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El desafío de la ampliación de la frontera agrícola

La ampliación de la frontera agrícola debe enmarcarse en una verdadera estrategia de desarrollo rural que transforme productiva e institucionalmente  el ámbito rural con la finalidad  de elevar el bienestar de las familias y de las comunidades, y promover la inclusión y la cohesión social.

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Romero Bonifaz

00:03 / 19 de abril de 2015

La desaceleración industrial de los países del centro capitalista como efecto de la contracción financiera emergente de la concentración y centralización del capital, sumados a la variabilidad de los precios de las principales materias primas, particularmente del petróleo que proyecta una caída de más del 50% con relación a su mejor cotización (145 dólares el barril, en julio de 2008), obliga al país a buscar otras opciones de generación de excedente económico para el cumplimiento de sus políticas sociales.

En ese contexto, el Gobierno ha convocado a la cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia” para el 21 y 22 de abril en la ciudad de Santa Cruz. El desafío propuesto es el de acordar medidas tendientes a lograr un incremento significativo de la frontera agrícola del país en los siguientes años, incluso el vicepresidente Álvaro García Linera se animó a proyectar una cifra (1 millón de hectáreas por año), considerando como indicador solamente el factor espacial y no así el de productividad.

Para enriquecer este debate resultará útil referirse a los dos modelos de expansión de la frontera agrícola conocidos en Bolivia. El primero tenía una gran impulsión y participación estatal, correspondiente a la aplicación de la Reforma Agraria de 1953, en tanto que el segundo se enmarca en la política de libre mercado y el rol protagónico a los agentes económicos del sector privado, articulados al capital transnacional, según el diseño del Banco Mundial a través del programa “Tierras Bajas del Este”.

La Reforma Agraria del 53 combina el modelo Farmer (articulación del agricultor al mercado) en occidente, con el modelo Junker (conversión de la hacienda tradicional en empresa capitalista) en el oriente, siguiendo los lineamientos del Plan Bohan.

El plan diseñado por Mervin Bohan, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y la cooperación recíproca entre Bolivia y Estados Unidos, partía de la caracterización del país como monoproductor de minerales y planteaba la necesidad de diversificar su economía generando un polo de desarrollo agroindustrial en el oriente con la finalidad, al mismo tiempo, de sustituir importaciones.

En el marco de la implementación de la Reforma Agraria de 1953, se vertebró físicamente el oriente con el occidente del país a través de la carretera La Paz-Cochabamba-Santa Cruz. Se construyó la vía entre Santa Cruz-Portachuelo-Buena Vista y Puerto Grether en más de 1.000 kilómetros de extensión; asimismo, se tendieron las líneas férreas entre Santa Cruz y Argentina con una longitud de 531 kilómetros, y entre Santa Cruz y Brasil con una longitud de 315 kilómetros.

A través del Banco Agrícola de Bolivia-BAB en 1950 se destinó el 25% de su cartera al sector agropecuario cruceño, incrementándose a 40% en 1955 y a 67% entre 1972-77. La Corporación Boliviana de Fomento CBF, por su parte, en la década de los 50 invirtió 50 millones de dólares en la ampliación del ingenio La Esperanza, la construcción de la planta Guabirá, el apoyo a las iniciativas privadas de La Bélgica y San Aurelio para la producción de azúcar y la instalación de la Planta Industrializadora de Leche PIL con sede en Cochabamba a un costo de 460.875 dólares.

En materia de tecnología e investigación el Estado importó 1.800 tractores, 5.000 arados de vertedero y 2.500 arados de hierro. Para la investigación agrícola, el Estado instaló estaciones experimentales en Saavedra y Belén, Tamborada, Riberalta, Reyes, Trinidad y Villamontes. Fortaleció el Servicio Agrícola Interamericano (SAI) arrendando maquinaria para desarrollar actividades agrícolas. El SAI introdujo tractores de oruga, de rueda, arados, rastras, sembradoras, cultivadoras, recolectoras, trilladoras combinadas, equipos de procesamiento, tráilers y remolques, entre otros.

En el eslabón de la comercialización, el Estado intervino directamente en la comercialización de algunos productos a fin de asegurar mercados. En 1960 se creó la Comisión Nacional Para la Exportación del Arroz (Conca), sustituida en 1968 por la Comisión Nacional del Arroz (Conar).

La superficie agrícola evolucionó significativamente, puesto que en la década de 1950 los cultivos no alcanzaban al 1% del territorio boliviano. En 1958 se reportaba un incremento de 65.000 hectáreas; el maíz se incrementó de 19.000 hectáreas a 57.000. Entre 1964 y 1975 se incrementaron los cultivos de algodón, caña de azúcar y soya; estos productos crecieron en importancia relativa de 18,7% en 1964 a 47,1% en 1975.

En esos años se sustituyó la importación de caña de azúcar que operaba a través de la Casa Grace y que provenía del Perú. En 1954 los cultivos de caña de azúcar representaban 1.183 hectáreas, incrementándose a 52.207 en 1983. El algodón cultivado en 1950 era de 200 hectáreas, aumentando en 1960 a 1.300.

