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Las elecciones judiciales y la legitimidad

Corresponde buscar alternativas para que los elegidos ostenten algún tipo de legitimidad. El Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional en su composición deben alejar sospechas de que son órganos políticos o politizados.

La Razón (Edición Impresa) / Ramiro Sánchez Morales es abogado, vocal del Tribunal de Justicia de La Paz y docente universitario.

00:00 / 12 de febrero de 2017

Un Órgano Judicial independiente es esencial en el Estado constitucional de Derecho, su función es evitar que los órganos del poder y las personas actúen al margen de la Constitución y de la ley, es decir, garantiza el respeto de la Constitución y la legalidad. Su composición es importante y sus miembros tienen que tener un grado de legitimidad, por eso el mecanismo de selección o designación de éstos juega un rol clave.

En Bolivia se ha establecido para ello una elección popular, cuyas características están previstas en la Constitución Política del Estado (7 de febrero de 2009). En cuanto a los requisitos específicos, en el reglamento interno se establecieron prohibiciones adicionales; entre ellas hay dos cuestionadas por vulnerar el derecho a la defensa: no haber patrocinado a personas que “resultaren culpables de la comisión de delitos contra la unidad del Estado” o “que hayan sido condenadas con sentencia ejecutoriada por delitos de narcotráfico, con excepción de los defensores de oficio y defensores públicos”. (Artículo 6)

En referencia a la primera prohibición, cuya base es el Artículo 19 de la Ley 025 Ley del Órgano Judicial, de junio de 2010, Amnistía Internacional observó: “Esta disposición no solo afecta a los abogados individuales que deseen postularse, sino que, al disuadir en la práctica a los abogados de defender a personas acusadas de esos delitos, perjudica el derecho de esas personas a ser defendidas por un abogado de su elección, y destaca así la necesidad de una reforma de la legislación”. (Bolivia. Información para el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 109 periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos. Amnistía Internacional, 2013, 14 de octubre-1 de noviembre, Madrid, página 26) Otro aspecto curioso es la prohibición de la propaganda electoral (Artículo 182-III de la Constitución). Esta previsión legal fue altamente cuestionada.

El proceso de elección se llevó a cabo en 2011 y “las principales objeciones formuladas en Bolivia al proceso de elección popular de magistrados de altas cortes han girado en torno a la previa selección de candidatos realizada por el cuerpo legislativo. Acerca de esa preselección, las impugnaciones más frecuentes han señalado la ausencia de una evaluación técnica de méritos y el carácter predominantemente político del proceso. En la votación, el porcentaje resultante de sumar votos nulos y en blanco rozó el 60% de los votos emitidos. Sean cuales fueren las razones explicativas de ese porcentaje y sin perjuicio de la legalidad de la elección, el resultado planteó un problema de legitimidad de los elegidos.

Sobre la base de argumentos muy distintos, y en grados asimismo diversos, los principales actores del arco político boliviano manifiestan su insatisfacción con la elección de autoridades judiciales y coinciden en la necesidad de introducir cambios significativos en la forma de designar a las cúpulas de las instituciones del sistema de justicia. Los participantes más activos coinciden en señalar la ausencia de cambios en la administración de justicia durante los últimos años; además, desde el gobierno se pone énfasis en ciertas decisiones cuestionables y, desde los críticos, en la falta de independencia judicial”. (Elecciones judiciales en Bolivia: una experiencia inédita. Luis Pasara, Fundación para el Debido Proceso y Fundación Construir, 2014, páginas 63-64).

En las pasadas elecciones judiciales se han cumplido las disposiciones constitucionales, pero no hubo la suficiente legitimidad en esa designación y los elegidos no gozan de la confianza de los actores políticos (gobierno y oposición), ni de la sociedad en su mayoría; el Presidente ha incidido en que ha sido una equivocación esa forma de elección, “Evo Morales abrió hoy las puertas a una posible reforma constitucional para enfrentar la crisis de la Justicia en su país, que no pudo ser superada con la elección por voto popular de las máximas autoridades judiciales”. (http://www.infobae.com/2015/01/05/1619076)

Corresponde buscar alternativas para que los elegidos ostenten algún tipo de legitimidad. El Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional en su composición deben alejar sospechas de que son órganos políticos o politizados.

La autoridad judicial en el desarrollo de sus funciones no puede estar sujeta a interés alguno que provenga de fuera del órgano ni admitir presiones para resolver en determinado sentido. Las decisiones no pueden depender de la voluntad de otros órganos de poder, partidos políticos, organizaciones sociales, medios de comunicación social u otras personas. La otra dimensión, la interna, importa que dentro de la organización el juzgador no se someta a intereses de personas que integran el órgano.

Corresponde resaltar que hasta ahora, y pese a mucho debate, no hay un método o sistema ideal para designar jueces. Las personas a ser elegidas no deben representar intereses políticos o de privados, para ello las reglas de selección tienen que ser claras en lo referente a órganos encargados de la preselección de candidatos, la objetividad y transparencia de los procedimientos a seguir, tomando en cuenta (sin excluir otros presupuestos) la honorabilidad, independencia, imparcialidad, conocimientos jurídicos y compromisos en la defensa de derechos humanos, valores democráticos y transparencia.

Además, es importante que se respeten las reglas establecidas aunque los resultados no sean los mejores. Entonces, a los candidatos los tienen que  elegir con consenso para asegurarse que ningún partido o grupo tenga el control de todos los votos  en la nominación de ellos.

A eso se agrega que la discusión sobre el candidato sea con la sociedad; entre expertos, sindicatos, colegios de abogados, universidades; así aumentaría su legitimidad. Tal vez se deban llevar adelante audiencias públicas donde el candidato responda públicamente sobre lo que piensa, cómo decidiría en un caso concreto. Lo que se quiere es que sean sensibles a la legitimidad popular de las leyes, pero que también tenga la suficiente sensibilidad al reclamo de los derechos y la responsabilidad de mantener el derecho más o menos diciendo lo mismo por un tiempo determinado, lo que se llama seguridad jurídica.

Para esto es importante tomar en cuenta que el tiempo de gestión del magistrado (seis años), no es el necesario de aprender lo que se necesita para acordar con sus colegas. Al nombrarle tiene que haber una enorme legitimidad de origen. Cuando un juez se aclimata ya pasaron unos dos años y le quedan apenas cuatro, esto lo pone en una situación como de ansiedad, por el tiempo que queda y porque quiere hacer muchas cosas y lo que requiere es tranquilidad. Por eso, creo importante nombrar a personas idóneas para llevar adelante y a buen destino la administración de justicia, ajustándose a las reglas previstas constitucionalmente.

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