzó con despidos de sus asesores y funcionarios realizados por el jefe del ejecutivo (Percy Fernández) en respuesta a un “exceso” de fiscalización a sus proyectos, que para el Alcalde habrían sido más bien obstaculizaciones con signos de negligencia; luego vinieron acciones impropias para las buenas costumbres de parte del Alcalde; después, la suspensión de la concejala Desirée Bravo seguida de una acción similar para quienes asumieron la medida contra la autoridad; para continuar con una sesión del Concejo Municipal (el 9 de agosto) que los medios de comunicación calificaron de “vergonzosa”, con gritos y amagues de enfrentamiento; para finalizar con las demandas y contrademandas de los concejales contra Fernández y de éste contra aquéllos.

Según Bravo, el conflicto no tuvo origen en la fiscalización, sino en el retraso en la aprobación de contratos. “La fiscalización es posterior al dar luz verde a un contrato y era en esto último en lo que se retrasan los concejales”. Llegó a su cargo hace más de dos años con siete concejales jóvenes, todos de su agrupación ciudadana SPT. El conflicto entre Fernández y sus representantes en el legislativo municipal ha   generado una escisión que dejó al burgomaestre sólo con Bravo (SPT). El bando ahora opositor está formado por Sibele Ortiz, Carlos Manuel Saavedra, Leonardo

Roca, Óscar Vargas, Yanine Parada, Enrique Landívar (todos de SPT) y Arminda Velásquez (que se desmarcó del MAS).Con esos antecedentes, el Concejo Municipal de Santa Cruz está paralizado desde el 7 de junio, cuando se debía elegir a su nueva directiva. Sin embargo, se recurrió a un cuarto intermedio que se intentó romper con la sesión del 9 de agosto (en la que se restituyó a Bravo como presidenta del Concejo en deliberante y se terminó en un bochorno).

La semana pasada aquella llamó a sesión para el 29 y 30, sin embargo, la reunión no se levó a acabo por falta de quórum, pues los concejales disidentes no la reconocen como presidenta. Los casi tres meses de inactividad fueron en desmedro de la ciudadanía, que reclama gestión a los concejales.

Esta seguidilla de conflictos locales terminó por suscitar la preocupación del nivel central del Gobierno, pues el vicepresidente Álvaro García Linera pidió a los políticos cruceños involucrados que solucionen sus conflictos, pues, en su criterio, están perjudicando a la comunidad.

Si bien esta crítica es cierta, tampoco es falso que sea restringida a lo más inmediato (las necesidades urgentes de los pobladores del municipio de Santa Cruz), por lo cual puede ser contrastada con la lectura que hace Helena Argirakis, politóloga de origen cruceño, quien observa que lo singular del conflicto municipal trasciende su especificidad al ser sólo uno de los síntomas de una debacle mayor, el de la estructura de poder político construido desde hace 62 años por las élites cruceñas cimentadas alrededor de un eje que hoy se estaría descentrando: el Comité Pro Santa Cruz.

Argirakis considera que el origen de la crisis en las élites se remonta a 2008, en los días del “golpe cívico prefectural” (“cuando el proyecto autonómico se fracturó a causa del caso Rózsa”) y luego se volvió a hacer patente cuando la Asamblea Departamental estuvo paralizada en 2011 a causa de problemas internos con relación a la designación directa de una asambleísta con derecho a representación indígena. Ahora, el problema se trasladó a la Alcaldía.

Para esta analista, lo que produjo la crisis de las élites es su incapacidad de aceptar y adaptarse a las transformaciones que se han experimentado con la nueva organización política del país. “Esto devela que utilizaron el discurso autonomista sólo como un dispositivo ideológico de resistencia al MAS y no como un auténtico pedido”.

Argirakis asegura que las élites de Santa Cruz quieren hacer que su estructura de poder (“basada en las logias y en la transmisión hereditaria del poder”) persista sin que sufra ningún cuestionamiento, por lo que se está experimentando una carcoma desde el interior de ellas, pues están en “decadencia”. “Se trata de una pugna y ajustes de cuentas internos, aunque se puede decir que el MAS ha contribuido a la decantación”. Esta académica describe a la estructura de poder construido alrededor del Comité Pro Santa Cruz como una “feudernidad”, es decir, un impensado monstruo sacado de una mitología política imposible que mezcla el feudalismo con la modernidad.

“Es positivo que esta modalidad de poder esté en crisis, sin embargo, no hay ninguna propuesta política que tome su lugar, lo cual es triste”, dice Argirakis, para quien los indígenas de tierras bajas no supieron presentar un planteamiento político alternativo y se mostraron funcionales a las élites; la clase media tampoco se mostró.

Por último, reprocha al MAS, que, en su criterio, tampoco propone nada que sustituya a la antigua estructura de poder del Comité. “Hasta ahora no se sabe qué quiere el MAS con Santa Cruz, no responde qué rol juega el departamento dentro del proceso de cambio”, critica.

De acuerdo con el politólogo Romano Paz, la crisis municipal se origina en una pugna por cuotas de poder y de puestos de trabajo dentro de SPT, lo cual, añade, es el pan de cada día de la política boliviana; es decir, que no es un caso aislado de Santa Cruz. Lo que percibe en el caso concreto de ese municipio es que se evidencia la existencia de unos “actores políticos sin ninguna vocación política. En lugar de forjar pactos que permitan dar continuidad a la democracia, ambas partes han preferido la solución judicial, ninguna quiere ceder nada hasta llegar a la derrota del otro”.

