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La deuda pendiente de Bolivia con Argentina

En los últimos tres años, según datos del exembajador Ariel Basteiro, en su país se rescataron y denunciaron 900 casos de bolivianos que eran explotados en talleres de Buenos Aires, pero también se descubrió otros 3.000 casos en los que no se formuló una acusación.

La Razón (Edición Impresa) / Elisa Medrano Cruz

00:03 / 04 de enero de 2016

El exembajador de Argentina en Bolivia Ariel Basteiro, al hacer una evaluación sobre su misión antes de marcharse del país, en noviembre de esta gestión, consideró que una de las deudas pendientes del Estado boliviano con los migrantes argentinos es que se simplifique los trámites para la obtención de documentos de residencia y nacionalización, tal como lo hizo su nación.

Explicó que en los últimos años, la gestión de esos legajos mejoró no solo para los connacionales, sino también para otros conglomerados de extranjeros, como paraguayos o chilenos.

Basteiro precisó que a diferencia de Argentina, en Bolivia se cobra por una serie de documentos y certificados “que a nosotros nunca se nos ocurriría solicitar y eso quizá hay que modernizar de la legislación boliviana en la materia; por lo menos con Argentina, que tiene una actitud muy abierta con Bolivia”. Por ello, manifestó que es “más flexible nuestra ley con los bolivianos en Argentina que la que Bolivia tiene con los argentinos acá”.

“En el tema de documentación, todo aquel que quiere hacer el trámite en Argentina, sacar residencia o nacionalización, lo hace sin ningún problema, hay una política más flexible que la que tiene Bolivia con los argentinos acá, de hecho”, dijo el exdiplomático.

El que fuera embajador del kirchnerismo en los últimos años, manifestó también que las medidas a favor de los bolivianos y de otros migrantes se reflejan en el derecho que tienen de cobrar los recursos de los planes de ayuda social, como la asignación universal, que es un pago de $us 150 por hijo, desde recién nacidos hasta los 18 años, entre otros.

Esos beneficios —explicó— son parte de los derechos que tienen porque “trabajan en Argentina, pagan impuestos en nuestro país, se rigen por las leyes argentinas y por ello también tienen derecho al beneficio que asigna el Estado a estos sectores”. El exembajador estima que en su país habitan cerca de 1,5 millones de ciudadanos de nacionalidad boliviana, otro millón de paraguayos y cerca de 500.000 chilenos, entre otros.

Ariel Basteiro llegó a Bolivia en septiembre de 2012 y retornó a su natal Buenos Aires a finales de noviembre de este año, con el cambio de gobierno que hubo en su país, cuando asumió la presidencia el opositor al ejecutivo peronista Mauricio Macri.

Al evaluar la situación de los migrantes bolivianos en su país, el exembajador informó que en los últimos tres años fueron rescatados y se esclarecieron al menos 900 casos de connacionales que eran explotados en talleres en Buenos Aires, quienes estuvieron dispuestos a hacer las respectivas denuncias. Aparte de esas personas, aproximadamente otras 3.000 también fueron rescatadas, pero no figuran en las estadísticas porque se negaron a formular las acusaciones, aunque retornaron a Bolivia.

Pero la explotación laboral, según dijo, es uno de los grandes flagelos, por lo que en los últimos años los gobiernos de ambos países, a través de sus instituciones, como la Policía, la Aduana y sectores sociales, trabajaron en forma conjunta y se lograron avances. Sostuvo que una de las limitaciones para descubrir casos de esta naturaleza es que la trata laboral es un mal que no se lo descubre hasta que se hace una inspección y se determina in situ lo que ocurre.

“Lo que sucede con la trata laboral entre bolivianos es que muchas veces son llevados con promesas de trabajo de mejor pago por sus propios paisanos, y la persona pasa la frontera y llega a Buenos Aires”. Otra de las dificultades para dar con los tratantes, según Basteiro, es que cuando se detecta a personas que posiblemente son víctimas de trata, éstas aseguran que son parientes. “No se comete el delito hasta que la persona ingresa al taller y le quitan los documentos”.

En otros temas, la exautoridad también resaltó que en los más de tres años que estuvo en Bolivia creció el interés de empresas argentinas, como constructoras o de producción metalúrgica, por instalarse en el territorio del Estado Plurinacional boliviano, por lo que al país llegó una misión industrial-comercial. “Normalmente la cantidad de empresas argentinas superan a cualquier otro país; las rondas de negocios son importantes y hay contacto fluido importante”, afirmó.

Adicionalmente, también explicó que en la actualidad su país financia 37 proyectos de diferente naturaleza, cuya finalidad es colaborar con el Estado boliviano en diferentes materias. Por ejemplo, mencionó la existencia de 20 proyectos que coadyuvan con mejorar la producción lechera y de carne, pero también hay otros que colaboran en materia agrícola, como en el tema del azúcar o la producción de peces. Además, dijo Basteiro, hay otros planes orientados a la temática de los derechos humanos o a la trata de personas.

El diplomático tiene la esperanza de que toda esa colaboración y la integración de los dos países puedan mantenerse, e incluso mejorar con la actual administración, es decir, la del presidente Mauricio Macri, quien sucedió en el cargo a Cristina Fernández de Kirchner, con la que el Gobierno boliviano tenía una buena relación, sobre todo por la coincidencia ideológica; lo que no ocurre con Macri.

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