Animal Político

Un derecho, un proceso, una obligación

Para que los pueblos indígenas puedan decidir libremente y llegar a acuerdos, es central la información. Sin información dada de manera oportuna, plena, antes y durante la realización de cualquier proyecto o actividad, se impide a los pueblos dar el consentimiento o no sobre tales operaciones.

La Razón (Edición Impresa) / Leonardo Tamburini

00:01 / 16 de agosto de 2015

La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas establecido en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la Declaración de Naciones Unidas. Es una forma de concreción práctica del principio de participación que se conecta además con el derecho a la libre determinación y la autonomía. La consulta, asociada a la participación, no se agota en la obtención del consentimiento en relación a operaciones extractivas de recursos no renovables en los territorios indígenas, sino que articula otros derechos, como los relativos a la participación en la adopción de normas que puedan afectarles, en las decisiones  sobre el desarrollo que les incumban, a la participación en la institucionalidad pública estatal, entre otras. Dada su naturaleza de derecho público, es imprescriptible, inalienable e inderogable y es tutelado por la jurisdicción constitucional.

A la vez, la consulta es un proceso de diálogo y negociación entre el Estado y los pueblos indígenas, cuando aquél impulse medidas, planes o proyectos que puedan afectarles. No se trata de un trámite administrativo, tampoco una notificación de daños o un proceso formal con final anticipado. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, utilizando una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales, considera que deben darse ciertos requisitos  de cumplimiento obligatorio para que este proceso pueda ser considerado válido en el caso de actividades extractivas o megaproyectos en los territorios indígenas, que son aplicables a otros procesos similares.

En primer lugar, el proceso de consulta debe realizarse antes de diseñar y ejecutar dichos proyectos para dar la oportunidad a los pueblos afectados a participar e influir en las decisiones que se adopten. Es decir, la consulta debe ser previa, para ser válida. Se trata del requisito más importante, de cuyo cumplimiento depende el resto del proceso, de lo contrario se estaría validando decisiones anteladamente adoptadas sin que los pueblos puedan ejercer sus derechos oportunamente.

En segundo lugar, estos procesos deben llevarse a cabo respetando las costumbres y tradiciones en la toma de decisión de los pueblos indígenas. En particular, deben respetarse las organizaciones, instancias y mecanismos propios de decisión. La libre determinación y la autonomía de decidir tienen sentido cuando las propias autoridades ponen en práctica sus propios procedimientos.

Por otro lado, para que los pueblos indígenas puedan decidir libremente y llegar a acuerdos es central la información. Es evidente que sin información proporcionada de manera oportuna, plena, antes y durante la realización de cualquier proyecto o actividad, se impide a los pueblos dar el consentimiento o no sobre tales operaciones. Pero lo que se informe no solamente debe estar referido a los posibles impactos, sino también a las indemnizaciones y compensaciones a las que tienen derecho, las mismas que se fijan en acuerdo y participación con ellos.

La consulta, además, debe ser ante todo realizada de buena fe, la misma que debe estar en ambas partes —Estado y pueblos afectados. Violan este principio las acciones del Estado o las empresas que utilicen grupos o actores foráneos a los pueblos que fuercen sus decisiones. Las acciones de división orgánica, desintegración social, negociaciones individuales o por comunidades, contradicen el principio de buena fe e invalidan por tanto el proceso.

La consulta previa tiene que tener como finalidad alcanzar un acuerdo, y el objetivo de obtener el consentimiento de los pueblos. En este marco, desarrollado el proceso y evidenciadas las posibles afectaciones, el Estado tiene la obligación de acomodar el proyecto u operación a los resultados de la consulta, que se expresa en los acuerdos, los cuales incluso pueden consistir en la decisión de cancelar el mismo, si es que los impactos tienen efectos letales sobre los medios de vida, el medio ambiente o los elementos culturales básicos para la permanencia como pueblo.

Pero la consulta es también una obligación internacional que el Estado ha contraído a través de la firma de tratados y la aceptación de las jurisdicciones de los órganos de control y las cortes que juzgan su cumplimiento hacia los pueblos indígenas. La nueva Constitución refuerza la plena vigencia de esta obligación internacional con la inclusión, en el bloque de constitucionalidad, de los tratados de Derechos Humanos, así como la prevalencia en su interpretación respecto a otras normas.

Todas estas conquistas legales obtenidas con gran sacrificio y en largos procesos de conflicto no les está sirviendo de mucho a los pueblos indígenas actualmente, tal como lo reflejan las innumerables denuncias de sus organizaciones, que dan cuenta de la grave situación de deterioro en sus derechos. Por eso, no extraña que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), el Defensor del Pueblo y otros mecanismos de protección de los derechos humanos, muestren su preocupación a través de comunicados emitidos recientemente. La voluntad política, que es el motor de la implementación de las normas y la efectivización de los derechos, está a contramano en este momento en materia de consulta previa. Las leyes, decretos y disposiciones menores emitidas últimamente sin ninguna consulta con los pueblos afectados para favorecer las operaciones hidrocarburíferas en territorios indígenas y áreas protegidas, son una muestra de ello, las que además vienen acompañadas de una justificación contraria a respetar y menos implementar los derechos reconocidos.

Estamos, por tanto, en una coyuntura de clara regresión de los derechos de los pueblos indígenas. Si hace unos años el ex Relator Especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) Rodolfo Stavenhagen graficaba la situación como un problema de brecha de implementación, hoy la situación es peor, puesto que la tendencia es de abrir aún más la brecha en vez de cerrarla.

La realidad es que desde hace años el tema indígena ha dejado de ser agenda prioritaria en el país, sino para desmontar las conquistas que tiempo atrás caracterizaban a un Estado que se define a sí mismo como Plurinacional.

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