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Aún está por definirse la constitucionalidad de la norma

El Tribunal Constitucional Plurinacional admitió la demanda de inconstitucionalidad de la norma de registro de las ONG, por violar, se dice, la libre asociación.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz

00:06 / 16 de agosto de 2015

En noviembre de 2014, el Defensor del Pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra dos aspectos específicos de ambas normas (la Ley 351 y su Reglamento). El registro legal de las organizaciones no gubernamentales que trabajen en más de un departamento está normado por la Ley 351 de Otorgación de personalidades jurídicas del 19 de marzo de 2013 y por el Decreto Supremo 1597, Reglamento parcial de la Ley 351, de junio de 2013.

La ley y el reglamento parcial disponen que todas las organizaciones e instituciones sin fines de lucro que ya estaban registradas, ahora deben “reinscribirse”: “en un plazo de hasta cinco meses (...) las personas colectivas que desarrollan sus actividades en más de un departamento y que obtuvieron su personalidad jurídica con anterioridad a la publicación de la Ley 351, deberán adecuarse a lo dispuesto en la normativa vigente”.

El Defensor pide declarar inconstitucionales: el parágrafo segundo, numeral 1 del artículo 7 de la Ley 351 del 19 de marzo de 2013; y el inciso g del artículo 19 del Decreto 1596. En el primer caso, se trata del artículo referido a los estatutos de la ONG: “II. Los estatutos de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones deberán mencionar en su contenido: 1. La contribución al desarrollo económico social”.

En el segundo aspecto, el artículo 19 del Reglamento se refiere a las causas por las que se podrá proceder a la revocatoria de la personalidad jurídica de la ONG; una de éstas, precisamente el inciso g, dice: “g) Por incumplimiento a las políticas y/o normas sectoriales, previo informe del ministerio del área”. 

La demanda fue admitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y a la fecha se encuentra en poder de un Magistrado Relator de esta entidad judicial.  Ambos fragmentos no significan otra cosa que la sujeción de las organizaciones no gubernamentales a los planes de desarrollo estatales, destaca el director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Marco Gandarillas:

“Nos piden que hagamos modificaciones inadmisibles en los estatutos, de alineamiento al Gobierno, que digamos de qué manera vamos a implementar políticas sectoriales con las que estamos en contra. Que asumamos el plan de desarrollo, la agenda patriótica”.

Y es que para el investigador se trata de un contrasentido: siendo organizaciones de la sociedad civil (“no gubernamentales”), la nueva norma en rigor dispone que dejen de ser tales. “Nos piden que nosotros seamos un brazo más del Estado, organizaciones para-gubernamentales o pro-gubernamentales. Eso va contra nuestra naturaleza”.

Obligadas a asumir estas nuevas condiciones, el Director del Cedib cuenta cómo muchas organizaciones optaron por cerrar sus puertas antes que someterse a este control.  Hay que recordar que la relativamente nueva norma de personalidad jurídica de ONG ya fue impugnada por una instancia especial de la Organización de Naciones Unidas.

En mayo de 2015, como informa la prensa de la época, el relator especial Maina Kiai en un informe específico sobre el tema señaló que la legislación boliviana que regula el funcionamiento de las ONG “vulnera y restringe el derecho internacional de asociación”; el documento se complementa con el pedido de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor contra dos artículos de la nueva norma sobre las ONG.

El 15 de diciembre de 2014, la organización no gubernamental internacional dedicada a los derechos humanos Human Rights Watch envió una carta al presidente Evo Morales, “con el propósito de instarlo respetuosamente a que promueva la reforma de diversas leyes que restringen derechos humanos protegidos por tratados internacionales ratificados por Bolivia”; firma la misiva José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW.

Dos de esas disposiciones son la Ley 351 de Otorgación de personalidades jurídicas, y su decreto reglamentario 1597. Vivanco afirma que “En conjunto, estas disposiciones otorgan a las autoridades facultades excesivamente amplias para regular las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, socavando el derecho a la libertad de asociación y el trabajo independiente de los defensores de derechos humanos”.

El decreto supremo, continúa Vivanco: a) autoriza a funcionarios a disolver organizaciones de la sociedad civil por causas que podrían ser arbitrarias; b) permite que cualquier dependencia gubernamental solicite al Ministerio de Autonomías la revocatoria de la personalidad jurídica de una organización si considera que ésta actúa fuera de lo previsto en su estatuto; c) la Asamblea Plurinacional también podría solicitar que se revoque la personalidad jurídica en casos de “necesidad o interés público”; y d) el decreto prevé que los estatutos de las organizaciones deben indicar en qué medida sus actividades “toman en cuenta los lineamientos establecidos en la planificación nacional, las políticas nacionales y las políticas sectoriales”.

  En lo cotidiano, entonces, aquí está por ahora el “drama” de las ONG, en adecuar su estatuto a la nueva norma. En algunos casos, una y otra vez es devuelto el documento, a veces por una palabra, “observaciones semánticas”, según un testimonio.

Del lado del Ministerio de Autonomías, encargado del control y seguimiento del registro de las ONG, su titular, el ministro Hugo Siles, esta semana adelantó que se fiscalizará el trabajo de estas instituciones. Le acompañarán en esto legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sectores dedicados al control social. “Hay que hacer una fiscalización sobre el objeto de esas entidades y si hay diferencias en el objeto que registran pueden ser susceptibles de la anulación”, dijo el miércoles el dignatario de Estado.  

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