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La cuestión marítima boliviana en La Haya

Se explica cuál es el alcance de la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, mencionando el caso de Groenlandia, muy similar en el fondo al fundamento del argumento boliviano y de los derechos que se fundan en los actos unilaterales de los Estados.

La Razón / Ramiro Prudencio Lizón

00:01 / 23 de junio de 2013

El 12 del mes en curso, los agentes de Bolivia y Chile se reunieron con el presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con el fin de acordar el cronograma de la presentación de la memoria boliviana y de la contramemoria chilena. Allí se determinó que la memoria debería entregarse en un plazo máximo de diez meses, es decir, hasta el 17 de abril de 2014.   Luego Chile tendría un plazo de tres meses para invocar la incompetencia de la CIJ. Si no la invoca, entonces debería presentar su alegato, es decir, su contramemoria, hasta el 18 de febrero de 2015. 

¿Qué sucedería si Chile impugna la incompetencia de este tribunal?  En ese caso, la Corte puede aceptar la posición chilena y desestimar la demanda boliviana; pero también puede, y eso es lo más probable, rechazar la apelación de incompetencia y determinar la continuación del proceso. Así lo dice el artículo 36 de su estatuto: “En caso de disputa en cuanto si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá”.

Ahora bien, lo importante es saber cuál es el alcance de la demanda boliviana. Para ello se debiera dividir la propuesta boliviana en dos partes: 1) Que la Corte reconozca que Bolivia tiene derecho a pedir a Chile que le otorgue una salida propia y soberana al océano Pacífico y 2) Que la Corte obligue a Chile a ingresar en una negociación franca y de buena fe para lograr dicho objetivo.

El primer punto, el relativo al reconocimiento internacional de que Bolivia tiene derecho a pedir a Chile una salida al mar, es muy posible que sea aceptado por la Corte. Nuestro país tiene como base fundamental para ello, los llamados actos unilaterales de los Estados, los cuales, a decir de los tratadistas de derecho internacional, tienen alcance jurídico de significación internacional. Su obligación fue consagrada en el “Caso de la Groenlandia Oriental” (Sentencia de 1933 de la Corte Permanente de Justicia Internacional, antecesora de la actual Corte).

En esa oportunidad, la Corte consideró como obligatoria para Noruega la declaración de su ministro de Relaciones Exteriores, Ihlen, en 1919, de que su país no consideraba tener relación con el territorio de Groenlandia. Años después, en 1929, el Gobierno de Noruega cambió su parecer y manifestó que su país sí tenía derechos a la zona oriental de esa gran isla. Por ello, Noruega y Dinamarca llevaron el caso a la Corte Permanente de Justicia Internacional. Ésta consideró que, no habiendo acuerdos entre las partes sobre la posesión de Groenlandia, la declaración del ministro Ihlen era determinante, porque había comprometido la fe del Estado.

Por lo tanto, bien puede Bolivia presentar como actos unilaterales de Chile, las diferentes oportunidades en que este país hubo aceptado la existencia del problema marítimo boliviano, y solicitar a la Corte que determine si estos pronunciamientos —en resoluciones o declaraciones— que se efectuaron al respecto, y sobre todo las negociaciones que se llevaron a cabo con Chile en el siglo pasado (1920, 1950, 1975, 1987) se constituyen en un derecho boliviano para insistir en que se cumplan dichos compromisos y lograr de este modo una salida propia y soberana al océano Pacífico.  

Respecto al segundo punto, referente a una sentencia de la Corte que obligue a Chile a negociar con Bolivia, el asunto es más complicado. En la práctica, la Corte no tiene la facultad de obligar a un Estado a negociar con otro. Sólo puede recomendar o exhortar el inicio de negociaciones entre las partes, tal cual lo hizo la Organización de los Estados Americanos (OEA) en las diferentes resoluciones que aprobó sobre el tema marítimo. Cabe recordar lo mencionado en la Resolución de 1983 (que fue propuesta por Chile junto con Colombia y Bolivia, y aprobada por aclamación). Allí se dice que la Asamblea General de la OEA resuelve: “Exhortar a Bolivia y Chile a que, en aras de la fraternidad americana, inicien un proceso de acercamiento y de reforzamiento de la amistad de los pueblos boliviano y chileno orientado a una normalidad de sus relaciones tendiente a superar las dificultades que los separan, incluyendo en especial una fórmula que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos e intereses de todaslas partes involucradas”.

En teoría, si un Estado no desea cumplir el veredicto de la Corte, el otro tendría la facultad de recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, “si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo” (artículo 94 de la Carta de la ONU). Ha habido un solo caso, el de la Anglo-Iranian Oil Co., en que fue invocado ese artículo, pero el Consejo de Seguridad postergó el asunto “sine die”.

La Corte sabe además que el Consejo de Seguridad podría obligar a un Estado a negociar en un caso de extrema gravedad que ponga en peligro la paz mundial. Y como el problema boliviano no se considera grave, ya que tiene más de 100 años de duración, entonces es menester reiterar que la Corte sólo podrá recomendar a Chile que acepte ingresar en una negociación con Bolivia.

Lo importante de un dictamen de la Corte sobre el particular sería que la cuestión marítima ya no implicaría solamente al continente americano, sino que tendría un viso mundial. Además, la Corte podría dar pautas para la solución del problema como el de señalar que ella debería contemplar la cesión de un corredor al norte de Arica, con continuidad territorial desde Bolivia hasta el mar, tal como Chile ofreció en 1975  y, asimismo, determinar la necesidad de un canje de territorios, exigencia perentoria de Chile en esa oportunidad.

De este modo, si en el futuro se llegara a una eventual negociación, las dos partes sabrían de antemano a qué atenerse y no pondrían trabas que impidieron entenderse a los dos países a lo largo de casi 40 años que pasaron desde el ofrecimiento chileno en la negociación iniciada en Charaña.     

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