Animal Político

El juez recuperará su credibilidad

La nueva justicia, el futuro inmediato

La Razón / Nelson Cox

01:00 / 15 de enero de 2012

Hemos empezado a transformar la administración de la Justicia boliviana, inscribiendo una nueva teoría política sobre la Justicia con la elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Éstas, con su ingreso democratizaron la Justicia, devolviéndole al pueblo su facultad de crear derecho y decidir de manera libre la constitución de sus autoridades.

Estoy convencido de que este primer paso devolverá la credibilidad a la Justicia, ya que pasa por el voto de confianza otorgado por los ciudadanos, a quienes no ofrecieron ni obras ni promesas electorales para ser autoridades judiciales, sino simplemente el compromiso de cumplir la Constitución y las Leyes.

Por ello, corresponde puntualizar que devolver la credibilidad a la Justicia es un acto de dignificación del nuevo rol del juez, quien debe potenciar sus principios y valores para hacer el bien, cambiando el relacionamiento judicial con un recíproco respeto, del juez a los derechos del ciudadano y del ciudadano a la autoridad judicial en la calidad de sus decisiones.

La función judicial única permitirá impartir justicia en el marco de un sistema de Justicia Plural, donde las autoridades indígena originario campesinas continúen aplicando sus saberes para retomar la paz en la comunidad, y donde las autoridades judiciales resuelvan adecuadamente los conflictos, con amplios criterios de probidad e idoneidad.

Por consiguiente, el desafío de las actuales autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, es construir un nuevo escenario de convencimiento jurídico, donde la regla no sea la duda sobre si es correcta o no la forma de resolución de un juicio, sino la tranquilidad de recibir una decisión pronta que me resuelva el conflicto; donde la garantía del buen funcionamiento esté dada por la calidad jurídica de la Resolución, por la que se devele la certeza de la probidad del juez, de su capacidad profesional, y que disminuyan las innecesarias apelaciones, dotando al litigante de la “convicción de la decisión judicial”.

El desarrollo de la nueva institucionalidad de la justicia, no sólo pasa por contar con nuevas autoridades, sino converge en cimentar el nuevo andamiaje operativo y su funcionamiento coherente con la demanda social que espera cambiar un aparato burocrático, simplificando los procedimientos para una mejor comprensión de los conceptos del derecho.

Por eso fue necesario revolucionar al Poder Judicial, para descomplejizar, desformalizar y desritualizar el manejo procesal de los conflictos, logrando un cambio cualitativo en el sistema, donde los servidores judiciales coadyuven al litigante a seguir un procedimiento; donde el juez sea garante del debido proceso para los actores de un juicio, en igualdad de condiciones; donde se promocione la cultura de paz y se tenga certidumbre sobre lo correcto del acto judicial; donde el litigante sepa en qué oficina empezar su trámite y en cuál culminar; donde se desmonopolice el uso del derecho por parte de los abogados, que patrocinan y sólo traducen la norma, para que la misma sea comprensible en cuanto a los momentos del proceso, instancias de apelación y cómo cumplir la decisión; donde el juzgador escuche a los litigantes sin necesidad de contar con abogados, primando  el principio constitucional de la verdad material.

La nueva estructura institucional permitirá adoptar, como política judicial, la necesidad de resguardar los derechos fundamentales de las víctimas de la exclusión, de la desatención y del desconocimiento de sus derechos, de modo que disminuyan las diferencias que genera la desigualdad social, dando al ciudadano seguridad jurídica y protección estatal, que le convierta en actor de la ruptura del manejo jurídico liberal.

Las nuevas formas procesales se fundarán en la gratuidad, oralidad, celeridad, probidad, publicidad, legalidad, accesibilidad, inmediatez, entre otros principios, posibilitando, por un lado, que en unas cuantas audiencias se pueda culminar el tránsito judicial y, por otro, que el derecho cumpla su búsqueda emancipatoria del conflicto y no sólo sea usado para empoderar a los ajenos que fungen como jueces y abogados, quienes durante años se apropiaron del problema, judicializando su respuesta con pesados trámites coloniales.

Por esto, el circuito judicial ya no comenzará con una demanda, toda vez que la búsqueda de la justicia se iniciará con procedimientos de aproximación entre las partes, para que concilien voluntariamente.

La conciliación debe ser una nueva cultura cívica ciudadana que comience a practicarse desde la escuela, desde las relaciones cotidianas, en busca de una relación entre iguales, donde no se criminalice ni la pobreza ni la diferencia.

Esta reinstitucionalización de lo jurídico sin duda generará un nuevo manejo discursivo del derecho, no como el poder de inventar procesos y demandas de manera amenazante, sino como el mejor uso alternativo del derecho, tanto para evitar un juicio como para lograr una convivencia inclusiva y solidaria, que promueva el bien común para la realización efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Así, bolivianizaremos la justicia, descolonizando las desigualdades que viven los ciudadanos, rompiendo esquemas de interés de poder de un inexistente Poder Judicial, que nunca luchó contra la impunidad.

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