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El imperio no compra coca

Pronto sabremos si la postura antinorteamericana del Presidente del Estado Plurinacional   y su campaña diplomática para descriminalizar el pijcheo pudieron más que el poder del imperio en las decisiones de las naciones mancomunadas de la Organización de las Naciones Unidas

La Razón / Edwin Flores Aráoz

00:02 / 06 de enero de 2013

La verde esperanza de la despenalización del acullicu en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enfrenta una disyuntiva que será esclarecida en los siguientes días: fracasa como “la diplomacia de la coca” de Jaime Paz (1989-1993) frente al poder del imperio del Norte o florece como la “diplomacia del acullico” de Evo Morales para fertilizar un campo horadado desde hace más de medio siglo por    la Convención Única de Viena que   —de manera injusta— enclaustra a la “hoja de los incas” en la lista de estupefacientes “peligrosos para la salud social y económica de la humanidad”.

Hace poco, el Presidente avivó más la expectativa de miles de productores, consumidores y comercializadores de coca exteriorizando, con optimismo patente, que este primer mes de 2013 habrá “sorpresas” positivas. “Estoy seguro de que vamos a ganar a nivel internacional sobre el consumo legal de la hoja de coca en Bolivia”, aseguró al señalar que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)/ONU, Estados Unidos ni los países capitalistas tienen argumentos para “seguir penalizándola”.

En julio de 2011, Bolivia abandonó la Convención Internacional Única de Estupefacientes, un mecanismo aprobado por las Naciones Unidas en Viena (Austria), el 30 de marzo de 1961, que criminaliza la producción, comercio (internacional) y consumo de coca, y la incluye en la Lista I junto con la marihuana, la cocaína, el opio y decenas de sustancias peligrosas. Gracias a una larga gestión diplomática boliviana y peruana, en 1988 fue aprobada la Convención de Sustancias Psicotrópicas cuyo artículo 14 permite el consumo de la hoja tomando en “cuenta los usos tradicionales lícitos, donde exista evidencia histórica”.

No obstante, ese avance en el camino de la despenalización fue frustrado en 1995 cuando la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) determinó que “el mate de coca, considerado inocuo y legal en diversos países de América del Sur, forma parte de una actividad ilegal según lo estipulado en las Convenciones de 1961 y  1988”. Así, la ONU tuvo un comportamiento no sólo represivo en este asunto, sino también ambiguo y contradictorio. Quizá estas debilidades, sumadas a un cúmulo de factores, puedan ser capitalizadas para que la nueva iniciativa boliviana llegue a buen puerto.

En diciembre de 2011, Morales envió una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidiendo la adhesión de Bolivia a la Convención Única y puso a consideración una reserva sobre el consumo cultural/medicinal de la coca. Por ello es que en los siguientes días se conocerá si el organismo internacional acepta el retorno de Bolivia con la condición de que se permita el acullico, una tradición que, según el canciller David Choquehuanca, tiene una antigüedad de 7.000 años. Pero el país no está solo en esta cruzada ni ésta fue la primera. La tendencia represiva contra la “hoja sagrada” capitaneada por Estados Unidos fue varias veces representada por Perú y Bolivia. El primero lo hizo entre 1988 y 1992 mediante su “Estrategia de revalorización de la hoja de coca” y el segundo, entre 1989 y 1993, a través de la llamada “diplomacia de la coca” cuyo eslogan internacional fue “la coca no es cocaína”.

La idea de descriminalizar la hoja de coca en el concierto de países del mundo, en su estado natural para usos lícitos, medicinales, culturales, alimenticios e industriales también fue secundada por algunos periodistas que, en el intento, se estrellaron contra el robusto muro del poder imperial que, de manera tozuda, perdura en confundir a la hoja de coca con una sustancia químicamente alterada que daña la salud mental y física de quien la consume.   

El autor de este artículo, en noviembre de 1993, participó en la capital Washington de un seminario internacional de periodistas especializados en la cobertura del problema de las drogas ilegales. Consciente de que la coca no desaparecerá de la faz de la tierra —como tácitamente pretendía la Convención de Viena de 1961—  ni los problemas socioeconómicos y políticos que genera, planteó una hipótesis propositiva al Zar antidroga norteamericano de ese entonces, el todopoderoso Melvin Levinzky.

Según datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en Bolivia se producía, en esos tiempos, el 10% de la cocaína que ingresaba a EEUU (los expertos creen que hoy ese porcentaje es el mismo), el restante 90% era obra de Colombia y Perú. En el Chapare y los Yungas habían aproximadamente 30 mil hectáreas de coca, de las cuales se eliminaban cada año entre 3.000 a 5.000 hectáreas (hoy, se siembra casi la misma cantidad y se erradican 10 mil hectáreas en promedio). Las casi 25 mil hectáreas de cocales tendrían un valor, a precio de mercado puesto en el Chapare, de unos $us 80 mil millones anuales, 20 millones menos de lo que en ese entonces Estados Unidos “gastaba” en asistencia antidrogas y social para Bolivia.

He aquí la propuesta audaz. Previa despenalización de la coca en su estado natural, el Gobierno norteamericano “compraría” el excedente, dejando lo necesario para el consumo cultural y medicinal. La estocaría: una parte se destinaría a la multinacional Coca-Cola, otra se em- plearía en la industria farmacéutica de los anestésicos y, el restante de    la hoja, sería incinerada. La mafia se quedaría sin materia prima.

El resultado sería beneficioso para ambos países: en Bolivia, los cerca de 20 mil productores de coca (hoy son más de 50 mil) que formaban parte de las estadísticas de la pobreza extrema, podrían encarar proyectos productivos lícitos de desarrollo social sostenibles. En Estados Unidos, al menos 10% de la cocaína dejaría de invadir las calles, oficinas y familias.

En ambos países, se frenaría el uso de la lucha antidroga como “arma política” y de chantaje para violentar dignidades, libertades y vidas. Se acabarían los “ultimátum”, las “descertificaciones”,  la eliminación de “visas”, los estigmas, la narcocorrupción, las violaciones a la soberanía, las leyes extraterritoriales y las millonarias burocracias creadas para combatir el consumo, la producción y comercio de drogas.

Terminada la intervención del periodista, rodeado de una treintena de sus colegas de igual número de países, bastaron cuatro segundos y cinco palabras para que Levinzki fulminara dicha propuesta con la misma fuerza y furia que los agentes de la DEA ordenaban incinerar coca excedente y el enjuiciamiento de los “pisacocas”: “Estados Unidos no compra droga”, respondió el Zar contundente, seco, serio y terminante. Y la conferencia concluyó de manera abrupta ante la sorpresa de los asistentes.

No sirvió de nada que el periodista insista en una segunda pregunta para explicar y fundamentar que la “coca no es droga”, que esa hoja verde satanizada por unos y santificada por otros, en su estado natural, es inocua y que tiene muchas potencialidades benignas hasta antes que se contamine con los precursores químicos fabricados y exportados a Bolivia por países industrializados como EEUU.

Desde entonces, transcurrieron casi 20 años y la situación no cambió. La política unilateral del imperio no se movió un ápice. Empero, pronto sabremos si la postura antinorteamericana del Presidente del Estado Plurinacional y su campaña diplomática para descriminalizar el pijcheo pudieron más que el poder del imperio en las decisiones de las naciones mancomunadas de la ONU.

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