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La demanda marítima boliviana en la Corte de La Haya

Con el retiro de la reserva nacional, ahora ya no es posible presentar una demanda y pedir a la Corte una decisión obligatoria sobre la cuestión marítima. 

La Razón / Ramiro Prudencio Lizón

00:01 / 14 de abril de 2013

En el Día del Mar, el presidente Evo Morales ha anunciado oficialmente que pronto se presentará una demanda sobre la cuestión marítima nacional ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Pero cabe la pregunta, ¿qué es lo que Bolivia puede proponer a la Corte de La Haya respecto a nuestro magno problema internacional?

Es menester tener presente que, de acuerdo con el Pacto de Bogotá (Tratado Americano de Soluciones Pacíficas) de 1948, no se pueden elevar controversias a la Corte que hayan sido solucionadas antes de dicho año.  En su artículo 6 se dice al respecto: “Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos (los medios pacíficos señalados en el Pacto) a los asuntos ya resueltos por arreglo de partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”.

Pues, bien, en esa oportunidad, Bolivia incluyó una reserva a ese artículo:  “La delegación de Bolivia formula reserva al artículo 6, pues considera que los procedimientos pacíficos pueden también aplicarse a las controversias emergentes de asuntos resueltos por arreglo de partes, cuando dicho arreglo afecta intereses vitales de un Estado”. La reserva se refería a casos en que el asunto haya sido resuelto mediante tratados o sentencias manifiestamente injustos.

Extrañamente, esa reserva ha sido retirada hace unas semanas por Bolivia. Parece que se creyó que ella impediría utilizar el Pacto de Bogotá para la cuestión marítima. Pero era todo lo contrario, pues la reserva no era restrictiva, sino ampliatoria. No se rechazaba el Pacto, sino que se consideraba que éste también debiera servir para controversias que aunque hubiesen sido ya resueltas afectaban grandemente a “los intereses vitales de un Estado”; es decir, si la solución de un conflicto hubiese sido excesivamente oneroso para una de las partes.

Es importante destacar que, con relación a la protección diplomática de un Estado a una empresa de su nacionalidad que radica en otro, el derecho internacional señala que antes de que se produzca dicha protección la empresa debiera agotar los recursos internos del Estado donde trabaja. El más importante de esos recursos es el relativo a los tribunales del mismo. Pero cuando la empresa obtiene una sentencia manifiestamente injusta en dichos tribunales, el Estado de la nacionalidad de la empresa tiene pleno derecho de protegerla internacionalmente y exigir la adecuada compensación.

Eso es precisamente lo que deseaba Bolivia cuando insertó su reserva al artículo 6 del Pacto de Bogotá; es decir, que sea la misma Corte de La Haya la que decida si una demanda puede ser aceptada aunque el asunto fuese anterior a 1948, si es que éste haya sido resuelto de forma ostensiblemente injusta.

Pero con el retiro de la reserva nacional, ahora ya no es posible presentar una demanda y pedir a la Corte una decisión obligatoria sobre la cuestión marítima. Evidentemente, era difícil que ella fuese aceptada debido a que habría una fuerte oposición por parte de Chile. Pero al fin de cuentas, si existe un conflicto sobre la jurisdicción de la Corte en un asunto, ella tiene la facultad de determinar sobre el particular. Así dice el artículo 36 de su estatuto: “En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá”.

Pero la Corte de La Haya no sólo tiene la competencia contenciosa, esto es pronunciar una decisión obligatoria sobre una controversia, sino también una competencia consultiva. La respuesta de la Corte, al emitir su opinión sobre una consulta de carácter jurídico, no tiene carácter obligatorio, pero puede servir de base para el arreglo de una controversia.

Cabe señalar que la opinión consultiva se emite a petición de los órganos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no de los Estados. Pero existen casos, como el del Derecho de Asilo (de Haya de la Torre) entre Colombia y Perú, en 1950, cuando la Corte dio respuesta a una opinión consultiva de Colombia. Este país había consultado sobre cómo debía cumplirse la sentencia, y la Corte le respondió.

En consecuencia, bien podría Bolivia pedir una opinión consultiva a la Corte sobre la cuestión marítima nacional y Chile no tendría derecho de objetarla. Y la pregunta adecuada no debiera referirse a la legitimidad del Tratado de Paz de 1904, el cual, por muy injusto y oneroso que ha sido para nuestro país, ya tiene más de cien años de vigencia y eso lo legitima plenamente.

Lo que se debiera tomar en cuenta ahora son a los actos unilaterales de los Estados, los cuales, a decir de los tratadistas de derecho internacional, tienen un alcance jurídico de significación internacional. Su obligación fue consagrada en el “caso de la Groenlandia Oriental” (Sentencia de 1933 de la Corte Permanente de Justicia Internacional, antecesora de la actual Corte).

En esa oportunidad, la Corte consideró como obligatoria para Noruega la declaración de su ministro de Relaciones Exteriores, Ihlen, en 1919, de que su país no consideraba tener relación con el territorio de Groenlandia. Años después, en 1929, el Gobierno de Noruega cambió su parecer y manifestó que su país sí tenía derechos a la zona oriental de esa gran isla. Por ello, Noruega y Dinamarca llevaron el caso a la Corte Permanente de Justicia Internacional. Y ésta, como se dijo anteriormente, consideró que las declaraciones del ministro Ihlen habían comprometido la fe de su Estado.

Por lo tanto, bien podría nuestro país solicitar una opinión consultiva sobre las diferentes oportunidades que la comunidad internacional, principalmente la Organización de Estados Americanos (OEA), y sobre todo el propio Chile, ha aceptado la existencia del problema marítimo boliviano. Y si todos esos pronunciamientos —en resoluciones o declaraciones— que se efectuaron al respecto,  y sobre todo las negociaciones que se llevaron a cabo con Chile en el siglo pasado (1920, 1950, 1975, 1987), se constituyen en un derecho boliviano para pedir que se cumplan dichos compromisos y lograr una salida propia y soberana a Bolivia en el océano Pacífico.

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