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Por qué no hay inversión minera en Bolivia?

La minería es presa de un entorno político adverso y hay fantasmas y demonios que siguen dominando las emociones colectivas y las mismas decisiones de la política minera. ¿Cómo atraer capitales si no hay seguridad jurídica y si se descree de la iniciativa privada y se reniega de la inversión extranjera?

La Razón (Edición Impresa) / Henry Oporto Castro

00:02 / 19 de abril de 2015

La respuesta podría estar en la última Encuesta Anual de Empresas Mineras 2014, del Instituto Fraser de Canadá; uno de los thin-tanks más distinguidos en estudios mineros. De la encuesta participan directivos y ejecutivos de cientos de empresas de muy diversos países y de otras muchas organizaciones relacionadas con la industria minera. Este reporte especializado es un conspicuo referente para los negocios y las inversiones mineras en el mundo. Desde hace años, Bolivia está a la zaga del ranking mundial de minería, elaborado por el Instituto Frazer; 2014 no ha sido la excepción. Nuestro país califica muy mal en la mayoría de los temas que hacen a las condiciones de la actividad minera.     

Bolivia no es atractiva para la inversión. En la encuesta de 2014, el país ocupa el puesto 95 entre 122 países evaluados, según el “Índice de Atractivo para la Inversión”. Este índice examina varios factores políticos que inciden en la decisión de las empresas mineras de hacer inversiones, tales como: regulaciones que se aplican, normas ambientales, marco legal, régimen fiscal, situación de las áreas protegidas y los reclamos de tierras en disputa, infraestructura, demandas de las comunidades locales, barreras comerciales, estabilidad política, calidad de los datos geológicos, seguridad, disponibilidad de mano de obra y normativa laboral.

En América Latina, Bolivia se sitúa en la posición 22, entre 27 países. La clasificación regional está encabezada por Chile, Perú y México y dos provincias argentinas: Salta y San Juan. Por su parte, el Doing Business del Banco Mundial, que mide el ambiente económico y la facilidad de hacer negocios, en su publicación anual 2014 colocó a Bolivia en el lugar 162 de 189 países; tan solo por encima de Haití (177) y de Venezuela (181), entre los latinoamericanos; advierte que el país no ha encarado ninguna reforma para mejorar el clima de negocios. 

Hay potencial minero, pero fallan las políticas. A pesar de su escaso atractivo para la inversión, Bolivia es mejor valorada por su potencial minero (geológico) “puro”; es decir, obviando las restricciones existentes, y asumiendo condiciones favorables: un ambiente regulatorio de clase mundial, tributación altamente competitiva (sin riesgo político o de incertidumbre), y un régimen minero totalmente estable. Esto es lo que refleja el “Índice de Potencial Minero con Mejores Prácticas”, en el cual Bolivia ocupa el puesto 72;  por encima de China y muchos otros países europeos, asiáticos y africanos.  

No obstante, la percepción cambia sustancialmente en el “Índice de Potencial Minero Actual”, que ubica a Bolivia en el lugar 114, pues reaparecen los problemas que reducen el atractivo real del país en cuanto a su dotación de recursos mineros.  

CALIFICACIONES. De hecho, en las mediciones de cuestiones más específicas, Bolivia aparece con bajas calificaciones y formando parte de los países peor clasificados. Así, en el “Índice de Políticas Mineras” Bolivia está en el puesto 104; en “Incertidumbre sobre la Administración, Interpretación y Aplicación de la Legislación Vigente” (111); en “Barreras al Comercio” (99); en “Acuerdos socioeconómicos y condiciones de desarrollo Comunitario” (116) —una de las últimas posiciones en la cuestión de la conflictiva relación entre la minería y las comunidades rurales.      

Bolivia con el peor régimen tributario. Las empresas y los expertos mineros tienen muy claro lo determinante que puede llegar a ser el tema impositivo a la hora de proyectar inversiones. Y es justamente en esta cuestión en la que nuestro país tiene su peor calificación. En efecto, Bolivia ocupa nada menos que el último lugar entre 122 países de los cinco continentes. El índice de percepciones sobre el Régimen Tributario incluye aspectos como los impuestos corporativos y al capital, así como la complejidad de los procedimientos en el pago de tributos. En Bolivia —califica el Índice— el régimen tributario disuade fuertemente la decisión de invertir.

