Animal Político

Una decisión que daña el empleo digno

El representante de los empresarios considera, además, que la decisión del Gobierno tendrá como consecuencias el incremento de la informalidad y el cierre de empresas.

La Razón (Edición Impresa) / Ronald Nostas Ardaya es presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)

00:00 / 14 de mayo de 2017

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y, en general, todas las entidades empresariales del país, habíamos advertido desde hace varios meses que la continuidad de las políticas que optan por incrementos salariales desmedidos, sin considerar factores como la productividad y el crecimiento desigual entre los distintos sectores de la economía, pero sobre todo que no estén acompañadas de medidas eficientes que fortalezcan el aparato productivo nacional, estaba generando serios problemas sobre la sostenibilidad de las empresas y, consecuentemente, sobre la propia estabilidad y calidad de las fuentes de trabajo.

Esta preocupación, compartida por el propio Presidente del Estado y sostenida por todo el sector privado boliviano, las medianas y pequeñas empresas e incluso por trabajadores fabriles, se ha visto agravada luego de la decisión de incrementar el 7% al haber básico y en 10,85% el salario mínimo nacional. Pero, además, ha sido más evidente por la decisión del Gobierno de no aplicar el aumento al sueldo básico en la mayor parte del sector público y de advertir que no asumirá responsabilidades sobre los efectos que el incremento pueda tener en el ámbito laboral.

Debemos recordar que, desde que el incremento es obligatorio para los empleadores, el salario mínimo creció en 300% y el básico, en 90%. El costo de estos incrementos sobre el sector privado afecta desde hace varios años a muchos trabajadores, especialmente quienes perdieron sus fuentes laborales y se vieron en la necesidad de autoemplearse o prestar servicios en el ámbito informal, manteniendo elevada la tasa informalidad, inclusive durante el periodo de mayor crecimiento de la economía.

Por otro lado, el costo del empleo formal ha venido subiendo por otras cargas legales no salariales que debe asumir el empleador, como el aporte de riesgo profesional, la prestación solidaria de vejez, el aporte para cajas de salud y para el financiamiento de vivienda, el doble aguinaldo, la prima anual sobre utilidades, el bono de producción en la industria, el salario dominical, el bono de antigüedad, el pago de quinquenio, los costos asociados a subsidios como lactancia y maternidad y varios otros beneficios, que están ligados al salario mínimo o al básico.

Durante estos años, el incremento salarial fue muy por encima de la productividad general y del trabajo, en particular. Esto significa que, en términos reales, una parte creciente del valor de la producción se ha consumido en retribuciones al personal, mermando posibilidades de inversión y expansión de las empresas. En muchos casos, este resultado ha significado el deterioro de la calidad del empleo. Es decir, las nuevas fuentes laborales se han generado en la informalidad y no así en el ámbito del empleo protegido.

Los efectos de esta política salarial no solo alcanzan a las pequeñas empresas. Si analizamos el empleo de profesionales calificados, lo que se ha expandido es la contratación de personal en calidad de consultores, y no solo en el sector privado, sino en la administración central, en las entidades descentralizadas y en los gobiernos municipales. Estos empleos también carecen de estabilidad y acceso a beneficios sociales.

Otro factor importante es el hecho de que un salario mínimo de Bs 2.000 representa poco menos que el salario promedio de toda la economía y se acerca rápidamente a lo que gana un profesional joven en el ámbito privado. Hay una clara desproporción considerando que éstos son trabajadores menos calificados.

Cuando vemos lo sucedido con el salario medio nominal, el resultado es parecido. Se puede ajustar la remuneración promedio de 2007 incrementándolo por lo que se dispuso en cada decreto y se llega a Bs 4.857. Tomando el promedio real de la última encuesta de hogares de 2015, el resultado es de Bs 4.197, lo que refleja una mejora, pero menor a la esperada, debido al efecto de impulso en la informalidad en la que los salarios son más bajos. Todo esto evidencia que la política salarial de ajustar al sector formal, cuando existe un creciente e incontrolable sector informal, deriva en un deterioro de las condiciones de empleo.

Lo que se puede apreciar entonces son resultados opuestos a los que se busca. Hay más trabajadores en la informalidad, más de ellos trabajan jornadas incompletas en ese ámbito y, por supuesto, que ganan menos que el mínimo nacional.

En suma, la política salarial con ajustes como los que se decidieron recientemente está precarizando la calidad del empleo. Los sectores de servicios, comercio y, en general, los pequeños negocios que emplean mano de obra no calificada, serán los más dañados. Son empresas que contratan trabajadores con el salario mínimo y, lamentablemente, será en ese tipo de unidades económicas en las que el fuerte incremento en la paga se traducirá en informalidad y precarización del empleo.

El grave efecto que esta decisión tendrá recaerá en particular sobre los desempleados, que no podrán conseguir nuevos empleos; los trabajadores menos calificados, que son los que perciben el salario mínimo; sobre la pequeña y mediana empresa, que es la que contrata trabajadores menos calificados y tiene menos capacidades de asumir costos tan altos. En suma, la medida nació con problemas plenamente identificados y costos para el sector privado en general, pero especialmente altos para los más vulnerables, como los jóvenes y las personas que carecen de capacitación técnica.

Lo que no parece ser advertido por las autoridades del área económica del Gobierno es que el incremento en la liquidez, por la vía de aumentos salariales, segundo aguinaldo, bonos, etc., deriva en una mejora en el aparato productivo pero no de Bolivia, sino de los países que nos venden su producción. Los ingresos adicionales estimulan el consumo, pero éste se drena en porcentajes importantes hacia productos importados, legal e ilegalmente. Entre tanto, la producción y el empleo nacional quedan cada vez más rezagados.

Por eso es importante acordar con el Gobierno acciones mitigantes, puesto que el resultado que se anticipa puede deteriorar la calidad de vida de muchos bolivianos que se verán sin trabajo. Los costos laborales son altos, pero también la norma es una barrera para expandir el empleo. La decisión de contratar está estrechamente ligada a la de desvinculación; son dos factores interdependientes. Si no es posible un mecanismo de desvinculación justo, equilibrado y con derechos a favor de las partes, no será posible expandir los puestos de trabajo.

Hoy más que nunca precisamos, como país, replantear nuestra política laboral y salarial hacia un enfoque integral, sostenible y equilibrado, más allá de la capacidad de negociación o de presión política de los dirigentes. Una política que integre a los empresarios, los trabajadores y el Estado bajo reglas y mecanismos coherentes, realistas y justos, que armonicen los legítimos intereses de trabajadores y de empleadores en el propósito de crear y sostener más empleos dignos, no a través de la imposición, sino de la generación de condiciones adecuadas para que las empresas bolivianas podamos crecer y expandir la inversión productiva.

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