Animal Político

No fue golpe de Estado

El cambio de gobierno no fue un golpe de Estado, ni por las formas ni por sus resultados.

La Razón (Edición Impresa) / Roberto Laserna, es economista y sociólogo

11:00 / 05 de diciembre de 2019

Edward Luttwack en su libro Coup d’Etat define al golpe de Estado como una forma específica y muy precisa de remoción de autoridades principales del gobierno, que “consiste en la infiltración de un pequeño pero crítico segmento del aparato estatal, el cual es usado luego para desplazar el control del gobierno sobre el resto”. Es una acción que se produce desde adentro del gobierno y que culmina con el cambio del mismo, reemplazando al liderazgo principal desde el propio aparato estatal, por eso pone énfasis en la idea del desplazamiento de un liderazgo por otro.

Desde esa definición, lo que se produjo en Bolivia entre el 21 de octubre y el 10 de noviembre no fue un golpe de Estado, y mucho menos un golpe militar. Fue una forma combinada de insurgencia o insurrección que comenzó con protestas masivas, que escalaron sus demandas y culminaron en una sucesión legal. 

La confusión de muchos autores nace del hecho de que en la vida real las formas de la remoción política de los líderes no son tan puras y simples como en la teoría, sino que se presentan, como en el caso que nos ocupa, de forma combinada.

La remoción de Daniel Salamanca, por ejemplo, fue el resultado de un pronunciamiento militar. En plena guerra y en un acto que lindaba con la traición a la patria, la jerarquía militar se pronunció pidiendo la sustitución del Presidente por su vicepresidente, Tejada Sorzano, en 1934.

En diciembre de 1943, una fracción militar, con apoyo de una logia civil, ocupó con audacia el gobierno y colocó en la presidencia al mayor de ejército Gualberto Villarroel.

Fue un típico putsch, dirigido en este caso contra Enrique Peñaranda.

Golpes militares clásicos fueron el que dio el Gral. Alfredo Ovando al presidente Siles Salinas, el 26 de septiembre de 1969. El de Juan Velasco Alvarado contra Fernando Belaunde en 1968, en el Perú, y el de Augusto Pinochet contra Salvador Allende en 1973, en Chile. En estos tres casos la presión provino de las Fuerzas Armadas bajo el liderazgo de su Comandante General, por lo cual fue desde adentro que se desplazó al presidente y su gabinete, reemplazándolos de inmediato.

No siempre los golpes de Estado fueron militares. En 1973, Juan María Bordaberry desplazó desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional uruguaya y algo similar hizo Alberto Fujimori contra el Congreso del Perú en 1992.

La historia muestra también procesos combinados. Puede haber un golpe de Estado que fracasa y es seguido de una insurrección, como ocurrió entre el 9 y el 11 de abril de 1952. El 9 se levantó el capitán de carabineros Antonio Seleme, entonces ministro de Gobierno, pero su golpe fue sofocado y los civiles liderizados por Hernán Siles Zuazo desencadenaron una amplia movilización que culminó dos días después con la posesión de Víctor Paz Estenssoro en la presidencia. De manera inversa, se observó entre septiembre y octubre de 2003 un estado de insurrección contra el gobierno legal, pero que no culminó con sus líderes asumiendo el gobierno, sino en una suerte de golpe blando, en la toma del poder por un segmento crítico que se encontraba en la vicepresidencia. Carlos Mesa no lideró ni provocó las revueltas, pero copó el poder desde adentro con un gesto político que empujó al Presidente fuera del gobierno.

La caída de Paz Estenssoro en noviembre de 1964 puede ser también catalogada como un golpe de Estado, porque lo protagonizó su vicepresidente Barrientos en alianza con el Ejército y su comandante, Ovando.

Podría decirse que la toma del poder por el coronel Banzer fue producto de una mini guerra civil que se inició con un putsch iniciado por el coronel Selich en Santa Cruz, el 19 de agosto de 1971, y concluyó tres días después con la batalla de La Paz. Fue una mini guerra civil porque en ambos bandos actuaron civiles armados junto a fracciones militares. Tanto Wálter Guevara (noviembre de 1979) como Lydia Gueiler (julio de 1980) fueron derrocados por golpes de Estado, en los que las alianzas civil militares que los reemplazaron nacieron desde adentro de sus gobiernos.

Lo sucedido en las tres semanas que transcurrieron entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre de 2019 no entra en la categoría de golpe de Estado, ni de pronunciamiento militar y menos de putsch. Los militares no realizaron una intervención. De hecho, se pronunciaron por no intervenir, limitándose al final, cuando ya todo estaba consumado, a sugerir al Presidente que renunciara para evitar mayores conflictos.

Tampoco hubo una fracción crítica del aparato gubernamental que desplazara al Presidente y su gabinete por la fuerza. La Policía actuó una parte del tiempo obedeciendo las órdenes del gobierno saliente e incluso protegiendo a los grupos civiles que trataban de desarticular las protestas. Cuando los policías se amotinaron, se mantuvieron en sus cuarteles, protegidos (o cercados) por los civiles insurrectos, sin realiza acciones en contra del gobierno de Morales.

Tal vez haya un paralelo con el derrocamiento de Ferdinando Marcos, reemplazado por Corazón Aquino en 1986, luego de una insurrección civil motivada por el rechazo al fraude electoral de Marcos. Los militares influyeron al negarse a apoyar al gobernante, que llevaba 21 años en el poder, lo que llevó a Marcos a abandonar el país el mismo día en que había convocado a celebrar su supuesta victoria electoral. Aquino tomó el mando por su liderazgo en la insurrección, dando por supuesto que había ganado las elecciones.

En el caso boliviano, Morales se sintió forzado a renunciar y así lo anunció desde el Chapare, adonde viajó por voluntad propia y en avión oficial. En ningún momento se produjeron amenazas a su integridad física y su vida nunca corrió peligro. Al final, tampoco tuvo validez legal su decisión de renunciar, porque al aceptar el asilo en Mexico y abandonar voluntariamente el país hizo abandono del cargo. Dos días después, y ante el vacío de poder, debió ser reemplazado por la senadora Jeanine Áñez que era, legalmente, la cuarta en la sucesión constitucional y no había encabezado la insurrección ni formaba parte del gobierno, y tampoco había lanzado las protestas alegando haber sido víctima de fraude, como lo hizo Aquino en Filipinas. Aunque la no intervención de los militares pudo haber tenido también una influencia en el cambio de gobierno, ningún oficial formó parte del proceso insurgente en Bolivia y los generales tampoco permanecieron posteriormente en sus cargos.

Por lo tanto, ni por la forma ni por las consecuencias podría considerarse que la remoción de la jerarquía gubernamental presidida por Evo Morales se hubiera debido a un golpe de Estado. Fue un insurrección o insurgencia ciudadana. Su característica fue el liderazgo difuso y descentralizado, pero que se articulaba entre sí y con las bases movilizadas a través de su motivación fundamental, el respeto al voto y el retorno a la legalidad. Los liderazgos políticos fueron sobrepasados y nunca llegaron a controlar el proceso ni sus motivaciones y, tal vez por eso, tampoco tuvieron la posibilidad de reemplazar a Morales.

A diferencia del golpe de Estado, en el que el poder viene del propio Estado, en la insurrección moral de los jóvenes el poder vino de las calles y desplazó al que llevaba 13 años en Palacio y que, contra todo principio de legalidad, pretendía continuar.

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