Muchas veces se ha insistido en que Bolivia aplica, desde 2007, los impuestos más onerosos a la actividad empresarial minera. Considerando tanto el Impuesto sobre Utilidades (37,5%) como el Impuesto por Remesa de Dividendos (12,5%), las empresas deben pagar hasta un 45,3%, una proporción muy superior a lo que se paga en Perú (32,9%), Argentina (35%), Ecuador (37,3%), México (37%); Chile (44,4%) tras una reciente reforma tributaria. La participación total del Estado en los impuestos (government take) puede fluctuar entre el 55,8% (en operaciones con costos de 30%) y el 67,2% en operaciones con costos de 70%, siendo éstas las más frecuentes; lo cual  significa que dos de cada tres dólares que generan las empresas mineras van a manos del Estado.

Compárese dicho government take en Bolivia con el de otros países de América Latina de mayor desarrollo minero: Chile (44,7%), Perú (38,2%), México (47%). Hay pues razones fundadas para decir que Bolivia tiene la tributación menos competitiva de la región para captar inversiones. 

En Bolivia, lo mismo que en Ecuador y Argentina, la regalía minera es sobre las ventas —un impuesto ciego que se paga independientemente de si la empresa gane o pierda dinero. Por el contrario, en Chile, Perú y México, la regalía se calcula sobre las utilidades, lo que es mucho más racional, ya que el porcentaje se mueve con el nivel de utilidad; si ésta sube, sube también la regalía. Y a la inversa, con la ventaja de que ante una caída de precios —como sucede hoy—, la producción está más protegida, las operaciones pueden seguir siendo rentables y las inversiones no dejan de fluir. En Bolivia ocurre todo lo contrario.        

DISCRECIONALIDAD. Lo que falta en institucionalidad sobra en discrecionalidad. Desde mayo de 2014, Bolivia tiene una nueva Ley de Minería. No obstante, las limitaciones de esta norma son de tal naturaleza que no se augura un cambio sustancial en la situación de vulnerabilidad e incertidumbre de los derechos mineros y, por tanto, en el clima de inseguridad que lastra la actividad minera. De hecho, los problemas proceden de la misma Constitución de 2009, que, para todo efecto práctico, es una camisa de fuerza a las inversiones mineras. Pero no solo que la ley minera no escapa a las restricciones constitucionales, sino que las refuerza, implantando una serie de mecanismos administrativos y burocráticos de control y tutela estatal sobre la actividad minera, los mismos que se anticipan engorrosos, agobiantes y proclives a la corrupción. Todo lo cual configura una forma de gestión de la industria minera sumamente discrecional e hiperpolitizada.   

Se entiende, entonces, por qué la percepción negativa con respecto a la legislación boliviana. En efecto, la medición referida al Sistema Legal (su equidad, transparencia, prontitud, eficiencia, ausencia de corrupción) ubica a Bolivia en el puesto 101 del ranking mundial de minería. La nueva ley minera no revierte el escepticismo y desconfianza de los empresarios mineros.  

“Existe una constante amenaza de nacionalización, lo cual ha sido usado repetidamente en el pasado para solicitar apoyo ‘popular’. Uno se siente como si la ‘espada’ estuviese sobre tu cuello y nunca estás seguro si será usada, ni cuándo”, es el testimonio de un ejecutivo de la minería boliviana, recogido en la Encuesta Anual de Empresas Mineras 2014 del Instituto Fraser.

Pues bien, inmersos en el círculo vicioso de factores que atoran las inversiones, ¿hay algún camino para salir del mismo? Desgraciadamente no hay una respuesta fácil, sobre todo porque la minería es presa de un entorno político adverso y porque hay fantasmas y demonios que siguen dominando las emociones colectivas y las mismas decisiones de la política minera. ¿Cómo atraer capitales si no hay seguridad jurídica y si se descree de la iniciativa privada y se reniega de la inversión extranjera?

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