Similar es la opinión del concejal del MAS Saúl Ávalos, para quien el origen de la crisis es una pugna interna por cuotas de poder más el añadido de que tanto Fernández como los  concejales de SPT “desconocen la    Ley Marco de Autonomías y la Cons-titución Política del Estado (CPE)”. Paz lamenta que en Bolivia aún no haya una administración pública institucionalizada, sino una politizada, donde incluso los puestos de bajo rango son cuotas políticas.

Por el lado de los concejales del MAS, Saúl Ávalos, Freddy Soruco y José Quiroz, Fernández dijo al programa No mentirás, de PAT, el 24 de agosto, que estaba recibiendo su apoyo. “No hicimos ningún pacto, (los concejales del MAS) me están apoyando. Si no, cómo hacemos Gobierno”.

Esta afirmación da qué pensar en referencia a la interpretación de la crisis que hacía Argirakis, pues resulta difícil creer que Fernández haya tenido la madurez de aceptar las trasformaciones que se han vivido en el país. Este “apoyo”, no obstante, deja en entredicho los discursos de reivindicación de la izquierda o de la derecha, correspondiente a cada una de las partes, de los concejales del MAS y de Fernández. Intentamos conversar con Fernández, sin embargo, la cercanía de las celebraciones cívicas del 14 de septiembre mantiene su agenda sin espacio.

‘Hay gente que me quiere ‘bajar’’: Percy Fernández, alcalde de Santa Cruz

Hay gente que me quiere “bajar”, la hubo antes y la hay ahora peor (sic). Yo no quiero que me “bajen”. ¿Cuál es el pecado más grande de uno? No consultar. [...] (Los disidentes) son un grupo que quiere debilitar al Alcalde y están atentos como los suricatos... esperando, criticando lo que está bien y los errores accidentales. (Extractado de No Mentirás del 24 de agosto)

‘La crisis es parte de  una secuencia mayor’: Helena Argirakis es politóloga

La crisis institucional de la municipalidad de Santa Cruz es una secuencialidad del decantamiento de las élites. Si se lo ve aisladamente, el problema comenzó cuando los concejales comenzaron a fiscalizar al ejecutivo —aspecto que molestó a Percy Fernández— al salir de su ingenuidad y ver que podían ser sujetos a procesos penales a consecuencia del nuevo ordenamiento legal.

‘No se puede negar que existe una crisis’: Sibele Ortiz es concejala disidente de SPT

No se puede negar que existe una crisis en el Gobierno Municipal desde hace tiempo, por más que el Alcalde quiera negarla. La razón es que Fernández es demasiado conservador y los concejales somos jóvenes y con ideas nuevas. No queremos estancarnos en lo que era Santa Cruz; ahí comenzaron los problemas, pues se quiere ejercer el rol que nos corresponde como fiscalizadores.

‘El conflicto es parte  de un proceso cíclico’: Romano Paz es politólogo

El conflicto de la municipalidad de Santa Cruz es parte de un proceso cíclico de carácter nacional, no es algo exclusivo de este departamento. Se trata de una pugna de poder en la que las dos partes sin excepción tienen culpa por sus posturas radicales y enceguecidas en su lucha interhegemónica sin que nadie ceda. Ninguno está a la altura de las circunstancias.

‘Es un golpe a la institucionalidad’: Yanine Parada, concejala disidente de SPT

Es un golpe a la institucionalidad, se ha visto que hemos sido rodeados de gendarmes, han cercado el Concejo, no dejan entrar. De ser un tema institucional se volvió jurídico. Ahora se están desatendiendo las demandas de los vecinos. La raíz es una persecución política de la que estamos siendo objeto por fiscalizar la gestión del Alcalde, que es nuestra función.

‘Quieren suceder en el cargo a Percy’: Desirée Bravo es presidenta del Concejo

Lo que estos siete concejales están planeando es ser sustitutos en el cargo del alcalde Percy Fernández. Incluso sé que ya existen precandidatos a la Alcaldía. Por otro lado, ellos dicen que quieren fiscalizar las obras, eso está muy bien, pero lo que hacen es fiscalizar selectivamente; no lo hacen con la ejecución de contratos en las que tienen algún interés.

¿Separación de poderes y fiscalización efectivas?

Si se ejercita aislar el conflicto de las autoridades políticas del municipio de Santa Cruz de la crisis de las élites cruceñas, la cual la englobaría, se evidenciará que existe una deficiencia en el modelo de la democracia representativa que defiende la división de los poderes.

Un ejecutivo municipal encabezado por un alcalde debe ser, siguiendo la ley, fiscalizado por un Concejo (el legislativo) de manera obligatoria, pues el concejal que no lo haga podría llegar a tener responsabilidad personal y ser pasible a una sanción penal, de acuerdo con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Por ese lado no existe intromisión de poderes, sin embargo, los concejales disidentes de Santa Cruz Para Todos aseguran que a causa de su rol de fiscalización hoy son objeto de una persecución política desde  el ejecutivo municipal.

“El inicio de la intromisión fue mediante despidos. A mí me retiraron una secretaria que ni siquiera designé, sino que trabajaba en la Alcaldía desde hacía 35 años”, cuenta la concejala Yanine Parada.

En su opinión, sólo los siete concejales disidentes están defendiendo la autonomía de la gestión legislativa del Concejo. “Acá deberíamos estar los 11 concejales pidiendo lo mismo”, dice, dando a entender que existiría una pasividad deliberada en los tres concejales del Movimiento Al Socialismo.

Por su parte, el alcalde Percy Fernández, en el programa No mentirás, dijo que no se opone a la fiscalización. “Pero están criticando todo lo que se hace, lo que está bien y también los errores accidentales”, señaló, y a continuación argumentó la existencia de una suerte de taxonomía del error.

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