Animal Político

No me digan ‘gracias’

Resulta forzado, aunque no imposible, hacer una evaluación de las políticas sociales durante un año, porque se trata de medidas pragmáticas cuyo horizonte no suele ser puntual, por el contrario, requieren duración media al menos.

La Razón / Carmen Ruiz Parada / La Paz

01:30 / 26 de noviembre de 2012

Las y los bolivianos deberíamos estar acostumbrados a que, cada año, los vientos de agosto suelen dar paso a la temporada de lluvias y a la de conflictos, pero este supuestamente apocalíptico 2012 termina con menos agua y más conflictos que otros. Lo que no cambia son los esfuerzos del Gobierno intentando mostrarnos que está haciendo su trabajo en el área de las políticas sociales.

Sin embargo, el lenguaje de los mensajes gubernamentales no logra desprenderse del principal síndrome de esta gestión: ineficiencia administrativa y campaña política, a la par, como dos caras de la misma moneda. 

Tarea gubernamental. Las principales claves para identificar y entender las políticas sociales de un Estado, cualquier Estado administrado por cualquier tipo del gobierno, están en los elementos que las componen y en su propósito. Los principales elementos de una política social son sus aspectos programáticos, planes, presupuesto (asegurado y explícito en el Presupuesto General del Estado, de lo contrario sería sólo papel para el archivo), sectores de la administración que compromete e identificación de los sujetos sociales participantes y destinatarios.

Los propósitos de las políticas sociales suelen estar comprometidos de forma inherente con los objetivos estatales que gestionan los gobiernos, en cumplimiento de sus competencias intrínsecas, a saber: distribución de recursos y beneficios generados por el propio Estado o provenientes de la explotación de riquezas naturales del territorio nacional; disminución de las brechas de inequidad; acceso y ampliación de coberturas de los servicios públicos, principalmente salud, educación y vivienda, y mejoras en la calidad de vida, bienestar o buen vivir, como se prefiera llamarle.

Utilizando esas claves, las políticas sociales del gobierno del presidente Evo Morales no han tenido muy buen año en 2012, porque han seguido la inercia de un curso convencional, pese a la abundancia de la oferta política y a la autoimagen con que el régimen se identifica a sí mismo como “proceso de cambio” y “revolucionario”.

En educación, la Ley Avelino Siñani sigue, sin pena ni gloria, caminos ya trazados y, como en el caso de la nueva Constitución Política del Estado, resolvió la engorrosa tarea de definirla conceptualmente poniéndole adjetivos, que ni siquiera la describen, pues son, en su mayoría, cualidades abstractas. Una novedad de 2012 fue el inicio de la distribución de computadoras a los maestros. Habrá que esperar al menos otro año para analizar los resultados de esa entrega, en términos de incremento del acceso a la información, mejora en el rendimiento y en la calidad del trabajo de docentes y alumnado y, prosaico pero importante, del cuidado en el manejo de esos recursos. Un elemento a destacar (en la línea gubernamental de felicitarse por lo que debería ser rutina) es que el principal mérito del Ministro de Educación es que parece centrar la mayor parte de sus energías en evitar huelgas del magisterio, sin lograr, hasta la fecha, que además de asistir éste se suba al carro del propósito de reformar la educación.  

En salud, la agenda sigue pendiente, pues la anunciada Cumbre de Salud, que sirvió como solución precaria y transitoria para amainar la huelga del sector luego de la frustrada medida de imponerles ocho horas diarias de trabajo, no termina de ser organizada. Gente malpensada dice que todo el cacareo encubría una medida tan concreta como demagógica: dar trabajo a los casi 4.000 becarios que estudiaron y se forman en Cuba a los que se les había asegurado plazas en el sistema. Por otra parte, además de los discursos oficiales, no hay ninguna otra fuente de información que permita decir si los resultados en el sector son buenos o deficientes.

Las mejores notas en la calificación del Gobierno respecto a su gestión de políticas sociales durante 2012 están en el rubro de la distribución, debido a que los bonos (Dignidad, Juana Azurduy y Juancito Pinto) han seguido pagándose, pese a las amenazantes nubes de déficit fiscal y a la baja de las entradas a las arcas del Estado. Coincido con quienes piensan que éstos corresponden por derecho a la ciudadanía y que la gente sabe mejor que nadie en qué usar esos recursos, sobre todo cuando los administran las mujeres en los hogares.

Discurso y gestión. Como se puede deducir de los párrafos anteriores, resulta forzado, y es difícil, aunque no imposible, hacer una evaluación de las políticas sociales durante un año, porque se trata de medidas programáticas cuyo horizonte no suele ser puntual, por el contrario, requieren duración media al menos, de lo contrario se les estaría aplicando criterios de emergencia y eventualidad. 

Si se quita la palabrería de los discursos y el autobombo, las políticas sociales que está llevando a cabo el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) son las mismas que gestionan otros gobiernos de similar o de diferente orientación ideológica. No hay nada malo en ello, quizá sólo sea el prurito de que a algunas personas de la ciudadanía nos gustaría mayor honestidad política respecto a la forma en que se usa nuestro dinero (regalías, impuestos, préstamos, etc.).

Por último, algún alma caritativa debería decirle al Mandatario que esos avisos en los que aparece con niños, ancianos y buenos vecinos agradeciéndole por hacer (con los fondos públicos) lo que es su obligación hacer, son un mensaje paternal y asistencialista, contrapuesto a la noción de políticas sociales que requieren institucionalidad, transparencia y seriedad administrativa. Qué diferente fuera si el Presidente apareciera diciendo: No me agradezcan, es mi obligación.

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