Animal Político

Sin democracia no hay verdadera autonomía

cara. ¿Avanza o no la autonomía cruceña?

La Razón / La Paz

00:00 / 22 de julio de 2012

Óscar Ortiz Antelo

Al preguntarnos si la autonomía avanza o no, lo que hay que preguntarse es si la democracia avanza o no. No se puede analizar al avance de la autonomía o de la construcción del Estado autonómico sin discutir el estado de la democracia y del estado de derecho en el país, que son la base sobre la que se puede desarrollar la autonomía.

A mi modo de ver y en la opinión de la mayoría de los ciudadanos, la democracia no va bien y el país tampoco. Ésa es la principal causa de las crisis de muchas instituciones democráticas, como la falta de independencia de la justicia, los ataques a la autonomía, la falta de garantías a los derechos ciudadanos y muchos otros abusos que sufrimos actualmente en Bolivia.

La democracia y la autonomía son inseparables, se alimentan y sostienen mutuamente porque evitan la concentración del poder en una sola mano. Desde siempre, uno de los elementos esenciales de la reivindicación autonómica fue y sigue siendo la profundización democrática mediante la distribución del poder a través de la elección directa de las autoridades departamentales y municipales por el voto popular.

A diferencia de lo que argumentan los intelectuales masistas que no quieren debatir la calidad de la democracia en Bolivia, la demanda autonómica no comienza con la oposición al gobierno de Evo Morales, sino mucho antes: es una aspiración permanente de más y mejor democracia.

Mientras en la década de los 80, durante los gobiernos dictatoriales y con el retorno de la democracia, la discusión se concentró alrededor de la reivindicación de la descentralización política, económica y administrativa, fue a principios de la anterior década, cuando Santa Cruz plantea la demanda de autonomía departamental, bajo el liderazgo de Rubén Costas, y se suscitan las primeras controversias con el Gobierno nacional.

Posteriormente, se realiza el primer cabildo del siglo XXI, cuando se inició un proceso que culminaría con el logro de la elección de prefectos por voto popular para todos los departamentos, adelantándose incluso a la reforma constitucional que vendría cinco años después.

Con la elección de asambleas legislativas departamentales y gobernadores en 2010 se establecen por primera vez en nuestra historia los gobiernos departamentales en todo el territorio nacional, hecho que constituye la mayor transformación del Estado nacional desde la fundación de la república.

No es casualidad que hayamos demorado 185 años de historia republicana para llegar a este punto. No es casualidad que hubiese habido un referéndum antes de la Guerra del Chaco que aprobó la descentralización, que mandaba la elección directa de las autoridades departamentales y que nunca se aplicó.

Tampoco es casualidad que en la Constitución de 1967 se hubiesen establecido los gobiernos departamentales e instituido la elección por voto de los prefectos y que ésta jamás se hubiera realizado. Tampoco es una casualidad que se hubiera aprovechado la participación popular y una falsa descentralización administrativa para eliminar en la reforma constitucional de 1994, tanto a los gobiernos departamentales como a la elección por voto de los prefectos.

Por eso, cuando el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) ataca a los gobiernos departamentales y municipales electos por voto popular por tener corrientes ideológicas diferentes a las de su concepción de hegemonía política y pensamiento único, no hace sino repetir la actitud centralista que ha imperado en la historia nacional, agravada además por una práctica autoritaria con pretensiones totalitarias.

No nos equivoquemos ni nos dejemos confundir. La democracia es el fondo y el verdadero punto central de la discusión sobre las autonomías y sus avances. De las muchas facetas que tiene el proceso autonómico, la autonomía hoy se juega su futuro en cuestión de la calidad democrática de los gobiernos departamentales y de la consecuente preservación del pluralismo democrático en Bolivia.

