Animal Político

Es más fácil vender que producir

Son nueve años que siguen comercializando ropa usada, difícil imaginar que aún mantienen el mismo stock, lo real es que las prendas que comercializan son producto del contrabando.

La Razón (Edición Impresa) / Víctor Ramírez Medina es diputado y presidente de la Brigada Parlamentaria de La Paz

00:00 / 30 de abril de 2017

Este tema revive la época de la hiper- inflación, cuando la crisis económica que atravesaba el país era insostenible, los organismos internacionales en su afán de coadyuvar vieron la oportunidad de mitigar la situación con el envío de ropa usada en carácter de donación para las familias que atravesaban pobreza.

Tras este periodo que golpeó muy duro al país, en agosto de 1985, el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro con su frase: “Bolivia se nos muere” promulgó el Decreto Supremo 21060 que delineó el libre mercado y una nueva era político-económica, que cerró el ciclo del Estado, destruyendo la industria nacional.

Así, la década de los 80 se caracteriza por el cierre de grandes empresas como Soligno, Forno y otras que quebraron a consecuencia de la mala política económica aplicada, pero primordialmente porque el mercado comenzó a llenarse de prendería usada que apareció seguramente por los fardos que no se entregaron a la población y que se aprovecharon para comercializar. Este cierre de empresas ocasionó que las familias queden desprotegidas en un escenario incierto por el despido masivo de trabajadores/as y la paralización de empleo sostenible, lo que a su vez provocó la migración al extranjero de hermanos/as bolivianos/as a países como Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, entre otros. Esta etapa marcó la destrucción de hogares bolivianos, la desunión familiar, hijos sin control capturados por el vicio; en suma, todas como muestra del alto costo que marcó la vida de bolivianas/os.

Otra consecuencia fue que el gran importador (peces gordos) de prendas usadas cambió la visión de la población para que no compre prendas nuevas y usó como anzuelo los precios bajos de desechos de ropa que en otros países es considerada basura, alimentando al comercio irresponsable de la prendería usada, sin pensar en las consecuencias salubres y medioambientales que ocasionaría ese tipo de mercancía.

Para el comerciante es más fácil vender que producir, se extiende la conducta de omitir tributos con la excusa de la pobreza. Esto cambia la imagen de un país productivo, donde el microempresario era el mejor cliente bancario para obtener créditos y cumplirlos.

La conducta de los comerciantes asume que a menos impuestos, gana más y mata sistemáticamente la producción nacional, ahoga fuentes de empleo a costa del comprador que se imagina que adquiere productos con mayor calidad que uno nuevo. Tarde nos dimos cuenta de que esos productos son desechos que ni el precio que se paga es el justo.

En mayo de 2006, la Conamype Bolivia, que tenía 12.000 productores, se pronunció en una masiva marcha en protesta contra la comercialización de ropa usada, ya que por mucho tiempo este comercio informal dañó severamente e irremediablemente la producción del micro y pequeño empresario, devaluando de manera considerable la producción boliviana, obligando a ingresar en una competencia desleal de precios. Las microempresas legalmente constituidas en el país se cerraron.

Los dirigentes de ropa usada no respetan la Ley de Aduanas Nº 1990 que “no permite la importación o ingreso aduanero nacional de mercaderías nocivas para el medio ambiente, la salud y la vida humana…”.

De la misma manera, el Decreto Supremo Nº 28761 trató de solucionar esta situación, prohibiendo la importación y comercialización de la prendería vieja, desechos, desperdicios, ropa íntima, de cama y de tocador a territorio nacional a partir del 21 de abril de 2007. En acuerdo suscrito con el Gobierno a solicitud de la dirigencia de la ropa usada, se amplió a dos años adicionales hasta 2008, para proseguir con la comercialización de estas prendas, la excusa fue hasta agotar el stock. Desde el final de la prórroga (1 de marzo 2008) hasta ahora son nueve años que siguen comercializando, difícil imaginar que aún mantienen el mismo stock, lo real es que las prendas que comercializan son producto del contrabando y esto dio surgimiento a peces gordos, cuidados por los comerciantes que sin darse cuenta son su carne de cañón.

Luego, el Estado pretendió cambiar el producto de venta usada y creó el Programa de la Reconversión Productiva y Comercial, que es el mecanismo para reorientar la matriz comercial hacia una matriz de generación de empleo y nuevos emprendimientos productivos. Es el Decreto Supremo Nº 29208, que permite la obtención de créditos para los comercializadores de prendería usada a una tasa de 6% de interés para el sector productivo y 8% para el sector comercial; hasta el momento se ha desembolsado un total de Bs 14.809.805, los cuales no han dado ningún resultado de reconversión, nuevamente incumpliendo totalmente el registro que permitiría generar políticas públicas para ese sector comercializador.

Ya han transcurrido 11 años y la acción de los vendedores de ropa usada ha sido prácticamente nula incurriendo en delito. Cuando en el país existe estabilidad y un crecimiento económico sostenido.

Cabe recalcar que el control de las alcaldías no ha sido de los mejores tras permitir que esta venta ilegal se apodere de calles y sea de libre acceso, legalizando estas operaciones por medio del pago de patentes, incluso cuando existe la prohibición establecida por ley haciendo caso omiso a las normas legales vigentes.

No se puede cuantificar el número de comercializadores, debido a que los dirigentes no permitieron el registro real de los vendedores de ropa usada, pero claramente se puede observar que en el mayor mercado de ropa usada como es la feria 16 de Julio de El Alto, aproximadamente el 45% comercializa ropa nueva.

Un nuevo proyecto de ley, la de “asignación competencial para la comercialización de mercadería usada”, fue elaborado para entregar competencias concurrentes al nivel central del Estado y los municipios para que éstos tengan la autoridad de decomisar, prohibir y al mismo tiempo eliminar la autorización de  licencias de funcionamiento.

Finalmente, la Ley 393 es una plataforma de crédito accesible con una tasa de interés preferencial y el proyecto de ley del fondo Mype permite dinamizar, fomentar y potenciar con tecnología al sector microempresario del país. Lo importante de estas dos leyes es que generarán empleo, evitando que más bolivianos/as emigren a otros países, y dignificarán el aparato productivo del país.

Asimismo permitirán que nuevas generaciones de profesionales puedan emprender y desarrollar sus habilidades y capacidades productivas o empresariales y generar nuevos emprendimientos, coadyuvando al desarrollo empresarial del sector público y productivo Por una Bolivia productiva con dignidad y soberanía.

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