Animal Político

La casa grande del pueblo. Un inquilino en su propia tierra

La Razón / César Navarro, es viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y la Sociedad Civil.

00:00 / 04 de marzo de 2012

En cuanto a infraestructura, las gestiones pasadas no dejaron nada al Estado boliviano, actualmente el Gobierno se ve obligado a alquilar inmuebles para el funcionamiento del Órgano Ejecutivo, haciendo un gasto millonario. Es tiempo de que se construya la ampliación del Palacio de Gobierno.

La institucionalidad estatal —para  el desarrollo de actividades— no sólo está limitada por las condiciones legales de su funcionamiento, sino también por las materiales. Nuestra Bolivia, a lo largo de 185 años de vida republicana y dos del Estado Plurinacional, no ha logrado incrementar la presencia institucional del Estado en el universo territorial de todo el país. Es más, las condicionantes son tan agudas, que el titular político del Estado, el Gobierno, trabaja en condiciones de inquilino en su propia tierra.

Nuestra historia puede ser considerada como contradictoria y trágica porque los esfuerzos realizados en diferentes épocas para dotarle al Estado de su propia infraestructura contrastan con los periodos de negación de ese empeño de décadas pasadas. La primera nacionalización de los hidrocarburos y la Revolución del 52 posibilitaron al Estado poseer su infraestructura productiva, lo que permitió impulsar políticas agresivas en diferentes áreas. Después de 33 años de capitalismo de Estado, el mismo Estado se encargó de destruirse, privatizando su patrimonio construido y repartiendo en pedazos su propia infraestructura. ¿Qué nos quedó de ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles)? Sólo viejas e inservibles edificaciones que únicamente sirven para el recuerdo, del LAB (Lloyd Aéreo Boliviano) restan las deudas y el logotipo, y así podemos enumerar un sinfín de ejemplos.

Por muchos años, las organizaciones sociales construyeron su patrimonio; la mayoría de la infraestructura fue confiscada por el Estado en la era neoliberal para luego ser entregada a sectores privados. Gobiernos pasados los despojaron de su propiedad laboral, hoy estamos devolviéndolo a sus legítimos dueños y estamos construyendo bienes para otras organizaciones del país.

Los efectos climatológicos permanentes (inundaciones, granizadas, nevadas, etc.) dejan aisladas a centenares de familias esperando la ayuda estatal; este socorro no llega o llega con lentitud porque el Estado no dispone de, por ejemplo, helicópteros para evacuar oportunamente a nuestros propios hermanos.

El que sufre no es el político que grita y critica, sino el que necesita esa ayuda en el momento oportuno. No pensamos en la administración pública como una institución con la capacidad de respuesta inmediata y oportuna, sino simplemente como un espacio de burocracias insensibles. Hoy, el Gobierno ha decidido dotar de equipamiento para ayudar a todos los que necesiten socorro. Gonzalo Sánchez de Lozada prefirió alquilar la avioneta de su empresa privada COMSUR para uso institucional del Presidente, que dejó ganancia privada para la empresa, pobreza y vacío en el país.

¿Qué construyeron en infraestructura los gobiernos pasados para el Estado como institución? Casi nada, las autoridades siguieron los mismos pasos de miles de compatriotas en busca de alquiler, enriqueciendo a propietarios privados y empobreciendo al país, es la trágica realidad a la que nos enfrentamos.

Anualmente, el Gobierno gasta 60 millones de bolivianos en el pago de alquiler para las oficinas del Órgano Ejecutivo, lo que nos obliga a repensar con madurez  histórica nuestra responsabilidad institucional.

El Estado Plurinacional, al igual que cualquier otro en el mundo, requiere tener su propia infraestructura para desarrollar sus actividades.

Como producto de la Asamblea Constituyente y nuestra nueva Constitución, hoy tenemos una institución responsable de defender los intereses  estatales.

La Procuraduría, cuya sede es la histórica ciudad de El Alto, es una institución sin inmueble propio; por eso el Gobierno nacional decidió la construcción de nueva infraestructura para su funcionamiento. Este despacho necesario para el Estado requiere de su propio espacio físico para su desenvolvimiento.

La decisión del presidente Evo Morales de ampliar la infraestructura del Palacio Quemado ha activado la opinión negativa y destructiva de la oposición, la cual vive el síndrome del “no” de manera dramática, aunque ése no es el tema de análisis del presente artículo.

Construir la ampliación del Palacio de Gobierno significa, más que una comodidad, una necesidad institucional inevitable. Permitirá, por un lado, acrecentar el patrimonio estatal y, por otro, reducir el gasto —que no es inversión— en alquileres de oficinas. Además, se dispondrá de ambientes para el desarrollo eficiente de las actividades administrativas y políticas. Adicionalmente, el efecto será el de mejorar la arquitectura del centro histórico paceño, que está íntimamente ligado (como ninguna otra ciudad en el país) al poder político. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz tendría que estar comprometido con este último objetivo y no ponerse en el papel de obstaculizar el proyecto.

El diseño para la ampliación del Palacio Quemado tiene que tener el componente del nuevo escenario institucional, político e histórico del Estado Plurinacional; es decir, ya no ver la arquitectura a partir de un simbolismo occidental y neocolonial. El nuevo escenario político imprime una peculiaridad diferente a la nueva arquitectura de la política plurinacional, por lo tanto, se traducirá en otro atractivo moderno con historia del centro histórico del país.

El diseño de la Casa Grande del Pueblo emergerá de un gran concurso nacional; especialistas en el diseño arquitectónico presentarán propuestas y dispondremos de una gran riqueza creada por nuestros propios profesionales. El premio será reconocido indefinidamente en el tiempo, porque su creación se constituirá en el patrimonio colectivo de todo Bolivia.

Los desafíos que tenemos son múltiples, como seguir con la implementación de la Constitución, transformar la estructura económica, consolidar las autonomías y dotarnos también de nuestro propio patrimonio infraestructural. Ése es el reto que asumimos con madurez por el mandato popular del pueblo. No podemos eludir nuestra propia responsabilidad con el país. Nuestros pasos están marcando la nueva historia y seguiremos avanzando.

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