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La ‘democracia intercultural’, el nuevo horizonte político nacional

Democracia intercultural es la convivencia y articulación de la democracia representativa, participativa y comunitaria, manda la ley. El tema está en cómo orientar esto.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustilos Zamorano / La Paz

00:07 / 26 de julio de 2015

Si hay un consenso entre los actuales vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es que una de las mayores tareas pendientes del organismo electoral es el desarrollo o implementación de la denominada “democracia intercultural”. Al final, ¿qué implica esta figura, y qué alcances y límites tiene para el desarrollo democrático nacional?  

Un primer dato es que como tal la “democracia intercultural” no está inscrita en la Constitución Política del Estado (CPE); sobre la democracia, lo que hay en la Carta Magna son las “formas” de democracia, la directa y participativa, la representativa y la comunitaria.

La “democracia intercultural” aparece recién en la Ley del Régimen Electoral (2010), y desde el artículo uno, como el mandato básico del nuevo sistema electoral y, además, definiendo de algún modo qué es: “La presente ley regula el Régimen Electoral para el ejercicio de la Democracia Intercultural, basada en la complementariedad de la democracia directa y participativa, la democracia representativa y la democracia comunitaria en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

Así, para el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) José Luis Exeni, lo básico de la democracia intercultural es que aparte de ser un reconocimiento de la diversidad de formas democráticas existentes en el país, esta noción implica la articulación, el diálogo más o menos conflictivo o complementario entre esas formas de democracia: “La concepción y diseño institucional de la Democracia Intercultural como articulación de las democracias directa y participativa, representativa y comunitaria implica precisamente eso: complementariedad” (Revista Andamios, de octubre 2012-abril 2013).

Así, la “democracia intercultural” no es una ‘cuarta forma’ de democracia o la forma democrática ‘alternativa’ frente a la liberal-representativa, insiste Exeni. “Tiene que ver con el reconocimiento de que en Bolivia no hay una concepción única y hegemónica de democracia, la liberal representativa, sino diferentes concepciones y prácticas democráticas; es el principio de demodiversidad, que tiene que ver con que en Bolivia el sistema de gobierno proviene de la democracia directa y participativa, representativa y comunitaria”.

Desde la perspectiva crítica, en cambio, para el politólogo Jorge Lazarte, la “democracia intercultural” más es un “invento” que una noción con fundamento, que “en términos de democracia no quiere decir gran cosa; parece que se ha juntado dos cosas distintas (democracia e interculturalidad) y quieren hacer una sola sin darle fundamento teórico ni doctrinario”. La democracia intercultural, afirma Lazarte, “no parece tener un contenido preciso fuera de su función de afirmar la ‘complementariedad’ entre los distintos ‘modelos’, lo que no basta para definirla como otra ‘forma’ de democracia. Esta democracia ‘intercultural’ es más bien una derivación verbal de la ‘interculturalidad’, puesta en boga para atenuar los riesgos disgregadores por haber acentuado demasiado tiempo el derecho a ser ‘diferente’”. (Libro Reforma del ‘experimento’ constitucional en Bolivia, Plural, 2015).

Otra cuestión clave que introduce Exeni es, señala, la “igual jerarquía” que hay entre las diferentes formas de democracia, “que no hay aquello de que unas sean mayores de edad (y otras menores): la democracia representativa a nivel nacional, (frente a) la democracia comunitaria (solo) a nivel comunal; sino que hay una igual jerarquía, en diferentes niveles, asumiendo que tienen mucho que aprender; y no es que las vamos a poner a dialogar; ya están interactuando entre ellas”.

Para el vocal, el dato fuerte u objetivo es que al hablar de democracia intercultural, lo único que se está haciendo es reconocer la coexistencia, la convivencia, la “convivialidad” más o menos conflictiva o dialogada, entre “diferentes concepciones y prácticas” democráticas; en este sentido, no es una invención o agregado a la realidad, insiste.

Cuando se le propone un paralelo: la justicia originaria frente a la ordinaria, sabiendo que ésta última es el techo común de ambas, y que la democracia representativa parece ser ese techo o paraguas del resto de las otras democracias, lo que descarta igual jerarquía, el vocal replica afirmando que lo primero es asumir que ese “techo común” es precisamente la democracia intercultural.

