Animal Político

La importancia del salario mínimo

Evolución salarial de los últimos años

La Razón / La Paz

00:01 / 20 de mayo de 2012

Rodolfo Eróstegui

Comparar los salarios mínimos nacionales con la de otros países sin tomar en cuenta la estructura de precios relativos de los bienes de consumo en cada uno de los países, parece no ser una tarea muy feliz. Es más, el salario mínimo aquí y en otros países no es un indicador que nos permita determinar el nivel de vida de la población respectiva. Sin embargo, es importante conocer qué es lo que está ocurriendo en otras latitudes (ver gráfico).

Con 145 dólares, Bolivia es, entre los países latinos, el que tiene uno de los salarios mínimos más bajos. Si bien no existe una información para todos los países, la cobertura de este salario es pequeña respecto al universo de los trabajadores asalariados. En México, es relativamente bajo, pero el 53% de la población asalariada gana tres salarios mínimos o más. Para nuestro país no existe —por lo menos no pude acceder a esa información— el porcentaje de cuánta población tiene ingresos equivalentes a un mínimo. Al parecer, el salario mínimo es importante sólo para los trabajadores de las pequeñas y micro empresas (82% de la población ocupada) y no así para aquellos que están vinculados a las empresas medianas y pequeñas o al Estado.

Por otro lado, la población asalariada del país es muy reducida. Existen cálculos que indican que los trabajadores que dependen del salario no pasan del 20% de la población ocupada. Por lo tanto, cuando el Ministerio de Trabajo fija anualmente el incremento al mínimo, es muy poca la población beneficiada. Sin embargo, las organizaciones sindicales agendan el tema como si fuera de importancia para toda la población.

También mucha gente señala que las demandas salariales de la Central Obrera Boliviana (COB) son extremadamente elevadas. Hace 22 años, el salario mínimo era de Bs 60 al mes y el que pretendía el sindicalismo llegaba a Bs 480. Demandaba un monto tal que era ocho veces más que el fijado por el Gobierno. Ahora demandan un salario mínimo que dividido entre ocho nos da como resultado el salario mínimo fijado por el Gobierno el 1 de mayo de 2012. Todo sigue igual.

La política salarial del Estado y la política de demanda salarial que realiza la COB están vinculadas a la reposición de la pérdida del poder adquisitivo del salario (inflación), y no responde a una política que incentive su crecimiento. Por ello se mantiene el tramo entre salario mínimo y la demanda cobista. Esto se puede explicar por el estilo de crecimiento de nuestro patrón de acumulación o desarrollo que prioriza actividades extractivas que demandan mano de obra de baja calificación y por actividades terciarias de baja incorporación tecnológica como lo son el comercio a granel, servicios personales para los hogares (trabajadora del hogar, plomeros, electricistas, etc.), y no a sectores como el industrial que demanda mano de obra calificada.

Este estilo de crecimiento, cuyo pivote es la minería, no descansa en el mercado interno. Por lo tanto, fijar un salario más alto para el sector minero, público y privado sólo significa una disminución del margen de ganancia, porque ellos no esperan que los trabajadores demanden los bienes que producen.

Enrique Velasco nos señala que en los últimos 60 años, en el país, se sucedieron gobiernos de todo tipo de orientación política y económica: dictaduras de derecha y gobiernos militares de izquierda, cuya base era la minería estatal; gobiernos democráticos que, a excepción del de la Unidad Democrática y Popular (UDP), privatizaron los activos estatales y basaron su política en el mercado. Pero durante todo este tiempo lo que se mantuvo inalterable fue la política de reposición de la pérdida del salario. Retomando a Velasco, él se pregunta: ¿algo estamos haciendo mal?, pues las condiciones de vida de la población se mantienen inalterables. Al parecer, en materia salarial se debe pasar del discurso sobre el cambio a un verdadero cambio de política. Una opción es, sobre la base de la reposición salarial, crear un bono a la productividad que sea pagado por el empleador de la mano de obra. Este bono necesariamente tendría que ser el resultado de un diálogo social tripartito.

En algunos países, como Argentina, Uruguay y Brasil, existen consejos tripartitos institucionalizados que son el ente que estudia la estructura de precios relativos de los bienes y servicios, la productividad del trabajo y, a partir de estos parámetros, recomiendan al Ministerio de Trabajo el monto del salario mínimo así como el incremento general de sueldos y salarios. Este incremento puede darse anualmente. Sin embargo, generalmente se toma la decisión de recomendar un incremento cuando las variaciones de precios relativos de bienes y servicios, así como la productividad, pasan los niveles aceptados por los tres actores de las relaciones laborales.

Salarios, ganancias y pobreza urbana

Silvia Escóbar de Pabón

El análisis de la situación salarial en el país tiene como escenario a las grandes transformaciones del mercado de trabajo en el último cuarto de siglo, cuando se impone la exigencia neoliberal para permitir que las fuerzas del mercado —sin trabas legislativas, contractuales o sindicales— dejen libremente a las empresas y al propio Estado para abaratar los costos laborales, facilitando la contratación y el despido, la modificación de las formas de pago, la extensión e intensificación de las jornadas laborales y la fijación de los salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo de manera funcional a las exigencias del proceso de  acumulación de capital o el control de los gastos fiscales.

