Animal Político

‘La lacra judicial no ha variado, los buenos son los menos’. Nardi Suxo Iturri

Los funcionarios corruptos del Órgano Judicial son los que más han perjudicado la labor del Ministerio de Transparencia, según la ministra del área, Nardi Suxo, quien también se refiere al último escándalo de la red de extorsión.

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont

00:03 / 09 de diciembre de 2012

La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo Iturri,  habló el miércoles con Animal Político, en una entrevista en sus oficinas que, sin embargo, se realizó vía teléfono, ya que no se encontraba en ese momento. La autoridad se refirió a los casos de corrupción de las últimas dos gestiones, incluido el escándalo de la red de extorsión. Adicionalmente, enumeró los logros y sentencias relacionados con el flagelo de la política boliviana. El Órgano Judicial aún es uno de los más corruptos, asegura.

— ¿El Órgano Judicial sigue siendo el más corrupto?

— Así es. No pueden olvidarse que desde el ministerio hemos denunciado la corrupción en la justicia. Llevé 43 denuncias contra fiscales para que sean procesados. Si esas denuncias son comprobadas, tienen que tener la máxima sanción. Lamentablemente, la lacra de la corrupción en el Órgano Judicial no ha variado. Aunque no se puede generalizar, hay buenos funcionarios, sin embargo, éstos son los menos; los más son los que han cometido actos de corrupción. Eso es algo que hemos denunciado. Son los que han perjudicado nuestro trabajo.

— Se dice que la corrupción es igual o peor que antes...

— Antes se tapaban las cosas, pues estaban involucrados desde las cabezas hasta los últimos servidores públicos. Nosotros no vamos a tapar a nadie; todo lo contrario... Ésa es la línea que ha dado el presidente (Evo Morales): si hay un hecho de corrupción, el castigo debe ser mucho más severo si se trata de alguien que estaba en el Gobierno. Hemos dado pruebas de ello: hace unas tres semanas hubo sentencia contra un diputado del MAS (Severino Valiente) que había traficado con pasaportes. Antes nunca hubo sentencias, ahora sí. Antes no se recuperaba ningún dinero ni se denunciaba a correligionarios de un partido. Ésas son las diferencias, hoy hay una política de Estado contra la corrupción.

— ¿Cómo queda la institucionalidad del Estado tras el escándalo de la red de extorsión y los casos de corrupción? 

— Primero hay que decir que, por instrucción presidencial, Transparencia ha venido trabajando desde que era viceministerio. Heredamos el flagelo de la corrupción desde la Colonia, por lo que no se lo puede erradicar en tan poco tiempo.

Sin embargo, tenemos grandes avances. Por ejemplo, se ha ampliado nuestra función no sólo a acciones de denuncia de corrupción, sino también a la prevención (cursos y talleres). Adicionalmente, por las sentencias logradas y el reconocimiento internacional a nuestra labor, tengo que decir que todo ayuda a institucionalizar una cultura de transparencia. Los hechos ocurridos recientemente han sido muy bien llevados por el Ministro de Gobierno. Esperamos que las sanciones sean muy duras. Cualquier persona (ministros, viceministros o el mismo presidente) que esté utilizando el nombre de una autoridad para beneficiarse, debe ser sancionada. De hecho, tanto el Presidente como el vicepresidente (Álvaro García Linera) procesaron a personas que utilizaron su nombre; lo mismo yo. No habrá tolerancia a la corrupción.

— ¿Cuánto afecta este escándalo al MAS?

— Son casos aislados que, sin embargo, si se comprueban deben merecer la máxima sanción. ÇClaro que hacen daño al Gobierno y a la gestión que está trabajando en la transparencia. Creo que si en este tema el Ministerio Público y el Órgano Judicial no actúan con la mayor rigurosidad, serán puestos a prueba.

— ¿El destape de la red de extorsión disminuirá la confianza en el Gobierno?

— La gente tiene que darse cuenta que no se tapa (la corrupción). El ciudadano que no hace manejo político cínico de esto, como la oposición, ve que en el MAS se denuncia. Nada podrá hacer que un caso nos  haga dar un paso atrás, todo lo contrario, estos temas (la red de extorsión) nos fortalecen.

— Se ha cuestionado el aumento de los bienes del Presidente...

— En ese sentido, como una medida de prevención, se realizó una revisión de las declaraciones juradas de 150 autoridades, entre ellas la del presidente Evo Morales, como la mía, también de otras autoridades que tienen que ver con el manejo de recursos del Estado.

— ¿Qué sentencias importantes han logrado?

— Tenemos 64 sentencias durante esta gestión. Las 64 son muy duras y graves para exautoridades y autoridades de nuestra gestión gubernamental. Uno de los casos precisamente es el de Catler Uniservice, con condena de 12 años contra Santos Ramírez; el caso de fiscales en Sucre con sentencia condenatoria de cinco años (el exfiscal Ramiro Ugarte, exfiscal del distrito de Tarija, y Armando Lema, exfiscal de materia de Tarija, sentenciado a dos años). Otros casos son los de la Universidad de Beni, en el que el exrector Guillermo Suárez está condenado a cinco años y cinco meses, aunque se encuentra prófugo; y, también el de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), en el que el exdirector departamental de Santa Cruz Denver Pedraza fue encarcelado. Muchos de estos ejemplos son emblemáticos porque algunos fueron contra gente que era parte de nuestra gestión.

— ¿Y logros en cuanto a recuperación de bienes?

— Durante esta gestión el ministerio ha conseguido que se devuelvan más de 18 millones de dólares para el Estado. Con esto, la suma total de dinero que vuelve al país es de 120 millones desde 2006. Por otro lado, hemos realizado acciones de capacitación, no sólo talleres, sino también un diplomado sobre el tema de transparencia para capacitar a funcionarios públicos.

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