Animal Político

El ejercicio equivocado de las autonomías

Mientras hay instituciones regionales que no quieren que sus departamentos pierdan escaños, las asambleas departamentales, encargadas de las legislaciones locales, no tienen ni siquiera en consulta constitucional (excepto Pando) sus estatutos después de casi cuatro años de gestión.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:06 / 07 de julio de 2013

Ante la eventual modificación de la representación política en la Cámara de Diputados y el rechazo a perder escaños de los departamentos menos poblados, es pertinente hacer un paralelo entre las funciones de las brigadas departamentales de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el papel de las asambleas departamentales aún en diseño, a casi cuatro años de funcionamiento. Esta falencia es “lamentable”, pues sólo Pando ha mandado sus estatutos a control de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Uno de los principales factores de esa deficiencia es la ausencia de estatutos aprobados. En este sentido, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce señala que “si en verdad se quiere pelear por los departamentos” las regiones “deberían preocuparse” por hacer funcionar sus asambleas departamentales.

Éstas tienen un perfil “muy bajo y deberían tener uno más alto. Sólo Pando ha enviado a control constitucional sus estatutos. ¿Cómo puede entenderse que a casi cuatro años de gestión nadie lo haya hecho? Es para no creer”, cuestiona.

Una percepción similar tiene el analista Romano Paz, para quien la causa del retraso es la “negligencia e incompetencia”, aunque desea que se deje “ese legado“ cuanto antes.Reymi Ferreira, en cambio, considera que la división en las asambleas de Santa Cuz, Beni y Tarija ha obstaculizado la aprobación de estatutos. En el resto de los gobiernos departamentales “no ha habido interés; la palabra para eso es negligencia”.

Arce pone énfasis en que la lentitud no se debe a que haya “una conformación complicada” que no permita los dos tercios (que en casos concretos señalaba Ferreira). Si pasan el control constitucional, “¿cuándo va a ser el referéndum?, ¿con las elecciones generales?, ¿van a pasar cinco años?, se pregunta.

El tema es por demás complejo y las incipientes asambleas departamentales (a pesar de ir ya hacia sus cuatro años de existencia) ni siquiera tienen un diseño definido al no existir ni uno de los estatutos autonómicos aprobados.

El sociólogo Fernando Mayorga analiza esta complejidad y apunta que no está siendo tomada en cuenta. Al no haber estatutos autonómicos, “no se tiene el diseño de los gobiernos departamentales” y por tanto tampoco “la composición de sus asambleas” ni reglas para su elección. Al “no haber nada de esto”, las elecciones departamentales de 2015 tendrán que estar sujetas a una ley transitoria, advierte.

“No hay comprensión” de la relación, pues al no haber “un diseño de gobierno departamental” tampoco existe una idea sobre qué tipo de articulación tendría que haber entre los diputados y senadores de la ALP “para trabajar vinculados” con los asambleístas departamentales.

“Es algo que se está pensando de manera muy primaria, pues los estatutos se están pensando de manera muy endógena” y sin considerar “una articulación vertical” de representación legislativa, dice Mayorga.

Como no hay esta reflexión —concluye su argumentación— y en cambio hay incomprensión sobre estos temas “aparecen de manera descoordinada posiciones regionalistas” en relación a la redistribución de los escaños.

También en este sentido, Arce señala que las brigadas departamentales “están chocando con la realidad objetiva”, pues cuando el proceso autonómico “se consolide”, su peso se reducirá. “Por supuesto, tendrán otro papel: ser un nexo entre los niveles central y subnacional”, afirma.

La función de las asambleas departamentales es legislar para sus departamentos y fiscalizar a sus ejecutivos, mientras que las de la A es hacer leyes nacionales que no pueden privilegiar a ningún departamento. Sin embargo, existen dos aspectos departamentales que son aún manejados por la ALP: las leyes de declaración de patrimonio y la cesión de terrenos. Sólo a esos dos aspectos se reducen las facultades departamentales de las asambleas departamentales

Así, por ejemplo, este año existe la intención de declarar Patrimonio Cultural e Intangible a la festividad de la Virgen de Guadalupe, en Sucre, o la transferencia de terrenos a título gratuito a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el municipio de Santa Rosa de Yacuma (Beni) u otros por el estilo, sólo referentes a estas dos posibilidades. Se prueba así que la posibilidad de incidir en el departamento de las brigadas de la APL ha quedado muy limitada tras la aprobación de la Ley Marco de Autonomías Andrés Ibáñez que les da competencias a los legislativos regionales.

Al criticar un desempeño bajo de las asambleas departamentales (que “es para no creer”), Arce insiste en el debate falso sobre la redistribución de escaños y recuerda que, antes, las brigadas  departamentales “tenían un gran peso”, pues eran la representación de la legislación en el departamento. “Hoy ya no tienen ese peso” por existir las asambleas de cada región.

No obstante, la legislación departamental está en “proceso de construcción lento”. “Es lamentable que a más de tres años de haber sido instaladas no exista ninguno de los estatutos aprobados y en vigencia”. Se prevé que la Asamblea de La Paz presente sus estatutos este 16 de julio; puede pensarse que el resto de los departamentos con fiestas cívicas por venir en este año hagan lo propio. Al menos eso es lo que se esperaría...

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