El otro modelo de expansión de la frontera agrícola se concretó en el Programa “Tierras Bajas del Este” de 1991, impulsado por el Banco Mundial a través de la utilización de maquinaria a gran escala, técnicas de monocultivo e insumos agrícolas importados, además de la reclasificación de las tierras en: tierras de cultivo, tierras de pastoreo y tierras de uso combinado, tal como apunta Gonzalo Colque. En la década de 2000 se consolida esta transformación agraria y expansión agrícola; entre 1990 y 2007 la superficie cultivada en Santa Cruz creció de 413.320 hectáreas a 1.821.631, es decir un incremento de 4,4 veces, de las cuales más de un millón de hectáreas han sido destinadas a la producción de oleaginosas (principalmente soya). De ahí que Santa Cruz controla el 70% de los alimentos producidos en el ámbito nacional. El agronegocio de la soya atrajo a compradores de tierras de origen brasileño, argentino y colombiano.

Simultáneamente la producción familiar campesina, que garantizaba la provisión de cerca del 70% de la demanda alimentaria nacional, ha caído drásticamente en su capacidad productiva, particularmente en la región andina y subandina. Esta situación se explica por la excesiva fragmentación de tierras, el envejecimiento de la población rural como efecto de la migración a las áreas urbanas, la saturación del suelo por la no aplicación de prácticas compatibles con un manejo adecuado, la caída de los rendimientos agrícolas, afectando inclusive a productos tradicionales como la papa, y el déficit tecnológico y de innovación de insumos agrícolas que configuran una problemática que requiere adoptar medidas estructurales.

La estructura agraria está integrada por tres sistemas: tenencia de tierras, producción y productividad y trabajo agrícola. La actual estructura de tenencia de tierras ha sido profundamente democratizada dado que los indígenas y campesinos controlan el 57% de la tierra, los empresarios el 9%, representando las tierras fiscales el 34%. Sin embargo, existe mucha presión sobre la frontera agrícola, que alcanza a 3,7 millones de hectáreas cultivadas y que son pretendidas por campesinos con insuficiente acceso a la tierra y por avasalladores que pretenden apropiarse de la renta fundiaria, lo que deriva en un debate acerca de la necesidad de fortalecer los mecanismos que garanticen la seguridad jurídica sobre la propiedad agropecuaria. Al mismo tiempo, los empresarios consideran que los parámetros de medición y la periodicidad de verificación de la función económica social (FES) de la propiedad deberían ser revisados porque contradicen las finalidades de expansión de la frontera agrícola. Lo que está claro es que independientemente de la valoración que se haga de esta pretensión empresarial, es imposible que el Estado cumpla su tarea de verificación de la FES cada dos años sin incurrir en arbitrariedades.

En cuanto al sistema de producción y productividad, el país se encuentra muy lejos de beneficiarse con las conquistas científico-técnicas aplicadas en la actividad agraria en países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y otros. Nos referimos a las técnicas de la siembra directa, la agricultura de precisión a través de mecanismos de teledetección satelital, la agricultura líquida y otros que han demostrado logros importantes en la reposición de nutrientes al suelo, la utilización de fertilizantes y semillas mejoradas y el consiguiente incremento sustantivo de los rendimientos agrícolas. Estas conquistas solamente serán posibles si se fortalecen las entidades dedicadas a la investigación agropecuaria y a la articulación de los distintos dispositivos científico-técnicos dedicados a la innovación de los sistemas productivos agrícolas.

Se requiere, por otra parte, ampliar los mecanismos de acceso a los servicios financieros, ya que la actividad agropecuaria requiere de inversiones significativas para alcanzar adecuados niveles de innovación y desarrollo integral. Otro problema que afecta al sector agropecuario en cualquier país del mundo se refiere a la excesiva variabilidad de los precios de los alimentos, lo que requiere establecer un sistema de precios base y acuerdos comerciales que permitan garantizar sostenibilidad en los precios de los alimentos.

Una estrategia de ampliación de la frontera agrícola requiere también de importantes inversiones en infraestructura de carreteras, caminos, vías férreas, puertos, hidrovías, canalización de ríos, instalación de defensivos, construcción de silos y otros dispositivos inherentes a la actividad agropecuaria considerados en todos los eslabones del proceso productivo.

Se debe destacar también la importancia de articular una estrategia de expansión de la frontera agrícola a un modelo de desarrollo rural bajo un enfoque territorial y social. Pretender aplicar una estrategia de expansión de la frontera agrícola sin considerar el conjunto de servicios públicos en materia de educación, salud, vivienda, electrificación, agua potable y otros en favor de la población rural, nos conduciría simplemente a adoptar un enfoque economicista, subalternizando las necesidades de mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la población del área rural. Por tanto, la ampliación de la frontera agrícola debe enmarcarse en una verdadera estrategia de de- sarrollo rural que transforme productiva e institucionalmente el ámbito rural con la finalidad de elevar el bienestar de las familias y de las comunidades, y promover la inclusión y la cohesión social.

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