Por eso, cuando el Movimiento al Socialismo, mediante una ley inmoral e ilegitima desde los valores democráticos, como la Ley Marco de Autonomías, dispone que una autoridad electa por voto popular puede ser separada de su cargo con la sola acusación de un fiscal, sin que se haya desarrollado un juicio en el que se le haya demostrado un delito a dicho ciudadano, ataca la esencia no sólo del proceso autonómico, sino de la democracia y del voto ciudadano.

Hoy, la discusión sobre los avances de la autonomía no puede obviar u olvidar el debate sobre la calidad de la democracia o la vigencia del Estado de derecho en nuestro país.

Concentrar la discusión en el proceso de adecuación de los estatutos o en la cantidad o calidad de las leyes aprobadas por las asambleas legislativas departamentales, aunque muy importante, deja a un lado, por temor o por conveniencia, la ruta crítica de las autonomías, que es la consolidación de los gobiernos autónomos electos por voto popular.

Ésta no es una discusión teórica. Los gobernadores de Beni y Tarija ya fueron derrocados de sus cargos con el uso de la ley ilegítima mencionada, al igual que numerosos alcaldes. Para concluir y reiterar, el principal desafío que tienen los autonomistas es luchar por la democracia y el principal desafío que tienen los demócratas en Bolivia es la lucha por la autonomía.

Ésta no es una causa sólo para Santa Cruz ni para el gobernador Rubén Costas, ésta es una causa que debemos asumir todos y para todos. De ella depende el equilibrio democrático en Bolivia y el progreso económico y social de los próximos años.

Un dispositivo de las élites

Helena Argirakis Jordán

A dos años de las elecciones departamentales y municipales en 2010, y siendo testigos de una compleja crisis de gobernabilidad en la escenografía política departamental y municipal, muchas y muchos se preguntan si ha avanzado la autonomía en Santa Cruz. En un intento de realizar un balance frente al desarrollo de la sintomatología de las crisis en curso desde 2011 (el conflicto en la Asamblea Departamental cruceña por la no posesión de la delegada yuracaré-mojeña Rosmery Gutiérrez) tenemos elementos que nos llevan a pensar que lo que está en crisis en Santa Cruz no sólo concierne a la institucionalidad, la necesidad de transformación o adecuación de los procesos administrativos de la Gobernación y del municipio, ni el liderazgo, ni el discurso; hilando más fino, ni siquiera está contenida en la autonomía o el supuesto “modelo autonómico cruceño”.

Parto de la premisa de que no estamos ante un aprieto o un ajuste de coyuntura, sino frente a una crisis profunda que tiene que ver con la naturaleza y las formas del poder en Santa Cruz.

Si continuamos con esta línea de pensamiento, lo que se vive en Santa Cruz es más grave que lo que refleja la prensa; pues, se evidencia que lo sucedido es, más bien, la constatación de que la autonomía (departamental) no fue un proyecto de país alternativo, sino un dispositivo ideológico para frenar o contener un proceso emancipador y de transformación estructural iniciado por el bloque indiano originario campesino popular. En otras palabras, lo que afirmo es que el esquema de poder de la élite cruceña se apropió (a inicios del siglo XXI) de un proceso reflexivo y de debate societal de memoria histórica larga y de base ancha (con contenidos progresistas, democratizadores y efectos transformativos de las estructuras de poder locales), vaciando de contenido al proyecto autonómico popular como tal para convertirlo en una mera consigna del bloque cívico regional, con el objetivo de realizar la contención y resistencia al proyecto de mundo-país que introdujo el proceso de cambio en su fase de embate a la estatalidad.

