Animal Político

La diplomacia recupera la memoria

Una serie de documentos reservados de la Cancillería salen a la luz, mientras finalmente se activa la Comisión de la Verdad.

Los primeros documentos desclasificados.

Los primeros documentos desclasificados.

La Razón (Edición Impresa) / Mauricio Quiroz / La Paz

00:00 / 27 de agosto de 2017

Los primeros documentos desclasificados, que fueron producidos por la diplomacia boliviana en tiempos de dictadura, revelan que hubo una estrecha coordinación entre los agentes de la seguridad estatal con miembros del servicio exterior del país para seguir los pasos a esos “elementos peligrosos”, los exiliados de los regímenes militares. También existen instrucciones e iniciativas diplomáticas para rastrear eventuales viajes de estos desplazados a Chile, en tiempos del gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973).

En un primer lote de 12 documentos liberados por la Cancillería, y a los que accedió Animal Político, existen informes de cónsules y embajadores, retransmitidos por canales reservados a los ministros del Interior de regímenes militares. Estos papeles, franqueados entre 1966 y 1980, están inscritos en el contexto del largo periodo de la “implantación del poder militar”, tal como se refiere a esa época la historiadora Magdalena Cajías, especializada en el tema.

“Hemos demorado (en la desclasificación). Desde que hemos asumido, una de nuestras obligaciones fue que estos hechos nefastos de nuestra historia no queden en la impunidad; hay muchos bolivianos que han sido víctimas de estas dictaduras. Había documentos clasificados que estaban en diversas instituciones y en el Ministerio de Relaciones Exteriores también”, explicó el excanciller David Choquehuanca (2006-2017), en un contacto telefónico con este suplemento.

La exautoridad, que el 21 de noviembre de 2016 activó la desclasificación de archivos diplomáticos de las dictaduras, recordó que el Gobierno puso en vigor la Ley 879 para crear la Comisión de la Verdad que estará conformada por cinco personalidades y que será posesionada mañana por el presidente Evo Morales.

Choquehuanca indicó que todas las instituciones están obligadas a entregar documentos que aporten a aclarar lo que pasó en las dictaduras. Es posible, apuntó, que muchos de esos documentos estén en manos particulares, “pero principalmente en las instituciones militares que tienen la obligación de entregar a la Comisión de la Verdad estos archivos”.

Desclasificados. ¿Pero qué contienen estos primeros legajos que estarán a disposición de los miembros de la Comisión de la Verdad y de los investigadores del país? Veamos. El más longevo de estas carpetas que dejó el secretismo data del 8 de febrero de 1966, en el interregno dictatorial que armó René Barrientos Ortuño para postularse en las elecciones de ese mismo año.  

Tras el golpe de Estado de Barrientos Ortuño que derrocó a Víctor Paz Estenssoro (noviembre de 1964), los perseguidos políticos de esa administración resultaron ser connotados dirigentes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que pasaron al exilio. Aquellos asilados, sin embargo, no fueron tratados como “extremistas” o “terroristas”, apelativos que se usaron luego de la guerrilla de Ñancahuazú, protagonizada por el Che Guevara, para identificar a los perseguidos y desaparecidos por razones políticas durante la vigencia del Plan Cóndor. 

Así, Juan José Torres, entonces embajador boliviano en Uruguay (el militar que luego en 1970 tomó la presidencia aliado con la izquierda), remite un informe a la Cancillería sobre la situación en la que estaban los asilados de esa época; entre ellos, el expresidente Hernán Siles y el dirigente movimientista Ñuflo Chávez Ortiz. Torres —según se lee en el informe— se quejó al diario uruguayo Época por la nota La caída de Barrientos que, precisamente, fue firmada por Chávez Ortiz; además, el embajador creía que este dirigente tenía la intención de volver al país para rearticular “en su favor” al MNR.

Otros archivos de ese tiempo, remitidos durante el último trimestre de 1966, muestran datos dispersos sobre una “vigilancia fronteriza” en Mato Grosso, Brasil, ante el ingreso clandestino a Bolivia del Che Guevara.

El otro bloque de documentos desclasificados corresponde a la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978). El lenguaje empleado en estos expedientes está claramente orientado a denigrar a los perseguidos, exiliados y a quienes estaban bajo la sospecha de perturbar el orden establecido.

El canciller de Banzer, Mario Gutiérrez, uno de los dirigentes de la Falange Socialista Boliviana (FSB), instruye a Jorge Escobari Cusicanqui, embajador en Perú, hacer una “estrecha vigilancia” a “elementos peligrosos pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN)” que habían dejado el país en calidad de asilados. “Se envía una copia de la presente nota al Consulado General de Bolivia en Santiago de Chile para que tome las medidas del caso en vista de la posibilidad de que dichos elementos se trasladen a territorio chileno”.

De acuerdo con el Informe sobre las desapariciones forzadas en Bolivia (2007), elaborado por el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), durante el gobierno de Banzer se produjeron 77 casos de desapariciones forzadas, ocho de ellas en Chile (tras el golpe de Augusto Pinochet en 1973), 36 en Argentina y 33 en territorio nacional.