Si bien las políticas de libre contratación abrieron el cauce para el uso flexible y desregulado de la fuerza de trabajo, fue en la última década cuando estas prácticas proliferaron en el país; en lugar de pensar en las maneras de transformar nuestra estructura productiva, promover la industrialización a partir de recursos naturales renovables y dotar de mayor valor agregado a todos los sectores de actividad económica, se siguió con el recurso fácil de  lograr un cierto umbral de competitividad  mediante el ahorro de costos laborales.

Por este camino, las restricciones para generar nuevos empleos  productivos fueron cada vez mayores. En los últimos años, el crecimiento del empleo en el aparato burocrático estatal contrastó con el débil ritmo de generación de empleos en el sector empresarial, dando lugar al aumento de la ocupación en actividades terciarias de baja productividad en el sector informal urbano, que pasó a concentrar al 64% de los trabajadores en 2011. Junto al uso flexible y desregulado de la fuerza de trabajo, esta tendencia tuvo un resultado devastador para las condiciones de trabajo; el año pasado, solamente el 14% de los ocupados en las principales ciudades del país tenía acceso a un trabajo estable, adecuadamente remunerado (ingreso mayor al costo de la canasta alimentaria) y con la cobertura de la seguridad social; en el otro extremo, el 57% presentaba déficit en estas tres condiciones laborales, mostrando que aún en tiempos de expansión económica se sigue afectando el bienestar de los trabajadores.

La desvalorización de la fuerza de trabajo, expresada en la presión a la baja de los salarios, ha sido una constante en el último cuarto de siglo en el país. Los factores que inciden en esta tendencia son principalmente la orientación de la política salarial, el papel que juega el excedente de fuerza de trabajo y el debilitamiento de  la acción sindical. 

La política salarial es esencialmente de contención aplicada como mecanismo para mejorar la rentabilidad empresarial y controlar el gasto fiscal, que ha mantenido a los salarios muy por debajo del valor de la fuerza de trabajo (costo de los bienes y servicios esenciales para la subsistencia del trabajador y su familia), que afecta a gran parte de los trabajadores. A la vez, el rezago de los salarios repercute negativamente sobre la evolución de los ingresos de los trabajadores independientes por la estrechez de la demanda por sus  bienes y servicios, lo que los sitúa —junto a los obreros y los trabajadores de los servicios no calificados— entre los grupos  más empobrecidos de las ciudades.

A este factor se suman la magnitud de la fuerza de trabajo excedente (sobre todo los desempleados y subempleados en el sector informal), la competencia de los trabajadores entre sí y la amenaza constante del despido, para incidir en la menor capacidad de negociación de los trabajadores. Así, la reducción de los costos salariales —directos e indirectos— se convirtió en el principal recurso para controlar el gasto fiscal y ampliar los niveles de rentabilidad empresarial. Algunos indicadores permiten ilustrar sus efectos sobre el nivel y la evolución de los salarios.

En 2011, el  salario mínimo equivalía solamente al 45,5% del costo de la canasta normativa alimentaria (CNA) y al 17% de la canasta básica familiar; su capacidad adquisitiva apenas había aumentado en 1,6% desde 2000. Asimismo, el ingreso promedio se redujo en su poder de compra a un ritmo de 1,7% anual en el sector privado, mientras que apenas aumentaba en 1,1% en el sector público.

De esta manera, los salarios permanecían muy por debajo del costo de reproducción de la fuerza de trabajo; en 2011, el  64,8% de los trabajadores no alcanzaba a cubrir con sus ingresos ni siquiera el costo de la CNA; en esta situación estaba el 56% de los asalariados y el 72% de los independientes. Si bien la peor parte se llevaban estos últimos y los asalariados de las pequeñas empresas, más del 50% de los ocupados en el sector empresarial y el 40% en el sector estatal compartían esta condición salarial precaria. Ese año, el  20% de los ocupados con los menores ingresos se apropiaba solamente del 4% de la masa de ingresos laborales, mientras el 20% mejor pagado concentraba el 52%, marcando la existencia de una fuerte desigualdad de los ingresos desde donde se nutre la pobreza.

Menos salarios, más ganancias

Mientras la economía crece, los salarios se estancan; esto significa que las ganancias aumentan. El reparto del ingreso disponible entre capital y trabajo muestra que desde 2000 la parte que se queda en manos de los trabajadores se redujo del 35% al 24,6%, mientras que la parte que se apropia el capital siguió aumentando por encima del 50%. Sin embargo, el  sacrificio que realizan los trabajadores no se tradujo en inversiones suficientes para transformar nuestro aparato productivo atrasado y  poco competitivo.

Esto demuestra que los salarios bajos no pueden ser la base de la competitividad de las empresas ni de la economía, los factores más importantes son la incorporación tecnológica, el aumento de la productividad, la capacidad para diversificar la gama de bienes y servicios, la mejora de la calidad, etc. Seguir solamente por el camino de volver inestable el trabajo y contener los salarios sólo servirá para perpetuar la pobreza que se origina en el mercado de trabajo. 

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