Animal Político

La inestabilidad municipal

Crisis política en los municipios

La Razón / Diego Cuadros A.

00:00 / 22 de enero de 2012

Cada año, más del 20% de todos los municipios del país cambiaban de alcaldes. Entre 70 y 80 golpes de Estado institucionales se daban en los gobiernos municipales, aprovechando las disposiciones de la anterior Constitución Política del Estado (CPE) y la legislación entonces vigente relativas al “voto constructivo de censura”, además de aquellas sucesiones que se daban en virtud, tanto de renuncias cuanto de procesos judiciales contra las autoridades.

Estos cambios disminuían considerablemente —aunque no desaparecían— en el último año de gestión, en virtud de la prohibición de que en éste se pueda ejercer la remoción; pero, para lograrla, se acudía a presiones de todo tipo en función de forzar la renuncia y así, de todas maneras, dar nomás lugar al “pasanaku” edil. Menos de la mitad de los alcaldes electos lograban culminar su mandato de cinco años.

La nueva Constitución Política del Estado, aprobada en 2009, a tiempo de excluir la figura del voto constructivo de censura, incorpora varios elementos de modificación que tienen relación con la democracia y estabilidad municipales: primero, la elección directa (ya no a través del Concejo Municipal cuando no se lograba la mayoría absoluta) del alcalde por el voto de la población, de manera que la definición de la titularidad edil no dependa de los acuerdos políticos o prebendales de los concejales y sea definida directamente por la ciudadanía. En segundo lugar, se instituye la revocatoria de mandato, a fin de que sea nuevamente la población que eligió la que decida la permanencia o no de la autoridad en el cargo y ya no los concejales; y esta revocatoria se la plantea por una sola vez para cada gestión, de manera que, de ser el caso, solamente se sustituya una vez al alcalde en los cinco años de gestión municipal, para así evitar la frecuencia de las crisis y cambalache que en varios casos llegaban a suponer la sucesión de cinco a siete autoridades cada cinco años. Y, finalmente, ante la pérdida de mandato del alcalde, su sucesor debe ser elegido nuevamente por la población (o por el Concejo solamente si ya se hubiese cumplido más de la mitad del mandato constitucional).

Si bien hasta ahora la nueva normativa ha mostrado que efectivamente disminuyó el cambio de alcaldes (aproximadamente 12 frente a las varias decenas anteriores), es muy pronto para calificar su éxito, ya que las autoridades municipales electas aún no han cumplido los dos años de gestión. Pero es necesario anotar que lo dispuesto en la Ley Marco de Autonomías respecto a la suspensión temporal de autoridades a sola acusación fiscal, a contramano de la reforma constitucional, mantiene y profundiza otro de los mecanismos antidemocráticos y arbitrarios del anterior régimen municipal, favoreciendo el uso de artimañas para derrocar alcaldes y burlar el voto ciudadano.

Es que la politiquería, la partidocracia, los intereses particulares y sectarios, pero también, y de manera importante, el ver el acceso al poder como la oportunidad para el beneficio propio, la corrupción, la venganza política y personal, el “ahora nos toca”, en desmedro del interés general, el bien común, el desarrollo de la institucionalidad y el servicio a la población, son una constante en las viejas y las pretendidamente “nuevas” élites políticas.

Por ello es importante profundizar el espíritu constitucional en normas que impidan y castiguen el manoseo de la cosa pública y la voluntad democrática, desterrando la posibilidad del abuso de los resquicios que aún permiten su vulneración, incluyendo la utilización de manipuladas movilizaciones y la violencia.

Pero las normas siempre tienen y tendrán sus limitaciones, sobre todo si las autoridades y los órganos del Estado no tienen la voluntad política de hacerlas cumplir y, más bien, parecieran confabular para transgredirlas. Y no estamos hablando de que deban defender a toda costa la permanencia en el cargo de autoridades venales, corruptas o incapaces, así hayan sido legalmente electas, sino que deben garantizar que, en estos casos, sean sustituidas de manera democrática, pacífica y constitucionalmente. Deben velar, eso sí, para que otros intereses que no sean los de la ciudadanía en su conjunto, la justicia y la democracia no logren torcer lo decidido por la voluntad popular en las urnas, derrocando ilegítimamente a alcaldes y sustituyéndolos arbitrariamente en función de componendas de grupo.

Lo dicho tiene particular relevancia en la medida en que el Gobierno y su partido, utilizando al Ministerio Público y algunos jueces, ha sido el responsable de la mayor parte los golpes de Estado al nivel municipal, para apoderarse de ellos pese a su derrota electoral. Y esto no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción y la impunidad de autoridades y exautoridades corruptas o que hubiesen delinquido y que merecen ser sancionados, pero por esos delitos y no por intereses partidarios, venganzas políticas ni intentos de copar autoritaria y antidemocráticamente toda la institucionalidad del Estado y los gobiernos autónomos.

Y, finalmente, la estabilidad y la propia autonomía municipal también están viéndose afectadas no solamente por la vía de la sustitución ilegítima de autoridades electas, sino por acciones que, desde el Gobierno y la burocracia nacional, traban y obstaculizan la gestión financiera de algunos gobiernos municipales, alientan y manipulan protestas de algunos sectores cooptados por éste e instruyen la inacción de las fuerzas del orden cuando son requeridas. Asimismo, se congratulan sonrientes cuando sus funcionarios, tanto los de alta jerarquía como los ‘pinches’, incumplen los mandatos de la Constitución y la ley respecto a las prerrogativas de la autonomía, utilizan la institucionalidad y recursos del Estado para acosarlos y hasta se atreven a insultar públicamente a las autoridades municipales que no son serviles a los dictados del partido de gobierno.

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