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El informe marítimo en la OEA

El tema marítimo podía no haber sido retirado de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos con objetivos meramente informativos y no para tratar de tener un voto resolutivo favorable.

La Razón / Karen Longaric

00:00 / 02 de junio de 2013

Durante más de 30 años Bolivia mantuvo el tema marítimo en la agenda de la Asamblea General de la Organización de Estados Americano (OEA), organismo que en variadas resoluciones exhortó a Chile y a Bolivia a realizar negociaciones encaminadas a dar a este último una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico.

El 31 de octubre de 1979, sobre la base de negociaciones políticas y diplomáticas verdaderamente encomiables, conducidas y ejecutadas directamente por el entonces presidente de Bolivia, Wálter Guevara Arze, el canciller Gustavo Fernández Saavedra y el representante permanente ante la OEA, Gonzalo Romero, La Paz logró el apoyo contundente a la demanda marítima de los países del hemisferio a través de una resolución histórica para los bolivianos, que declaró “de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y útil al océano Pacífico”.

Bolivia conservó ese respaldo inclusive en épocas de dictadura (1980 y 1981). A partir de 1982, la Asamblea de la OEA otorgó a las partes la facultad de solicitar la inclusión del tema marítimo en los siguientes periodos de sesiones, a objeto de informar del avance de las negociaciones propiciadas por este organismo.

En 1983, la Asamblea aprobó por aclamación y con el respaldo de Chile la Resolución 668,  reiterando la necesidad de encontrar una fórmula que haga  posible dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico, sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos e intereses de las partes involucradas.

Sin embargo, en la reunión de 2012 celebrada en Cochabamba, frente al asombro de todos los bolivianos, perdimos el respaldo obtenido en 1979 y sostenido durante 33 años. Los países que invariablemente nos brindaron su incondicional apoyo dieron un viraje abrupto y optaron por apoyar la tesis chilena, que asigna carácter bilateral a la solución del conflicto.

Ni siquiera los países del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) respaldaron al país y el Gobierno boliviano exhibió la derrota como si fuera un éxito.Al cabo de un año, la Cancillería boliviana sorprende nuevamente al país, esta vez con la ingrata noticia de la exclusión del tema marítimo de la  agenda de la próxima Asamblea de la OEA a realizarse en Guatemala. 

Sobre esta noticia hay dos versiones: por un lado, Chile atribuye el retiro del tema a la excelente gestión desplegada por su diplomacia ante las cancillerías de los países signatarios de la OEA, los que se habrían comprometido a apoyar la eliminación del tema boliviano de la agenda de Guatemala. Del otro, la Cancillería boliviana sostiene que dicho retiro obedece a una decisión gubernamental soberana, emergente de la judicialización del tema, radicado ya en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Asimismo, las autoridades del Gobierno aseguran la reposición posterior del informe marítimo en la agenda de la OEA y afirman que Bolivia podrá seguir efectuando su reclamo ante la comunidad internacional.

Ambas declaraciones son relativas: Chile ha manifestado que de acuerdo con el Estatuto de la Corte  y la Carta de la OEA, Bolivia se encuentra inhibida de impulsar otros mecanismos de solución de controversias en forma paralela a la solicitud planteada en la Corte. En tal caso no podría recurrir ni a mediaciones ni a negociaciones directas. 

En realidad, es el Pacto de Bogotá que en su artículo IV dispone que, iniciado uno de los mecanismos pacíficos (buenos oficios y mediación, investigación y conciliación, vía judicial o arbitraje), no podrán instaurarse otros procedimientos antes de terminar aquél. Esta disposición se  complementa con el artículo XIV que prohíbe la mediación de los estados partes estando la controversia sujeta a otro de los procedimientos establecidos en el Pacto.

Al respecto, habría que analizar si la sola lectura del informe marítimo en el plenario de la OEA infringía o no las citadas disposiciones, en lo cual amerita también determinar cuál es el rol de la OEA en este asunto: ¿brinda sus buenos oficios, es mediadora, investiga o es conciliadora?

Respecto a la negociación directa, ésta no cabe en la restricción mencionada. La negociación es el único mecanismo de solución pacífica de disputas que puede intentarse y activarse en cualquier estado del conflicto, inclusive cuando éste se encuentra en sede judicial o en sede arbitral. En tal situación, si las partes deciden intentar la solución negociada y llegan a un acuerdo, el tribunal  judicial aceptará la voluntad de las partes vía desistimiento conjunto. Si se trata de un tribunal arbitral, éste validará el acuerdo en el laudo final.

Volviendo a la exclusión del informe boliviano, no hay duda de que la Asamblea General de la OEA ha sido el escenario más importante para el tema marítimo. Sin embargo, no fue posible conseguir que este organismo logre persuadir a Chile a honrar las resoluciones emitidas. No obstante, Bolivia no declinó jamás, persistió y año tras año presentó ante el plenario de la OEA un informe inherente al estado de las negociaciones, informando al hemisferio de la renuencia de Chile a negociar y de su inobservancia al mandato  de la OEA. 

Considero que Bolivia pudo llevar  nuevamente el tema a la OEA. Las  numerosas resoluciones de la Asamblea otorgan a las partes la posibilidad de informar anualmente del avance de las negociaciones. Todo parecía indicar que éste era el escenario propicio para participar al continente y a la OEA de la decisión de Bolivia de llevar el asunto a los estrados internacionales, decisión forzada por la renuencia de Chile a negociar, conforme lo había dispuesto la OEA.

Se trataba estrictamente de informar, no de intentar un voto resolutivo,  extremo que posiblemente vulneraría la restricción establecida en el Pacto de Bogotá. El escaso conocimiento sobre el tema y la improvisación han lastimado una vez más la sensibilidad nacional. El camino en la Corte Internacional de Justicia será largo y complicado. Ojalá la improvisación no gane la batalla. La Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) y la Cancillería boliviana deben estar preparadas para enfrentar ese desafío.

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