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La casa grande del pueblo. Interés común vs. interés gubernamental

Nuestra ciudad no caben concepciones tecnocráticas acerca del significado del espacio urbano, cuyas referencias van más allá de la consideración tradicional y burocrática de un ámbito entendido sólo como la suma de vías y edificios. Por el contrario, ante todo, es el lugar de los intercambios simbólicos entre las culturas que cohabitan, cada una con sus propias nociones de uso y ocupación del mismo. En ese sentido, cualquier intervención en el espacio, más aún en uno de sus fragmentos impregnados de fuertes connotaciones históricas, puede significar una agresión contra la memoria, la identidad, e infligir una herida en el imaginario colectivo, que cualquier revolución que se reclama “democrática y cultural” debería evitar.

La Razón / Luis Revilla, es alcalde de La Paz

00:00 / 04 de marzo de 2012

El patrimonio es para una comunidad lo que para una familia es el repertorio de recuerdos sobre el cual afirma y proyecta su identidad. Ya sabemos por demás que ninguna sociedad puede saber hacia dónde quiere ir si previamente no conoce de dónde viene y dónde se encuentra.

Todo gran momento de inflexión histórica necesita de elementos simbólicos en torno a los cuales condensar el imaginario colectivo y, por ello, no resulta extraño que nuestro ahora Estado Plurinacional requiera de sus propios  símbolos. Cosa muy distinta es, sin embargo, que la búsqueda y justificación de éstos se basen en la susceptibilidad, la desconfianza y la tozudez en la toma de decisiones, fundadas únicamente en el rencoroso “por qué nosotros no y los de antes sí”, cuando en realidad, ciertamente, el Palacio Quemado debería quedarse como un museo (al igual que el Palacio Legislativo) y la nueva institucionalidad estatal debería estar acompañada de nuevos espacios que proyecten el futuro con amplitud, modernidad y seguridad. Imaginemos un momento el impresionante diseño que pueden elaborar nuestros arquitectos bolivianos para erigir una edificación que, recuperando las formas de la arquitectura de todas nuestras culturas ancestrales, combine diseños de espacios modernos y futuristas acordes a nuestra presencia y voz en el contexto mundial. Está por demás decir que esto no puede hacerse en la Potosí y Ayacucho.   

El problema radica entonces en dónde y, sobre todo, cómo debiera hacerse una construcción que será parte del patrimonio nacional colectivo y debiera reflejar los mejores ideales y fortalezas del pueblo boliviano, antes que los sentimientos circunstanciales y de corto plazo.

Sobre el dónde, no existe justificativo real para anexar un nuevo edificio al Palacio Quemado, pues, en base a la normativa municipal, el espacio sobre el que podría edificarse algo, es extremadamente reducido y no se adecúa a las necesidades de mayor espacio demandadas por el Gobierno nacional.

La denominada Casa Alencastre cuya construcción data de los albores de la fundación de Bolivia, y que pertenecía al Arzobispado de La Paz, se encuentra catalogada como categoría “A Valor Monumental”. Bajo esta categoría “sólo se permiten acciones de conservación, restauración, consolidación y reposición aprobadas por la Comisión encargada del Centro Histórico y Áreas Patrimoniales conformada al efecto”. En buenas cuentas, esto significa que únicamente puede organizarse una nueva construcción en torno al segundo patio, sin superar el cuarto nivel y cuidando la Catedral y el Palacio Quemado, declarados monumentos nacionales. En la esquina Potosí y Ayacucho no se puede incrementar altura alguna ni sufrir modificaciones.

Los urbanistas, así como el ciudadano de a pie, tienen claro que no debe ser en el caótico centro urbano de La Paz donde se construya la nueva edificación, sino en un lugar más accesible y con mayores posibilidades de albergar una infraestructura segura, moderna y funcional a las necesidades de nuestra administración: en criterio nuestro, Miraflores Norte (en las inmediaciones de la plaza Villarroel o del Instituto Técnico Ayacucho, por ejemplo) o Miraflores Sur (en los predios del Estado Mayor) parecen lugares propicios para albergar al nuevo edificio plurinacional.  

Otras ciudades sedes de gobierno han buscado, y encontrado, soluciones imaginativas para facilitarle la vida al ciudadano de a pie, encontrando el adecuado equilibrio entre el simbolismo arquitectónico, la preservación de la memoria, los desafíos del crecimiento urbano y la necesidad de modernizar el funcionamiento de la administración pública.

El cómo, en todo caso, parece ser la cuestión fundamental. Ningún nuevo símbolo que refleje la fortaleza y cualidades de nuestro Estado debería construirse arrasando los cimientos del pasado; ni debería implicar destruir el patrimonio arquitectónico, pues, sólo una visión miope de la historia podría calificar como “extranjerizantes”, “alienantes” o expresión del colonialismo a edificios que en su momento fueron parte de la dinámica social y política, así como del crecimiento y la transformación urbana. Las políticas de descolonización o despatriarcalización no deberían descargar sus cañones sobre los edificios, sino sobre las mentalidades de un sistema educativo largamente inhibidor de nuestras potencialidades propias o sobre los versos y guitarras que reafirman el machismo en los niños y niñas, los cuales repetirán sonriendo las imágenes y palabras difundidas por la televisión.   

Por otra parte, la Constitución Política del Estado establece, con carácter imperativo, nuevas formas de articulación de lo local con lo nacional. Sin embargo, esa visión renovada de la organización de los mecanismos del poder no incluyó algo esencial para La Paz: su estatuto jurídico distinto, dado su especial carácter como municipio autónomo y, al mismo tiempo, sede de gobierno. La Paz debería poseer algo así como el estatuto que tienen Buenos Aires o Ciudad de México en tanto Capital Federal, aunque no sea ésa la denominación adecuada dado el carácter unitario del Estado Plurinacional. Se trata, en todo caso, de una discusión pendiente que no puede postergarse, ya que sólo una adecuada definición de ese reglamento podrá garantizar las condiciones económicas, jurídicas y de planificación en el largo plazo para el centro político del Estado y que incluyen las inversiones necesarias, así como la definición y uso adecuado y prospectivo de los espacios urbanos.

Por último, y nuevamente sobre el cómo, es esencial la compulsa de opinión de las entidades y organizaciones paceñas que tienen derecho a dar a conocer su posición sobre aquellas intervenciones urbanas en espacios de valor histórico patrimonial en un inédito y productivo debate realmente previo a cualquier toma de decisión sobre intervenciones especialmente agresivas, como puede ser la construcción de un edificio en medio de un conjunto patrimonial instalado en el imaginario colectivo con un determinado significado, que no se puede atentar o herir de manera vertical o arbitraria basándose en intereses corporativos, burocráticos o político-partidarios.

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