“El techo común no puede ser una de las formas de democracia, el techo común es la complementariedad; que es un horizonte que hay que construir, un horizonte largo; primero. Segundo, no hay democracias de primera ni de segunda, todas las democracias tienen muchas potencialidades; no es que unas sean las principales y las otras las secundarias; tenemos que romper radicalmente con esta lógica, por eso hablamos de igual jerarquía. Tercero, asumir que dentro de cada forma de democracia también hay mucha diversidad”.

Ahora, esto no niega, reconoce, que en la práctica, tras seis años de vigencia de la Constitución, “todavía la democracia representativa sigue siendo la predominante”; de hecho, con los referendos sobre los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas del 20 septiembre recién se verá el “primer ejercicio formal de democracia directa”. 

Nuevamente, en este punto Lazarte propone el debate. Si bien la Constitución recoge las formas de democracia que existen en el país, éstas están allí como solamente juntadas, registradas, sin un principio de definición que al final concluya en un saber claro de qué es lo democrático, qué entenderemos por democracia: “tampoco tienen principios comunes, son como tres (cosas) colgadas y, además, no son siempre compatibles; por ejemplo, la democracia comunitaria, que se supone funciona por consenso, no es compatible con la democracia representativa, que es de mayorías y minorías”.

Lo que pasa, dice, es que en la misma Constitución está el fallo. “En la Constitución hay un problema sobre lo que debe entenderse por democracia, no es suficiente enunciar y simplemente decir que son varias (democracias); para que estas varias sean democracia en un solo país, algo de común deben tener, y eso es lo que no hay”, sugiriendo que este vacío tampoco es llenado por la “democracia intercultural”.

Además, el politólogo insiste en debatir la legitimidad de la diversidad democrática (la “democracia plural” o la “democracia intercultural”) solo por el origen o la diferencia cultural, que las culturas sean democráticas por sí mismas: “no podemos llamar democracia a cualquier forma de organización política; algún sentido debe tener la democracia para que a algo le llamemos democracia (...).  Reconocer que hay distintas culturas no es lo mismo que reconocer que todo lo que hay en esas culturas sea democrático; hay tradiciones abiertamente antidemocráticas; esto pasa en casi la totalidad de las culturas en el mundo, ninguna cultura nace democrática, las culturas se hacen democráticas”.

Y, aterriza su crítica: “una cultura por ser cultura no es automáticamente democrática; reconocer a las autonomías indígenas no quiere decir que sus formas de organización, de elección de por sí sean democráticas; el imperio incaico no era democrático en los términos actuales; ningún pueblo lo ha sido; la democracia es una conquista reciente, moderna; hay la confusión entre cultura y democracia”.

En relación a que en la práctica la democracia comunitaria se circunscribe al ámbito local y la democracia representativa es un hecho nacional y que por ello no habría la señalada igual jerarquía, Exeni apunta que “no hay que confundir los mecanismos con los principios”; por ejemplo, por supuesto que la deliberación en una asamblea (hecho característico de la democracia comunitaria) no es practicable cuando se trata de grandes poblaciones; pero la imposible aplicación de este mecanismo no puede impedir, afirma, que se tome los principios de la democracia comunitaria para el resto: “más allá del mecanismo, lo que importa son los principios, como aquellos de que las decisiones tienen que asumirse en consulta con la ciudadanía, que no puede ser una élite la que tome las decisiones; temas tan interesantes de la democracia del ayllu como que puestos de gobierno, de representación, pueden seguir una lógica de rotación, o que para llegar a un cargo de autoridad mayor, se tiene que hacer un recorrido, el taki; varios principios que efectivamente tienen mayor ejercicio a nivel local comunitario, pero que perfectamente se los puede asumir para otros niveles”.

El gran desafío, dice, no es qué tanto la democracia comunitaria puede aplicar de la democracia representativa, sino qué es lo que las diferentes democracias pueden permearse entre ellas, y, reitera, es una cosa que ya la están haciendo, “en términos de un horizonte democrático común”. Otra crítica que se le hace a la democracia comunal es el “sobrepeso” que por lo general adquiere el colectivo sobre el individuo, que una decisión tomada por “consenso” obliga a todos a asumirla, así no se esté de acuerdo.

