Animal Político

Sobre las elecciones de octubre

De inmediato, debemos iniciar el debate nacional sobre el nuevo reglamento de preselección, selección e información del proceso de octubre (elecciones judiciales).

La Razón (Edición Impresa) / Rose Marie Sandóval es comunicadora social, diputada por Santa Cruz (Unidad Demócrata)

00:00 / 09 de abril de 2017

El Presidente y el Vicepresidente del Estado han sostenido públicamente que “no había sido suficiente incorporar ponchos y polleras para mejorar la justicia” y que cometieron el error de no haber impuesto los criterios de la “meritocracia” en la selección de los candidatos a magistrados. De estas afirmaciones sería lógico preguntarnos si estos dignatarios han comprendido que es indispensable activar un proceso público y fiable acerca de la probidad e idoneidad de los postulantes.

El momento de la verdad… para la Asamblea Legislativa Plurinacional ha llegado. Su responsabilidad histórica de seleccionar a los candidatos debería estar precedida de un procedimiento que verazmente compruebe la probidad e idoneidad y que el mismo esté realizado por instancias confiables para los ciudadanos.

Las bolivianas y bolivianos nos dirigimos a un nuevo octubre que, como siempre, será resuelto por nosotros. La tarea nacional es encaminar democráticamente la constitución de un órgano judicial independiente, transparente, responsable, eficaz y altamente participativo.

Se trata pues de dar seguridad jurídica a todos y cada uno de los bolivianos y sus instituciones, en una situación primaria, nuestra condición básica y de derecho como país, población y Estado; esto que nos hace históricamente Nación.

Vivimos el periodo democrático más largo de nuestra historia, así que sabemos que quienes tienen 18 años están habilitados para votar, que para este cometido debemos estar registrados en el Padrón Biométrico y que debemos asistir a votar en la fecha convocada. También sabemos que en las elecciones judiciales no debe haber campaña política y por eso nuestra preocupación es cómo serán preseleccionados los candidatos.

Estamos hablando de una acción política tan particular, pero que tiene un efecto general que debe garantizar la seguridad de nuestra condición de pertenecía a la nación, a través de un órgano pertinentemente eficaz que nos administre a derecho e imparta justicia para todos.

Debo reconocer que el valor democrático que tiene la propuesta del Movimiento Demócrata Social, “Propuesta para la reforma del sistema de administración de justicia”, que contiene, además, un proyecto de ley para la preselección independiente de candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, estriba en el recojo sistemático y responsable de la percepción ciudadana y en estudiosos de la temática; también toma en cuenta las expectativas y propuestas de los mismos.

Un tema de esta magnitud sobrepasa cualquier interés o cálculo partidario; necesitamos un logro, pues el error sería el desastre. La ruta política responsable es:

a) La preselección debe estar encargada a instituciones nacionales académicas especializadas, a instituciones profesionales especializadas y a la institución encomendada por ley para la defensa de los derechos.

b) Debe existir veedores de organizaciones internacionales especializadas en derechos.

c) Debe institucionalizarse la evaluación continua.

d) Debe crearse el observatorio de la justicia boliviana.

e) Debe instituirse la Rendición de Cuentas.

La preselección deberá ser homologada y ratificada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, así las bolivianas y los bolivianos daremos legitimidad al encauzamiento responsable para contar con un verdadero Órgano Judicial y un Tribunal Constitucional. En esto radica lo histórico de los hechos, en el eco eterno de una acción política, y no en el machacón y majadero sainete de vociferar sobre lo histórico.

Coherencia, eso reclama la historia de los actores; prescindir de ello solo desnuda un enfermizo prorroguismo, donde el concepto del cambio se convierte en un impulso mecánico de mutaciones constantes que tratan de arrebatarnos nuestra condición natural e histórica de bolivianos.

El conocimiento ciudadano del proceso es crucial para la legitimación del mismo. La tarea del presente es ocuparnos en la elaboración de un reglamento ampliamente participativo que dé confiabilidad y calidad de las fuentes de información al ciudadano. Que establezca cómo pueden y deben hacerse las etapas para permitirle al soberano decidir a quiénes elegirá para acceder a la justicia, y acercar a la justicia a los ciudadanos, con certidumbre de igualdad.

No hay campaña, pero para migrar de votar a virtuosamente elegir, se impone un irrestricto proceso de información de la preselección, de la selección y de los seleccionados.

Las acciones políticas se miden por un sincero fortalecimiento institucional, una robusta participación ciudadana y una plena observancia al Estado de Derecho.

Así planteadas las cosas, en forma inmediata debemos iniciar el debate  nacional sobre el nuevo reglamento de preselección, selección e información del proceso de octubre.

El primer punto en la agenda es convocar a las instituciones y organizaciones especializadas técnicamente y constituir la primera mesa ciudadana de trabajo; el segundo es convocar a los medios de comunicación; y, el tercero es invitar a los organismos e instituciones internacionales veedoras. El resultado de esta primera fase será contar con el diseño del proceso participativo del nuevo reglamento.

Lo contrario y no deseado mostraría un nefasto episodio de los sectores más obcecados del oficialismo: “dotarse de un nuevo Órgano Judicial y Tribunal Constitucional para resolver la repostulación de su único y eterno candidato”. Esto agudizaría la inseguridad jurídica en y de la Nación y, por supuesto, la inseguridad jurídica también de las bolivianas y los bolivianos.

Lo reflexionado en estas líneas se enmarca en el respeto de lo establecido en la Constitución y, por supuesto, en los trágicos resultados de este último sexenio, que dramáticamente para Bolivia pasará a la historia como una de las épocas más negras de la “justicia”, que aún se debate salvajemente por las directivas en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, por una parte, y, por juicios de responsabilidades, por otra.

En política no hay dobles discursos, lo que puede evidenciarse es una disfunción política del discurso, esto sucede cuando lo dicho no corresponde a la realidad.

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