Animal Político

Los informes clasificados en democracia

Desclasificar los documentos militares, sin perjuicio de las cerraduras marcadas por tiempos y sensibilidades específicas, debería ser parte de la preocupación del país, máxime si se toma en cuenta el viraje del papel que, se supone, han asumido las Fuerzas Armadas a favor del Estado.

La Razón / Mauricio Quiroz

00:03 / 23 de junio de 2013

La edición del lunes 17 de junio del suplemento Informe La Razón trajo consigo imágenes y testimonios inéditos de la guerrilla del Che en Bolivia, documentos que estaban ocultos en alguna clasificada gaveta del Gran Cuartel de Miraflores, en La Paz. Este material, desvelado recientemente gracias al trabajo periodístico de investigación, no forma parte del patrimonio documental que decidió proteger la Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco), precisamente, porque estaba escondido cuando Bolivia y Cuba decidieron postular, en 2012, el legado documental del guerrillero argentino-cubano —muerto en 1967— al registro de la Memoria del Mundo de este año.

Lo que sí pudo registrar el organismo internacional, luego de la reunión del comité especializado que se realizó en Corea del Sur, fueron 8.197 páginas —redactadas/producidas entre 1928 y 1967— de la colección del Che Guevara para la lista patrimonial. La declaratoria incluye el diario de campaña en Bolivia que está en las bóvedas del Banco Central de Bolivia, los archivos multimedia que están bajo administración de la Unesco en París, además de material fílmico y cartográfico en poder del Gobierno de La Habana. 

Pero, una vez más: El registro patrimonial ante la Unesco estaría completo si los secretos, que aún se mantienen en las instalaciones militares bolivianas a pesar de los 46 años trancurridos de la guerrilla del Che, fueran desclasificados. Nadie pudo y no hay ley que obligue a las Fuerzas Armadas a abrir este cofre de los recuerdos a los civiles, le dijo una fuente del Ministerio de Defensa al equipo de La Razón que trabajó en este tema y que por su originalidad despertó el interés de varios medios internacionales.

Muchos otros asuntos, aún más sensibles, han sido manejados y archivados por los militares. No obstante, mientras existan documentos clasificados, ningún mortal podrá saberlo.

Al azar, y sin orden jerárquico, se pueden citar algunos temas que puede despertar interés. Por ejemplo, la forma en la que el Plan Cóndor operó en Bolivia en la década de los años 70 (de la siniestra iniciativa se saben más detalles en Argentina y Chile) y el proyecto con el que operaron los mandos militares en el golpe de Luis García Meza, en julio de 1980, cuando desapareció el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es posible, no obstante, que al cumplirse una década de la crisis de octubre, salgan a la luz nuevos detalles de las acciones castrenses bajo el mando de Gonzalo Sánchez de Lozada. Hay muchas inquietudes, mucha información que aún está en poder del Ejército y otras fuerzas militares. Es una sensación que la podrá compartir un periodista, un historiador, un dirigente campesino; en suma, un ciudadano de carta cabal en estos tiempos de una democracia tan pródiga en el ejercicio de los derechos civiles.

Ahora bien, diez años para desclasificar documentos es un tiempo razonable... ¿Pueden ser 20 o 30? No hay una legislación definitiva en Bolivia, aunque sí hay varios decretos, vinculados con la transparencia del Estado y la lucha contra la corrupción, aprobados, precisamente, durante los últimos diez años. Los esfuerzos son evidentes en varias reparticiones gubernamentales, donde ya se aplican fórmulas y procedimientos para que la información pública llegue al ciudadano. Está pasando, sí; pero aún no en las Fuezas Armadas.

“Por encima del derecho individual del periodista, está el derecho humano de la sociedad de estar informada”, recordó hace poco Frank La Rue, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, en una entrevista con Daniela Pastrana del servicio informativo de la International Press Service (IPS).

La información reservada o clasificada prevalece en Bolivia en aquellos sectores en los que se codifican datos sensibles. En la Cancillería, por ejemplo, se negocian y gestionan acuerdos de alcance bilateral o internacional, que en algunos casos es transversal a la seguridad del Estado. Bajo está lógica, los militares, también almacenan secretos y éstos existen en Bolivia y el resto del mundo. 

Cuando los ciudadanos acuden a las urnas y con su voto forman gobierno, se deposita la confianza en alguien que asume la responsabilidad y la carga moral de administrar el bien público con transparencia, honestidad y eficiencia.

Así, el libre acceso a la información pública es el mecanismo que garantiza que el principio de la transparencia se cumpla para evitar que la corrupción, la irresponsabilidad y el abuso de poder socaven la confianza que se depositó junto con el voto. Por esta condicionante, tan profunda como ineludible, la Constitución Política del Estado establece que sea un derecho civil y político de los ciudadanos “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente” (artículo 21, inciso 6). El precepto es amplio y mereció un debate normativo que está estancado. Entretanto, existen los decretos 28168, del 17 de mayo de 2005, y 0214, de 22 de julio de 2009, entre otras normas, que los ciudadanos deberían utilizar para ejercer sus derechos. 

También existe la necesidad de trabajar sobre la base de una ley específica que regule el acceso a los archivos, su clasificación y los tiempos de reserva, además de los formatos de solicitud de información y la capacitación archivística de los funcionarios.

En cuanto a los archivos históricos, su aporte es, como lo ha reconocido la Unesco en el caso del Che Guevara, escencial para la memoria del mundo. Desclasificar los documentos militares, sin perjuicio de las cerraduras marcadas por tiempos y sensibilidades específicas, debería ser parte de la preocupación del país, máxime si se toma en cuenta el viraje del papel que, se supone, han asumido las Fuerzas Armadas a favor del Estado y la necesidad de sanar muchas heridas que aún duelen y que son parte de la construcción del proceso democrático, siempre incompleto y activo. 

La Rue, en la entrevista que concedió a la IPS, recomendó “entender que la información, por encima de cualquier cosa, es un servicio social”.

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