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Es irresponsable rechazar el bono por puro afán político

El presupuesto anual del municipio de La Paz bordea los 2 mil millones de bolivianos; entonces, no es verdad lo que dice el alcalde, que de otorgar el bono a las personas con discapacidad grave y muy grave la Alcaldía paceña dejaría sin efecto el Plan mochila, el Desayuno escolar y otros proyectos de infraestructura.

La Razón (Edición Impresa) / Jorge Silva Trujillo es concejal (MAS) en el municipio de La Paz

00:00 / 05 de marzo de 2017

Precisamente políticos opositores que impulsaron y financiaron las movilizaciones de las personas con discapacidad en el país, demandando al Estado boliviano un bono de Bs 500, califican de “irresponsable” el proyecto de ley presentado por el presidente Evo Morales a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que contiene dos componentes: la inserción laboral para las personas con discapacidad y un bono mensual de Bs 250 para personas con discapacidad grave y muy grave.

“El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna”, señala la Constitución Política del Estado; es decir, cuando se incorpora el término Estado, la Constitución activa automáticamente la participación de los tres niveles de Gobierno; por lo tanto, el proyecto de Ley de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad nos abre el escenario de una competencia concurrente, donde el nivel central legisla y el nivel municipal reglamenta y ejecuta.

Además, el proyecto incorpora al sector privado como un nuevo actor para garantizar la inserción laboral de personas con discapacidad, en forma directa o a través de un tercero. Asimismo, el proyecto no deroga ni abroga otras disposiciones vigentes como, por ejemplo, la Ley General para Personas con Discapacidad, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y trato preferente bajo un sistema de protección integral, delegando responsabilidades para su estricto cumplimiento a todos los órganos del Estado como a instituciones públicas y privadas, cooperativas y/o de economía mixta. La Ley 1768 de 1995, y los decretos 27477 (2004) y 29608 (2008), y ordenanzas municipales garantizan, por ejemplo, la obligación de contratar a personas con discapacidad, en un promedio mínimo de 4% del total del personal, además de otros derechos relacionados con salud, educación, producción, liberación tributaria, créditos, vivienda, transporte.

Este abanico de normas al parecer sería suficiente para atender las demandas del sector; sin embargo, caben algunas preguntas: ¿se cumple con estas leyes, decretos y ordenanzas? ¿qué hicieron gobernadores y alcaldes, en especial aquellos que ayer impulsaron y financiaron movilizaciones y manifestaciones y que hoy día se rasgan las vestiduras ante un posible bono? ¿qué sucede en el sector privado? ¿qué hicieron por las personas con discapacidad los anteriores gobernantes, que incluso aparecen dando clases de economía en las plazas? ¿con qué moral?

Definitivamente, no fue suficiente entregar Bs 40 millones anuales (que antes los partidos políticos se repartían para su campaña), de los cuales 20 millones estarían destinados al bono de Bs 1.000 y el saldo a proyectos; Bs 130 millones para educación y salud a través de gobernaciones y alcaldías; el Programa de Vivienda para personas con discapacidad; tampoco será suficiente el bono mensual de Bs 250. Será mucho más importante contar con una Política de Estado que involucre a los tres niveles de gobierno para implementar por ejemplo Centros de Especialización Integral en cada municipio capital de departamento, espacios donde las personas con discapacidad tengan la atención para recibir, en forma gratuita, oportuna y con calidad servicios especiales de acuerdo con la discapacidad. 

Por otra parte, con seguridad que la capacidad económica no es igual entre los 339 municipios del país; sin embargo, antes de rechazar el proyecto de ley, hay tareas previas que debemos realizar; por ejemplo, definir el concepto de personas con discapacidad grave y muy grave, población existente en cada municipio, estudio de la cantidad de personas con discapacidad o tutores que actualmente trabajan en la administración pública y el sector privado, estas tareas nos permitirán obtener datos exactos no solamente de la población potencial a ser beneficiada con el bono sino fundamentalmente el presupuesto que significará cumplir con esa obligación.

En ese sentido, es irresponsable desechar la propuesta por un simple afán político; en todo caso, las autoridades municipales que declararon manifiestamente su apoyo a la demanda de las personas con discapacidad expresada en las calles, hoy deberían guardar la coherencia del discurso apoyando incondicionalmente también el proyecto de ley, estudiando las fuentes de financiamiento o la posibilidad de ajustar los presupuestos municipales, renunciando a la mala costumbre de malgastar los recursos públicos en consultorías, viajes, viáticos y otros gastos como publicidad, imprenta, refrigerio, y una lista de etcéteras, para atender de esta manera una demanda legítima de las personas con discapacidad. 

De acuerdo con el Censo de 2012, existen seis municipios con más de 250.000 habitantes, seis con más de 100.000, 11 con menos de 100.000, 13 con menos de 50.000, tres con menos de 40.000, 10 con menos de 35.000, 10 con menos de 30.000, 25 con menos de 25.000, 35 con menos de 20.000, 64 con menos de 15.000, 93 con menos de 10.000, y 56 con menos de 5.000 habitantes; en estos últimos municipios podría ser dificultoso adecuar sus presupuestos, conozco que en muchos de ellos no tienen presupuesto ni para el chofer del alcalde. Sin embargo, de estos datos no tenemos información respecto a la cantidad de población con discapacidad grave o muy grave, para determinar si están o no en posibilidades económicas de asumir la obligación. 

En lo que respecta al municipio de La Paz, su presupuesto anual bordea los 2 mil millones de bolivianos, que no son utilizados precisamente para atender demandas de la población, sino para contratar innecesariamente consultorías o millonarios contratos de servicio, como es el caso de la basura, beneficiando a una empresa privada de reciente creación; entonces, no es verdad lo que dice el alcalde Luis Revilla, que de otorgar el bono a las personas con discapacidad grave y muy grave la Alcaldía paceña dejaría sin efecto el Plan mochila, el Desayuno escolar y otros proyectos de infraestructura.

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