Ahora, con la conformación de la Comisión de la Verdad se espera que estos temas sean esclarecidos. “Esta comisión debe ser una realidad, con la voluntad política, porque no podemos esperar que nuestros familiares sigan muriendo sin conocer dónde están sus hijos o los miembros de su familia”, afirmó a Animal Político la presidenta de Asofamd, Ruth Llanos.

“Hay más de 150 casos de desapariciones forzadas en Bolivia, desde 1964. Y la desaparición es un delito continuo: cada día que pasa se sigue cometiendo. Y, entretanto, sigue siendo una asignatura pendiente de nuestra precaria democracia”, precisó José Antonio Quiroga, en un mensaje escrito solicitado por esta redacción para la elaboración de esta nota.

Argentina. La Ley 879 dispone la “desclasificación de los documentos militares (físicos o digitales), policiales y otro tipo de documentos clasificados o que cuyo acceso se encuentre restringido” y prohíbe a las instituciones cualquier tipo de obstaculización para el acceso a esta información estipulada entre 1964 y 1982.

La Cancillería es, hasta la fecha, la única entidad que abrió esos archivos y entre éstos existe una serie de pedidos del gobierno de Banzer a las autoridades argentinas, que en esos momentos estaban bajo el control de dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, para que los asilados se alejen de la frontera o se vigile su paso a Chile antes del golpe de Pinochet (1973). Entre los “elementos subversivos” vigilados están el cantautor tarijeño Nilo Soruco y el muralista Óscar Alandia Pantoja.

Un tercer bloque temático de estos expedientes liberados tiene que ver con las explicaciones que se dan, por vía diplomática, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre denuncias que esta entidad investigó, especialmente durante los últimos tres años de la dictadura de Banzer, uno de los mandatos de facto más prolongados de la historia.

Asignatura pendiente de la democracia

La conformación de la Comisión de la Verdad es una de “las asignaturas” pendientes de la democracia boliviana, de acuerdo con la postura de la Asofamd, la entidad que aún exige la desclasificación de los archivos militares y oficiales que se generaron en los últimos 50 años sobre vulneraciones de derechos, desapariciones forzadas y asesinatos.

La presidenta de Asofamd, Ruth Llanos, indicó que a partir de la nominación de los cinco miembros de esta comisión, la entidad debe trabajar con una secretaría técnica que contará con personal idóneo, capaz de procesar la información y hallar los restos de las personas desaparecidas.

El caso de la muerte y desaparición del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien cayó durante el golpe de Luis García Meza (1980), es uno de los más emblemáticos. José Antonio Quiroga, sobrino del dirigente socialista, lamentó que la Comisión de la Verdad comience a funcionar ocho meses después de la promulgación de la ley. Consideró que esta demora puede obedecer a la decisión política del presidente Evo Morales de no “incriminar” a las Fuerzas Armadas por estos delitos de lesa humanidad.

El exalcade de La Paz Juan del Granado, el abogado que promovió el juicio contra García Meza, recordó que la ley señala que la comisión debe entregar en dos años una memoria histórica sobre las violaciones de los derechos humanos durante las dictaduras.

  • Luis espinal estuvo en la mira desde 1974

“Cúmpleme remitirle adjunta, copia de la nota enviada a este despacho por el Nuncio Apostólico en la que comunica que el R.P. LUIS ESPINAL, sacerdote jesuita, viajará, próximamente, al exterior para curarse de una seria enfermedad que padece. 

Al respecto este Ministerio cree que el viaje que, en forma espontánea hará el R.P. Espinal, solucionará la necesidad de su alejamiento del país propuesta por Organismos de Seguridad del Estado, en vista de su labor de fustigación en contra del Gobierno Nacionalista.

- DOCUMENTO DESCLASIFICADO-Nota oficial de la Cancillería enviada el 16 de septiembre de 1974 al ministro del Interior de entonces, coronel Juan Pereda Asbún.

  • Régimen de Banzer y el factor Allende en Chile

“Liber Forty trae (a Tacna-Perú) alguna misión de los elementos exilados en Chile, lo que hace ver la necesidad de seguirle los pasos y conocer las actividades que desarrollará acá. Este Consulado cumplirá tal tarea en la medida de sus posibilidades”.

- DOCUMENTO DESCLASIFICADO -Parte de la nota enviada el 2 de mayo de 1972 por el cónsul de Bolivia en Tacna Domingo Lombardi al subsecretario de Relaciones Exteriores Jaime Tapia Alípaz, quien a su vez remite la información al ministro del Interior de entonces, Mario Adett Zamora. 

  • Explicaciones a la CIDH por denuncias

“La señora Nila Heredia alias Ivana, militante activa del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia (PRT-B) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) [...] fue detenida en abril de 1976, en la ciudad de Cochabamba, donde trabajaba con Rubén Sánchez y otros miembros de la plana mayor del ELN con fines conspirativos. Abandonó el país voluntariamente (sic)”. 

 - DOCUMENTO DESCLASIFICADO-Extracto de la nota enviada el 6 de junio de 1978 por la Cancillería de Bolivia a Edmundo Vargas Carreño, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La organización investigó una denuncia de Heredia.

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