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El juicio plurinacional que ‘janiw’ entienden

Ligia Velásquez, Rosario Chánez y Gualberto Cusi, que son acusados de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes tras determinar la suspensión de la vigencia de la Ley del Notariado, llegaron al patíbulo para enfrentar un litigio que nació con sentencia adelantada: la máxima pena del ente plurinacional.

La Razón (Edición Impresa) / Rubén Ariñez / La Paz

00:05 / 21 de diciembre de 2014

Cual preparativos para la filmación de un bestseller de Hollywood —los más wow del cine mundial, según los “expertos”— hace algo más de 20 días se dio inicio al juicio de responsabilidades que el Legislativo Plurinacional le instauró a tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).  

Ligia Velásquez, Rosario Chánez y Gualberto Cusi, que son acusados de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes tras determinar la suspensión de la vigencia de la Ley del Notariado, llegaron al patíbulo para enfrentar un litigio que nació con sentencia adelantada: la máxima pena del ente plurinacional.

Hubo de todo en el juicio. Desmayos, llanto, un hospitalizado que para la ley congresal era rebelde contumaz (Cusi), un representante del Ministerio Público que protestó por su presencia en el salón aduciendo que debía estar en su casa en lugar de “perder el tiempo”.

Era tal el caos que algunos abogados defensores entraban al hemiciclo del Senado munidos de fe para encaminar la absolución de sus representados sin saber que a su salida serían uno más de los miles de desempleados del país.

Y es que esa es la esencia de lo plurinacional, una conjunción de  lo etéreo y lo impenetrable del Estado. El vicepresidente Álvaro García se refiere al respecto como “un Estado con hegemonía indígena originario campesina”, aquella que le da el sentido y el carácter al discurso plurinacional. Un discurso que se perdió en la otredad de los Andes, cuando a una de las litigantes y uno de los acusados se les ocurrió discursar en su idioma nativo. Ahí, en ese hemiciclo de “discusiones” legislativas, de normas que serán el sostén del nuevo Estado; ahí, resonaban con fuerza el aymara y el quechua.

“No entendemos”, decían los tutores de este propósito que incluso normaron mediante una ley, que los funcionarios públicos hablen, de manera obligatoria, al menos un idioma nativo. ¿Tal vez no entendieron? “Ucha caray. Bien siempre nos quieren fregar, ