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El MAS y su gran dilema

El interés del Gobierno de explotar recursos hidrocarburí- feros en parques nacionales lo guía hacia una contradicción frente a la Constitución: aprovechar los recursos no renovables y, a su vez, preservar el medio ambiente. Las consecuencias vendrán cuando se ejecuten los proyectos.

La Razón / Humber Velásquez

00:04 / 21 de julio de 2013

Si hay algo en común entre el socialismo y el capitalismo es que ambos persiguen el mismo afán de industrializar y depredar el medio ambiente, y el Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha propuesto eso mismo. El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera expresaron en reiteradas ocasiones ese interés. Quizás sea el condicionamiento clave que necesita este denominado proceso de cambio.

Paradójicamente, los gobernantes también se propusieron cuidar el medio ambiente. Sin embargo, hace poco, García Linera afirmó que el Gobierno hará todo lo posible para ingresar a las reservas naturales con el objetivo de explotar su riqueza petrolera para los próximos 50 años, todo ello en el marco del respeto a la madre tierra. Entonces, está claro que existen contradicciones en el discurso gubernamental.

Se supone que hay reservas de gas y petróleo en áreas protegidas como el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). De ser así, ¿cuál sería la posición del Gobierno? Quizás con ese propósito, Morales y su colega de Rusia, Vladimir Putin, firmaron un acuerdo para la exploración de gas y crudo. Asimismo, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, se propuso hacer una campaña intensa para la exploración de hidrocarburos con el objetivo de aumentar las reservas de gas.

El artículo 342 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) señala que es deber del Estado y de la población, conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.

Más allá de los antagonismos, existe una seria intención del Gobierno de explorar y explotar recursos hidrocarburíferos dentro los parques naturales. Al respecto, los pueblos indígenas se han pronunciado y criticaron el doble discurso del Gobierno. El dirigente Adolfo Chávez rechazó enfáticamente que las petroleras, sean estatales o privadas, ingresen a las áreas protegidas, como también el representante del Consejo Nacional de Markas y Ayllus de Qullasuyu (Conamaq) Aurelio Ambrosio, que dijo que el proyecto del Gobierno viola la CPE.

Expuestas las contradicciones y expresadas las objeciones, es posible que en los próximos años haya una confrontación entre desarrollistas y ambientalistas, dos corrientes visibilizadas en el conflicto por el TIPNIS. Unos apoyan la construcción de la carretera por el medio del territorio y otros defienden el derecho de los pueblos indígenas a preservar su hábitat.

El país siempre se movió en función de la explotación de recursos estratégicos. Antes fue la minería y en los últimos años, los hidrocarburos, que reportaron y reportan ingresos importantes para el desarrollo. Por ejemplo, un reporte oficial señala que entre enero y mayo de 2013, el Estado  se benefició con más de 1.372 millones de dólares por concepto de pago de regalías, participación al Tesoro General e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Bolivia vive ahora una bonanza económica atribuida a factores externos y al aprovechamiento de los precios de los hidrocarburos, cuyos beneficiarios directos son las alcaldías, las gobernaciones, las universidades y los ciudadanos de la tercera edad.

No obstante de los cuestionamientos a la nacionalización de 2006, no es un dato menor el que los recursos estratégicos, antes en manos de las transnacionales, estén ahora gestionados por el Estado. Bajo esas condiciones, lo que el país necesita es mayor inversión para la exploración, explotación y producción de gas y petróleo, aunque implique —otra vez— otra contradicción.

Por supuesto, esto tiene características de un capitalismo salvaje en desmedro del medio ambiente, una paradoja para las premisas del socialismo que pregona el Gobierno. Ambas doctrinas no supieron respetar a la naturaleza; históricamente, el Estado empresario actuó como la empresa privada con el propósito de generar la máxima ganancia, claro, con la diferencia de que había una redistribución supuestamente equitativa. Sin embargo, hay límites, como los establece el artículo 30, parágrafo II, numeral 10 de la CPE, que señala que las naciones y pueblos indígena originario campesinos también gozan del derecho “a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas”. Asimismo, manifiesta el derecho del medio ambiente como un derecho colectivo.

El artículo 30, parágrafo II, establece que los pueblos indígenas originarios campesinos tienen derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

O sea, el Movimiento Al Socialismo (MAS) se puso trabas a sí mismo. Sin medir consecuencias, se aferró a la cosmovisión indígena, sin practicarla, siendo en realidad un partido desarrollista que impulsa la industrialización. El MAS no sólo dice responder a la demanda histórica de incluir a los indígenas en las decisiones políticas, económicas, sociales y por su autodeterminación territorial, sino también a la demanda de la industrialización, con el argumento de que el país siempre fue exportador de materias primas.

Con todo ello, lo que se avecina es una ola de conflictos sociales. Los indígenas saben de las pretensiones del Gobierno, por las cuales no estarán dispuestos a ceder en algo que les dio fortaleza; es que tienen potestad de decidir sobre su territorio, como manda la CPE. En cambio, para el Gobierno, se trata de intereses particulares los que motivan las objeciones y se defiende con el argumento de que los recursos estratégicos son de exclusividad del Estado, por los que no estará dispuesto a negociar. Podría haber un resarcimiento económico por el aprovechamiento de los recursos no renovables en un determinado territorio indígena o, quizás, una consulta previa. Si no hay ambas posibilidades, es capaz (ya hay antecedentes) que el Gobierno elija la persuasión a través de prebendas. 

El presidente Evo Morales es considerado y visto en el mundo como un líder indígena; la realidad es otra, él es un campesino y las diferencias entre el campesino y el indígena son profundas. El primero tiene una visión más desarrollista y tiene mayor facilidad para adaptarse al juego del mercado. En cambio, el indígena tiene una mirada más cultural y tiene una relación más armoniosa con la naturales. Lo que pasó es que el Mandatario se apoderó del discurso indigenista, que de alguna manera respondió a la demanda histórica del sector que ahora está plasmada en la CPE.

Lo que se viene es una lucha de contradicciones entre la intención de preservar el medio ambiente y también la armonía social y el interés de explotar los recursos naturales. Vencer el dilema es una tarea complicada.

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