Exeni reconoce que siendo la asamblea una de las máximas instancias de decisión en la democracia comunitaria, existe la lógica de los “acuerdos que obligan, aunque no hayas estado de acuerdo con la decisión, el hecho de que sea una decisión colectiva ya obliga a su cumplimiento; lo que hay que pensar al respecto es que estas diferentes formas de toma de decisiones colectivas no deberían violar derechos constitucionales de los individuos”. 

Para el exsecretario de Participación Popular, hoy rector de la Universidad Boliviana Ecológica, Carlos Hugo Molina, la democracia intercultural, aparte de ser un mandato constitucional, el principal fin que persigue es instituir a las autoridades originarias bajo los usos y costumbres de los pueblos indígenas; unas autoridades que finalmente serán reconocidas por el Estado.

Ahora, Molina plantea a debate el hecho de que no siempre se debe ver a la autonomía indígena como el destino necesario de tal o cual pueblo indígena; que, dado el aprendizaje de hace más de 20 años de municipalismo, muchas poblaciones o regiones indígenas no apuestan por la ‘autonomía indígena’ para su forma de organización, sino más bien prefieren seguir en el marco institucional “republicano”.

Varios pueblos indígenas “en la práctica asumen las formas de organización estatal ‘republicanas’ para decirlo de una manera, prefieren constituirse en gobiernos, concejos municipales; en miembros de la asamblea departamental, sumarse a la conformación del Estado Plurinacional, porque esto permite entrar a administrar jurisdicción y competencia de manera inmediata, sin necesidad de esperar otros procedimientos, como éste (el trámite de conversión de municipios a autonomía indígena) que ya llevan muchos años antes de llegar a un resultado”.

Y es que, en muchos casos, afirma, ha sido el municipio el que le ha dado (a las comunidades originarias) la “escuela” para establecer las modalidades de gestión en educación, salud, en servicios, claro, sumado a su propia experiencia originaria. En Santa Cruz, indica, las regiones en que muy posiblemente la población opte por la autonomía indígena son Charagua, de indígenas guaraníes; San Antonio de Lomerío en la Chiquitanía y Urubichá en la provincia Guarayos; por la mayoritaria presencia de población originaria.

Un hecho sobre el que llama la atención Molina es la poca voluntad que están mostrando regiones y municipios indígenas de occidente (aymaras y quechuas) por seguir el camino de las autonomías indígenas: “querría decir que las nacionalidades quechuas y aymaras se sienten más cómodas administrando el Estado, como parte del Estado, y con la institucionalidad estatal a la hora de ejercer su nacionalidad, su cultura y su identidad indígena”.

La autonomía indígena, medio antes que fin: José Luis Exeni, vocal del Tribunal Supremo Electoral.

Lo más interesante es que (los pueblos indígenas) asumen las autonomías indígenas como un medio y no como un fin. Y básicamente el fin es más amplio, es un fin de reconstitución territorial; por ejemplo, la autonomía de Totora Marka (en el departamento de Oruro) es como el primer paso para pensar en la reconstitución de lo que será la nación Jach’a Carangas.

Hay que abrir el debate sobre lo democrático: Jorge Lazarte, politólogo, exvocal de la Corte Nacional Electoral (CNE).

Lo que debieran hacer es abrir el debate sobre la democracia, sobre el rol institucional del mismo organismo electoral y su estructuración; y preguntarse, por ejemplo, si todo lo que se ha hecho antes ha sido democrático, y para eso hay necesidad de ponerse de acuerdo en algunos términos de democracia, y no seguir confundiendo la diversidad como hecho democrático.

La práctica supera con creces a la teoría: Carlos Hugo Molina, abogado, exsecretario de Participación Popular.

Se ha disipado el temor que había de que los pueblos indígenas asuman prácticamente su independencia en el marco de la nueva Constitución (donde se les confiere grandes atribuciones). Bolivia, técnicamente, desde el punto de vista constitucional es una confederación de naciones originarias con el Estado boliviano, pero esto está siendo superado por la práctica.

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