A poco más de tres años de la promulgación del nuevo texto constitucional que reconoce cuatro tipos de gobiernos autónomos y a dos años de la elección de autoridades departamentales y municipales con renovados diseños institucionales, político-administrativos, flamantes asambleas legislativas departamentales y concejos municipales con cualidad legislativa, podríamos esperar reajustes en la arquitectura institucional, además de numerosas muestras de gestión y políticas públicas autónomas respecto al Gobierno central que atañen a las habilidades y al manejo de recursos de distinta naturaleza de estos niveles de Gobierno más próximos a la ciudadanía en Santa Cruz. Sin embargo, luego de la hiperinflación de promesas e inflamados discursos polarizados y polarizadores de la etapa anterior, ya las aguas se han calmado y se puede ver el fondo del río, donde nos percatamos que es escasa e irrelevante la gestión en políticas públicas desarrolladas durante los últimos años.

Esto nos lleva a cuestionarnos si lo que buscaba la élite cruceña y su esquema hegemónico de poder —articulado como el proyecto autonómico departamental— no fue más bien la perpetuación del manejo de las instituciones públicas como extensión de sus intereses privados. Es decir, la consigna autonómica fue un dispositivo discursivo que sirvió —con pretexto de la “defensa de la región, la libertad, la democracia, el modelo de desarrollo cruceño y el Estado de derecho”— para el mantenimiento de un esquema de poder que ve en la apropiación de los espacios del Estado y el manejo del aparato público no en beneficio de las mayorías, sino una escenografía política como botín desde donde se promueve el enriquecimiento de la élite cruceña. Ahora bien, otro de los contenidos invisibles del proyecto autonómico departamental fue el mantenimiento de un esquema racista, endogámico, discriminativo, atávico y elitista. En otras palabras, la racialización del poder que fue puesta en decadencia en el escenario nacional con los contenidos descolonizadores del proceso de cambio, se agazapó y atrincheró en el escenario territorial cruceño como espacio de sobrevivencia desde 2010.

Este esquema fue parcialmente derrotado, ya que en 2008, cuando se produjo la toma de instituciones en el oriente, se evidenció que el objetivo de sectores radicales y secesionistas de la élite no era avanzar en la autonomía genuina, siguiendo una línea de ingeniería constitucional o una ruta crítica legal, sino que se orientó a contraponerse (con medidas de fuerza) a un proceso que introducía contenidos democratizadores y de igualación étnica-racial que modificaba sustancialmente las relaciones de poder y correlaciones de fuerza en el país. Lo que estaba en juego ese momento era la composición étnica y racial del poder en el manejo del Estado, factor que nunca había sido tocado en anteriores procesos políticos.

Es en este contexto de recomposición étnica racial del poder que se ubica la primera derrota política que generó como consecuencia la desinserción de Santa Cruz como región de la escenografía nacional y el atrincheramiento de la facción de élite (más moderada en sus métodos, pero igual de conservadora en sus visiones) al territorio regional como espacio de sobrevivencia, reciclaje y relanzamiento político.

Sin embargo, porque la crisis que vive Santa Cruz no es sólo institucional, ni administrativa, de discurso ni de liderazgo, sino de visión de mundo, de “paradigma” y sobre todo de cómo se concibe y reproduce el poder, la élite cruceña no se recicló ni se reinventó, ni mucho menos se reinventó políticamente, porque en su imaginario las cosas siguen iguales… Algunos siguen pensando que el cambio no es tan profundo, que puede ser reversible y que se pueden seguir manejando las cosas “como siempre”. Inclusive, algunos llegan a afirmar que las correlaciones de fuerzas del momento del empate catastrófico siguen siendo las mismas y (consecuentemente) que no ha pasado nada en el mundo, en el país ni en la región. Una suerte de enajenación en tiempo y espacio de contextos, percepción y procesamiento de la realidad. Ahí precisamente está la manifestación de la profundidad y gravedad de la crisis cruceña, que se manifiesta públicamente como un ajuste de cuentas entre las facciones de élite, pero que los componentes de la dirigencia política no se dan cuenta de que con sus pugnas lo que evidencian no es sólo el fracaso e inconsistencia de la consigna autonómica, sino la ausencia flagrante de la misma. La “autonomía” en Santa Cruz ha sido un engaño histórico.

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