Animal Político

Un exabrupto judicial contra Evo Morales

La supuesta denuncia presentada por la diputada Norma Piérola en La Haya es una falacia. Aquel tribunal no es capaz de atender trámites a título  personal, mucho menos si no se tratan de casos de lesa humanidad o de guerra.

La Razón (Edición Impresa) / Alfredo rada / La Paz

00:00 / 10 de febrero de 2013

Días atrás, la diputada Norma Piérola sorprendió al ambiente político al anunciar que había presentado en la Corte Penal Internacional de La Haya una demanda contra el presidente Evo Morales. Rápidamente varios medios de comunicación amplificaron la noticia, olvidando las repetidas veces que sobre diversos temas esa legisladora mintió públicamente. Esta vez no fue la excepción, pues afirmó que “la demanda ha sido admitida”. Luego se constató que no hubo tal admisión y que a la señora sólo le dieron una nota de recepción de documentación.

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal que tiene personalidad jurídica internacional y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los términos del Estatuto de Roma, que es su norma fundacional. Tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos (Holanda).  

El origen histórico de la CPI es la creación de los tribunales internacionales de Nuremberg y Tokio, para juzgar a los criminales de guerra de Alemania y Japón por los delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en los albores de la creación de la ONU, el Consejo de Seguridad encomendó a un panel de expertos explorar la posibilidad de establecer una corte permanente de justicia en materia criminal, complementaria a su principal órgano judicial, la Corte Internacional de Justicia. La idea prosperó después de la Guerra de los Balcanes y las denuncias de “limpieza étnica” en Yugoslavia (1991-1995) y del genocidio en Ruanda (1994).

Por estos trágicos hechos y por el desarrollo alcanzado por el derecho internacional, se celebró en la ciudad de Roma una Conferencia Diplomática de Estados miembros de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional, en cuya acta final, suscrita el día 17 de julio de 1998, se estableció la CPI.

El órgano entró en vigencia a partir del 1 de julio del 2002. Su competencia y funcionamiento se rigen por las disposiciones del mencionado Estatuto de Roma. El EstadoPlurinacional de Bolivia ha ratificado el Estatuto de Roma mediante Ley 2398, del 24 de mayo de 2002, y ha realizado depósito del instrumento el 27 de junio de 2002.

La CPI es una instancia judicial que complementa y no reemplaza ni sustituye a los órganos judiciales de cada país. Ha sido creada por los Estados con el objetivo de juzgar los crímenes de guerra y de agresión, de genocidio y de lesa humanidad. Se trata de casos realmente particulares, de crímenes gravísimos que pueden ser cometidos en guerras entre países o en sangrientas confrontaciones (guerras civiles) dentro de los países. Como fácilmente se puede colegir, ninguna de ambas situaciones se ha presentado en Bolivia y menos en la última década, por lo que la demanda de marras no tiene fundamento material o jurídico para prosperar.

Pero el costoso viaje a Europa forma parte de una campaña internacional de desprestigio contra el gobierno de Evo Morales. ¿Quiénes patrocinan estas acciones de agravio contra nuestro país?, ¿de dónde sale el dinero para traslados y looby?, ¿hay una estrategia política extranjera de la que la diputada cochabambina es únicamente operadora?

Piérola, lo mismo que su jefe partidario, Manfred Reyes Villa, es activa militante que ha participado de varias reuniones de una organización denominada UnoAmérica, que es una plataforma política de extrema derecha conducida por el venezolano Alejandro Peña Esclusa, personaje que tuvo protagónica participación en su país en el fracasado golpe antichavista del año 2002. Esta plataforma se formó en diciembre del año 2008 en la ciudad de Bogotá (Colombia) con el objetivo de cerrar el paso al “Foro de Sao Paolo” en el que está aglutinada la izquierda latinoamericana.

En uno de los párrafos de la declaración con la que se fundó UnoAmérica puede leerse: “Actualmente hay 14 países latinoamericanos, cuyos gobiernos pertenecen o están vinculados al Foro de Sao Paolo, y aunque llegaron al poder por la vía democrática, muchos de ellos están destruyendo la democracia y coartando las libertades, como es el caso de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Kirchner y Daniel Ortega”. Puede verse que las campañas de ataque a estos presidentes se dan en aplicación de esta línea política.

La investigadora argentina Stella Calloni ha descubierto los lazos financieros que la organización derechista tiene con la National Endowment for Democracy (NED), que según publicó en marzo de 1997 el New York Times: “Se creó para llevar a cabo públicamente lo que ha hecho subrepticiamente la Central Intelligence Agency (CIA) durante decenios. Gasta 30 millones de dólares al año para apoyar a partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios informativos en docenas de países”.Además, UnoAmérica recibe fondos de la Fundación para el Análisis Económico Social (FAES), que dirige el expresidente español José María Aznar. Sería muy interesante seguir la evolución de las investigaciones que actualmente se efectúan en España, a propósito del escandaloso desvío de “dinero oscuro” proveniente de manejos corruptos en la administración pública a las cuentas del Partido Popular (PP), del cual es uno de sus dirigentes históricos el propio Aznar, cuya Fundación pudiera haberse beneficiado con parte de ese botín.

No puedo concluir estas líneas sin referirme a un caso similar al exabrupto judicial contra Evo. La misma aberrante forma de acusación la aplicó hace seis años el exfiscal general Mario Uribe contra mí, tratando de inculparme nada menos que de genocidio por los sucesos de noviembre de 2007, en Sucre. En mi defensa, para aclarar lo sucedido y para poner en evidencia las inconstitucionalidades e ilegalidades cometidas por Uribe, escribí junto a la periodista Luisa Limachi un libro titulado Historia de una conjura, cómo intentaron hacer fracasar la Constituyente. Hoy que el proceso de cambio sufre este ataque internacional, deberíamos escribir otro libro en el que pongamos en evidencia que la derecha boliviana, por un cálculo político doméstico, no vacila en traicionar a la patria en los foros internacionales.

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