Animal Político

El factor político sobre las pensiones

Una de las tareas pendientes es encontrar nuevas fuentes de ingreso para fortalecer la sostenibilidad del Fondo Solidario.

La Razón (Edición Impresa) / Óscar Tapia

00:00 / 24 de septiembre de 2017

El Sistema Integral de Pensiones (SIP), aprobado a través de la Ley 065 el 10 de diciembre de 2010, mantiene el espíritu individualista y mercantilista. El sistema está maquillado con el régimen semicontributivo (Pensión Solidaria de Vejez) y persiste con aportes al sector laboral para generar la renta de jubilación.

Para acceder a una renta de jubilación se establece una calificación del referente salarial con base en las últimas 24 boletas de pago (24 meses), teniendo 30 años o más de aportes para el sector minero y 35 años o más para los demás. Si se cumple con este requisito, la renta no puede ser menor al 70% del referente salarial, pero está condicionada a salarios bajos registrados hasta antes del conflicto de 2013.

Después de tres años de vigencia del Sistema Integral de Pensiones, el Fondo Solidario se hace insostenible por las calificaciones de rentas miserables que llegan al 20%, 30% y 40% del referente salarial, es decir Bs 800, Bs 1.100 y Bs 1.500. Por ello, en el pliego único nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) de 2013 se planteó la modificación de la Ley 065 y el Reglamento 822 y ante la negativa del Gobierno se declaró una gran movilización de 15 días en mayo de ese año.

Tras meses de dilación del Ejecutivo se lograron, el 10 de septiembre de ese año, dos convenios. El primero fue para cambiar los artículos 17 y 131 de la Ley 065 y modificar los límites solidarios de Bs 3.700 a Bs 4.000 para el sector minero y de Bs 2.600 a Bs 3.200 para el resto de los sectores laborales. Con la promulgación de la Ley 430 se consolidó ese incremento, aunque no en la magnitud de las aspiraciones de los trabajadores asalariados.

Luego se firmó el segundo convenio para ajustar el Decreto reglamentario 822 y poner en vigencia plena la Ley 065 y se pudo cambiar varios artículos del Decreto 1888 de 2014.

En 2015, se desarrolló el estudio matemático actuarial del Fondo Solidario para determinar la situación real de este régimen. Se recomendó revisar periódicamente ingresos y egresos, incrementar el aporte patronal y una posible elevación de los límites solidarios. Empero, el Gobierno echó al canastillo el estudio matemático actuarial realizado por una firma argentina que tiene fundamentos técnicos para perfeccionar las rentas y la sostenibilidad del Sistema Integral de Pensiones.

La Ley 065 establece la modificación de los límites solidarios cada cinco años, pero la COB considera que la  reforma se debe hacer cada tres años.

Ante esto, en octubre de 2016 se convocó al Comité Ejecutivo de la COB para analizar un nuevo incremento a los límites solidarios y la primera oferta que hizo el Gobierno fue de un alza de Bs 200, la cual fue rechazada por ser insuficiente.

El 23 de noviembre de 2016, la COB planteó un incremento de Bs 1.000 al sector minero y Bs 800 para el resto. El Viceministerio de Pensiones advirtió que la propuesta ponía en riesgo la sostenibilidad del Fondo Solidario.

A raíz de ello, la COB propuso cambiar el aporte tripartito (patronal, laboral y estatal) para buscar nuevas fuentes de ingreso y fortalecer el Fondo Solidario para incrementar los límites solidarios en rangos salariales que sean igual o menos de Bs 10.000 con el 70% del referente salarial y una sostenibilidad mayor a los 30 años del SIP.

Ante la negativa del Ejecutivo, se suscribió un convenio con el ministro de Economía, Mario Guillén, para reformar los límites solidarios. El pacto fue aprobado en julio durante un ampliado nacional celebrado en Sucre.

El 7 de septiembre, el Ejecutivo      —en su afán de dividir a los trabajadores y de desconocer a la COB— convocó a sus allegados y suscribió la modificación de los límites salariales en Bs 1.000 para todos los sectores, es decir de Bs 4.000 a Bs 5.000 para los mineros y de Bs 3.200 a 4.200 para el resto y la jubilación con el 70% del salario.

En ese sentido, el Comité Ejecutivo Nacional de la COB aclara que el aumento acordado no es ningún regalo de nadie porque son recursos de los trabajadores y la Ley de Pensiones no solo abarca los límites solidarios, pues el acuerdo no es más que una acción política para descalificar a la COB con miras a la reelección presidencial.

Esperemos que los aumentos de los límites solidarios no estén condicionados a que los trabajadores deban jubilarse a partir de cierta edad, pues la jubilación es un derecho y no una obligación y no es un cheque en blanco para invertir en áreas de alto riesgo o de recuperación como el agropecuario.

En esa línea, hay muchas tareas por hacer por el Sistema Integral de Pensiones como hallar nuevas fuentes de ingresos para fortalecer la sostenibilidad del Fondo Solidario, reanudar el tratamiento del reglamento de la Ley 065 y consolidar una reunión con el plantel ejecutivo de la Gestora Pública que manejará los fondos de pensiones que suman unos $us 15.000 millones.

  • Óscar Tapia es secretario de Finanzas de la Central Obrera Boliviana (COB)

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