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Otra forma de democratizar la justicia

La conciliación forma parte de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC), que a consecuencia de cambios económicos, sociales, culturales y políticos que se han dado en el mundo, se han transformado en el transcurso del tiempo y han adquirido nuevo alcance, sentido y función.

La Razón (Edición Impresa) / Antonio Aramayo Tejada es Director Ejecutivo de la Fundación UNIR Bolivia

00:00 / 19 de febrero de 2017

La justicia camina con la paz y está en relación constante y dinámica con ella. La justicia y la paz tienden al bien de cada uno y de todos, por eso exigen fortaleza y verdad. Cuando una se ve amenazada, ambas vacilan; cuando se ofende la justicia también se pone en peligro la paz.

Justicia de Paz y Derecho Administrativo son dos desarrollos normativos e institucionales que valen la pena rescatar para la promoción de la paz y la justicia mediante procedimientos accesibles y eficaces como propone la conciliación, tanto intra como extrajudicial.

La conciliación forma parte de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC), que a consecuencia de cambios económicos, sociales, culturales y políticos que se han dado en el mundo, se han transformado en el transcurso del tiempo y han adquirido nuevo alcance, sentido y función.

Los MARC cuentan con una gama de mecanismos y procesos destinados a coadyuvar en la solución de controversias, que no tienen la intención de suplantar la justicia ordinaria, sino complementarla y atenuar la exclusividad monopólica de la jurisdicción judicial en la gestión de conflictos, contraponiendo procesos flexibles y amigables.

Incentivan la participación directa de las partes y respetan su capacidad, logrando una nueva forma de entender el conflicto lo que impacta en la cultura y el sistema de relaciones sociales. El ámbito de incidencia de los MARC se ha desarrollado significativamente, sobrepasando el marco de los clásicos conflictos civiles, comerciales y familiares, extendiendo la aplicación de la conciliación o mediación a los ámbitos vecinal, educativo, internacional, familiar, político, organizacional y comunitario, ejemplos sobran.

Estos métodos alternativos lograron una nueva mirada multidimensional de los conflictos, que ya no se ven como problemas exclusivamente jurídicos y cuyo tratamiento abarca diferentes dimensiones: personal, relacional, cultural y estructural.

NORMA. En las dos últimas décadas, la aplicación del arbitraje, la conciliación y otros medios alternativos de resolución de conflictos se vio limitada por un claro condicionamiento jurídico, cultural e ideológico que los consideró carentes de base constitucional y legitimidad, así como la expresión de una suerte de “justicia privada” incompatible con la función jurisdiccional del Estado.

En este contexto se asumió a la conciliación como una política pública, a partir de la promulgación de la Ley 025 del Órgano Judicial, de junio de 2010, que establece y regula la conciliación judicial, como primera actuación procesal (Artículo 65) y medio de solución inmediata de conflictos, estableciendo la obligación de los jueces de promoverla en ciertas materias, así como determinando los requisitos para acceder al cargo de conciliador, la forma de designación, sus obligaciones y la suplencia de los mismos.

Como otra medida para facilitar el acceso ciudadano a la justicia, en junio de 2015 se promulgó la Ley 708 de Conciliación y Arbitraje que incluye a la Conciliación Extrajudicial, que busca no solo ampliar el acceso a la justicia —especialmente a sectores más vulnerables— sino que también introduce, en el marco de la cultura de paz, métodos pacíficos de solución de conflictos, que permiten empoderar a las partes para que propongan soluciones y adopten acuerdos mutuamente satisfactorios, tanto a través del diálogo como de la negociación. Como afirma Jean Francois Six, la conciliación es una especie de contrapoder destinado a mejorar las relaciones entre la justicia y el ciudadano.

CENTRO. ¿Por qué constituir un Centro de Conciliación Extrajudicial? Como señalamos anteriormente, este nuevo modelo de conciliación extrajudicial debe fundarse en el protagonismo general de la sociedad civil y en particular de las partes en conflicto, como sujetos jurídicos directamente interesados en la solución de sus controversias y dotados de dignidad para restaurar y preservar sus relaciones y capacidad para realizar actos de disposición patrimonial.

La construcción sostenible tanto de la conciliación intrajudicial como de la extrajudicial, requiere de varios ejes movilizadores: voluntad política, institucionalidad, socialización, una necesaria articulación y ampliación a más actores, así como la generación de nuevo conocimiento que aporte con el entendimiento de un proceso que si bien es complejo es fundamental para democratizar la justicia.

Destacan dos razones para crear un Centro de Conciliación Extrajudicial: por un lado, la alta demanda social por superar la retardación de la carga procesal y mejorar las condiciones de acceso a justicia (en la pasada gestión la carga procesal fue de 677.500 casos y solo pudo atenderse el 47%; un dato no menor es que en el país existe un juez para cada 10.000 habitantes); y por otro, si bien la conciliación ha ingresado desde febrero de 2016 en la agenda pública, el avance del proceso es complejo y debe aún superar la cultura del litigio arraigada profundamente en la ciudadanía y en los operadores de la justicia.

Ante esta situación UNIR más otras instituciones de la cooperación y de los ámbitos público y privado nos planteamos una estrategia que contempla: conectar e interrelacionar a los actores relevantes para impulsar la conciliación en Bolivia; fomentar alianzas para fortalecer la democratización de la justicia; promover el desarrollo de una “levadura social estratégica” que siente las bases para la institucionalización de la conciliación y la cultura de paz en nuestro país; y coadyuvar a la reestructuración del sistema judicial. En esta dirección, nuestra organización durante las dos últimos años —con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia y la apertura de instancias del órgano judicial— desarrolla  capacidades en conciliación en más de 600 jueces de todo el país y en 144 conciliadores intrajudiciales de los nueve departamentos para que se incorporen al Órgano Judicial, en cumplimiento a la Ley 025 y el nuevo código de procedimiento civil.

Para materializar dicha estrategia, UNIR Bolivia decide conformar un Centro de Conciliación Extrajudicial, sustentado por su experiencia de más de 12 años en la incorporación y aplicación de métodos alternativos como el diálogo y la negociación, en la promoción del derecho a la paz así como en los principios y herramientas de la gestión constructiva de conflictos. Con base en esta experiencia, el Centro se propone brindar servicios de procesos de conciliación extrajudicial en los ámbitos familiar, comercial, contractual, vecinal y escolar.

Si bien los resultados de una reforma al sistema judicial se dejan esperar, decidimos no enfrascarnos solamente en la crítica, sino actuar como instancia de la sociedad civil que propone y construye. Este enfoque estratégico está orientado a la construcción de una cultura de paz establecida en la CPE (expresamente en su preámbulo y en el artículo 10) cuya edificación forma parte de un proceso complejo y de largo aliento; estamos convencidos de que es un desafío posible, en la medida que lo imaginemos, lo proyectemos y empecemos a construirlo.

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