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Qué hacemos frente al cambio climático en Bolivia?

Bolivia es sede del  encuentro entre los movimientos que buscan generar alternativas a las visiones dominantes, reunión de pueblos indígenas que luchan por hacerse escuchar ante los poderes nacionales. A ver si al final de la Cumbre de Tiquipaya se ha profundizado el respeto a la Madre Tierra con medidas concretas.

La Razón (Edición Impresa) / Roxana Liendo

00:02 / 11 de octubre de 2015

Los eventos climáticos que empezamos a sufrir con más frecuencia se sienten de mayor manera en la población más pobre: vecinos de asentamientos humanos precarios que son el hogar de migrantes rurales; o productores de la agricultura familiar que tienen tierras degradadas que carecen de agua para riego, o tienen aguas contaminadas. Otro elemento, cada vez más presente, es la serie de efectos de la deforestación que impacta en el régimen de lluvias, en la protección de las fuentes de agua y en procesos de degradación de suelos. Y otro, muy importante por la propuesta de crecimiento que tiene el Gobierno, es la prioridad otorgada a las actividades extractivas como fuente de excedentes para el país.

Actualmente, Bolivia apenas contribuye al agravamiento del efecto invernadero, pues mantiene un nivel de desarrollo industrial muy bajo y su mínima participación viene más bien de los procesos de deforestación que se realizan para expandir la frontera agrícola para la producción de cultivos exportables. Durante décadas, Bolivia ha encarado diversos procesos de modernización estatal y capitalista que buscaron dejar de depender de las materias primas y sacar a su población de condiciones de pobreza, pero el resultado ha sido un progreso muy reducido y problemático, que ha causado al mismo tiempo, y en un breve lapso, la destrucción de grandes ecosistemas, tanto en el occidente por la actividad minera, como en el oriente por la expansión de la frontera agrícola para cultivos agroindustriales. Sin embargo, Bolivia, al ser parte de la comunidad internacional, en 1992 suscribió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, comprometiéndose desde entonces a desarrollar un marco normativo que proteja los recursos naturales y la naturaleza frente al cambio climático.

En 2006, con la asunción de Evo Morales a la presidencia, Bolivia se propuso una nueva visión de desarrollo entendida como el Vivir Bien desde las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Esta visión de desarrollo, alternativo y holístico, se encuentra reflejada en la Constitución Política del Estado aprobada el 2009 y en el Plan Nacional de Desarrollo para Vivir Bien de 2006. Posteriormente, sobre todo a partir de la segunda gestión de Morales, esta propuesta es abandonada, predominando una mirada de modernización e industrialización, con el Estado como actor central.

Las normas legales que regulan expresamente el cambio climático en Bolivia son dos. La Ley 1576, que corresponde a la ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y la Ley 1988, que corresponde al Protocolo de Kioto. Si bien se trata de normas de derecho internacional ambiental, al haber sido aprobadas y ratificadas mediante leyes del Estado, se convierten en instrumentos legales nacionales de cumplimiento obligatorio por parte de todos los bolivianos.

A partir de estas leyes se formó, con apoyo de la cooperación internacional, el Plan Nacional frente al Cambio Climático (PNCC), que estuvo en vigencia hasta el año 2012. A partir de la promulgación de la Ley 300 o Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, todo lo que se estaba haciendo en este programa pasa a ser competencia de la Autoridad de la Madre Tierra.  El decreto reglamentario 1696 se aprobó en 2013 y la primera Autoridad de la Madre Tierra fue posesionada en febrero de 2014, fecha en la empezaron a transferirse los programas del PNCC.

Anteriormente, el 18 de febrero de 2009 se había constituido el hito más importante en el tema, pues durante un espacio de encuentro entre organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, denominado “Cambio Climático desde lo local hasta lo global”, se estableció el Mandato de Quillacollo que tiene como principales líneas de trabajo: incidir en el marco legal —dentro de lo establecido por la CPE—, promover mecanismos de control social para garantizar la soberanía de los pueblos sobre los recursos naturales, llevar propuestas nacionales a escenarios de negociación y discusión internacional, y promover procesos de información, sensibilización y movilización sobre el cambio climático a nivel nacional.

Paralelamente, el Gobierno estaría llevando adelante políticas de desarrollo centradas en una matriz extractivista, con protagonismo de empresas privadas y transnacionales, sobre todo en el sector de hidrocarburos, y con intenciones de ampliar la frontera agrícola a costa de la selva; impulsando así un modelo de desarrollo que contribuye a las causas productoras del cambio climático en el mundo. 

Las actividades extractivas de materias primas y de deforestación para producir alimentos exportables, e incluso agrocombustibles, refuerzan también las estructuras de dependencia económica, pues son productos muy vulnerables al vaivén de precios del mercado internacional; precios que con tendencia a la baja obligan a ser compensados con incrementos de volúmenes de producción, a fin de mantener más o menos equilibrado el ingreso por exportaciones, contribuyendo también a la inseguridad alimentaria nacional debido al peso cada vez mayor de los cultivos para exportar; tal como sucede, por ejemplo, con el caso de la quinua. Solo por el interés de aumentar los ingresos de esos productos es que se comprende la promulgación del decreto 2366, que autoriza la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas, obviando el respeto a la autodeterminación de pueblos indígenas y al derecho de la Madre Tierra.

En el fondo, detrás de las políticas energéticas, agroindustriales y de construcción de megaobras, hay una visión de desarrollo que busca impacto a partir de grandes propuestas, obviando los derechos de la población local y sus propias visiones de mundo.

“Allá abajo, cerca de las raíces”, por el contrario, hay iniciativas de mujeres y hombres campesinos que comprenden la importancia de cuidar las bases de la vida, la tierra y el agua, en intentos focalizados de resistir las amenazas de un fenómeno en el que no han participado. Estas experiencias pueden ser inspiradoras para llevar adelante la lucha contra el capitalismo, impulsar el Vivir Bien en armonía con la naturaleza, y promover el derecho a la vida de seres humanos respetando a la Madre Tierra. Y es este espacio de reflexión y análisis que está abriendo el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), una instancia que busca reflexionar sobre el origen de nuestro marco legal en relación a protección del medio ambiente, analizar los pasos que estamos dando como país, y mostrar que existen iniciativas desde la sociedad civil, que manifiestan que es preciso debatir y dialogar para construir  propuestas y que aún estamos a tiempo.

Bolivia, por segunda vez, es sede del encuentro entre los movimientos que buscan generar alternativas a las visiones dominantes, reunión de pueblos indígenas que luchan por hacerse escuchar ante los poderes nacionales; reunión entre gobernantes. A ver si al final de la Cumbre de Tiquipaya se ha profundizado el respeto a la Madre Tierra con medidas concretas, que generen espacios de vida entre seres humanos y naturaleza.

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