Animal Político

Ante el falso y perverso debate

Despenalizar el aborto es un tema político, pues no hay nada más político que la vida. La legalización implicará la prevención de abortos, sacar a las mujeres del abuso de la clandestinidad, comprometerse por la reducción drástica de la mortalidad materna. Las mujeres somos capaces de decidir sobre nuestro cuerpo.

La Razón / Marcela Revollo Quiroga

00:01 / 04 de agosto de 2013

El recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado por Patricia Mancilla, diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), ha reabierto el más viejo de los debates: ¿tenemos las mujeres capacidad para decidir sobre nuestro cuerpo y tomar decisiones que afecten nuestra vida? El debate sobre el aborto despierta todas las pasiones y descubre imposturas discursivas.

Al margen de las posiciones individuales de tres ministras y un ministro, lo evidente es que el Presidente y el Vicepresidente ya han cerrado el debate incluso para el Tribunal Constitucional al declarar al aborto como un delito con “excepciones”.  Y por ello es un debate sin destino.

Despenalizar el aborto es un tema político en sentido amplio, porque no hay nada más político que la vida, la defensa de los derechos, la libertad y la autodeterminación en la relación de las ciudadanas y ciudadanos individual o colectivamente frente al Estado. Como también es una actitud política dar la cara a los problemas, o acogerse al cálculo político como lo hace el MAS, y por las declaraciones de algunos diputados, también Convergencia Nacional (CN).

1. Los datos de la penalización de aborto: De acuerdo con varias fuentes de información sistematizadas por la Campaña 28 de Noviembre, en Bolivia se practican 70.000 abortos por año; 192 por día. Es la tercera causa de mortalidad materna (235 mujeres fallecen en Bolivia por 100.000 nacidos vivos). De ese total, 9,1% muere por complicaciones derivadas de aborto realizado en condiciones de riesgo, según datos extraídos de la Encuesta Post Censal de Mortalidad Materna de 2002. Datos que sólo son referenciales para uno de los secretos más difundidos en nuestra sociedad, porque todas y todos sabemos que un censo no captura la información real sobre la mortalidad materna y menos todavía las causas. Para captar estos datos se requiere contar con registros institucionales hospitalarios serios. Pero mientras estemos en el terreno de clandestinidad, solamente se presume la información.

¿Qué otros datos podemos esperar cuando en 2010, en Bolivia, el 61% de las mujeres no usaba métodos anticonceptivos modernos? El 48% tuvo al menos un embarazo no deseado en su vida. El 13% tuvo al menos un aborto inducido. Es decir, las mujeres no tienen información ni acceso a programas de salud sexual y de salud reproductiva.

Frente a ello está un Gobierno que no establece políticas de educación, información y prevención, y se convierte en parte del problema porque sus acciones están sustentadas en prejuicios y cálculos políticos y no en la aplicación de derechos, garantías constitucionales y tratados internacionales, es el caso del Gobierno del MAS. 

En las últimas semanas —como siempre— el debate sobre el aborto ha dejado de lado dos componentes que hacen a la realidad del problema: primero, la situación social de las mujeres bolivianas; los datos vergonzosos de violencia física, sexual, psicológica, trabajos mal pagados, la mayoría de ellos sin seguro social; hechos cotidianos de asesinatos por odio de género (feminicidio), trata y tráfico de personas, prostitución, mortalidad materna en la atención del parto, entre otros. Y segundo, la responsabilidad masculina: tal parece que las mujeres en este país se embarazan solas y los hombres no tienen responsabilidad, ni siquiera cuando se niegan a usar preservativos, o cuando rechazan su responsabilidad paterna.

En ese contexto, no podemos dejar de mencionar el cinismo de los poderes estatal y religioso cuando toman una decisión colectiva sobre un hecho individual que recae plenamente sobre el cuerpo y la vida y la responsabilidad de las mujeres; sino veamos cuál es el apoyo que los gobiernos dan a las mujeres que deciden tener un hijo no deseado o fruto de violaciones, incesto o chantaje. Es cercano a cero, porque “el deber ser” que los gobiernos y las iglesias les dictan a las mujeres no tiene correspondencia con el cuidado efectivo que les dan. Por ejemplo, en referencia al Estado, una mujer boliviana, ¿qué necesidades puede cubrir con el Bono Juana Azurduy, con Bs 200 antes del parto y Bs 120 después, y Bs 1.500  en los dos primeros años del hijo o hija, y sin ningún otro apoyo en el cuidado?

2. El contexto jurídico y la administración de justicia de la penalización: El artículo 66 de la Constitución Política del Estado reconoce explícitamente los derechos sexuales y los derechos reproductivos; en correspondencia a los principios y normas de acuerdos internacionales y regionales que garantizan igualdad, equidad y no discriminación a las mujeres de todas las edades. El Código Penal establece las circunstancias en que el aborto es impune: sea consecuencia de una violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto o, cuando la vida o la salud de la madre están en peligro.

Sin embargo, en estos casos concretos ni el Órgano Judicial ni el sistema de salud han asumido con responsabilidad medidas destinadas a hacer cumplir los mandatos del Código Penal, y miles de mujeres bolivianas, especialmente menores de edad con embarazos producto de violaciones, incestos o a muy corta edad, y mayoritariamente pobres, se han visto forzadas a ser madres; por tanto, la penalización en todos los casos está vigente de hecho en el país.

Ante el falso y perverso debate sobre quién tiene derecho a quitar la vida o cuándo empieza la vida, lo evidente es que el Código Penal ya jerarquiza el valor de la vida, es decir, para el asesinato dicta una pena de hasta 30 años de cárcel; para el aborto (con agravantes), entre tres y ocho años y para el infanticidio, hasta tres.

En suma, despenalizar el aborto es prevenir abortos, sacar a las mujeres del abuso de la clandestinidad, comprometerse por la reducción drástica de la mortalidad materna e invertir en el cuidado y respeto en la salud sexual y la salud reproductiva  de mujeres con corresponsabilidad de los hombres. Saber que la despenalización no obliga a ninguna mujer a someterse a un aborto ante cualquier circunstancia y, por el contrario, que debe garantizar la protección del Estado y la sociedad.

Finalmente, las mujeres somos capaces de decidir sobre nuestro cuerpo y ser responsables de nuestros actos; respetar este dato de la realidad, sin lugar a dudas, exige una verdadera revolución intelectual y moral.

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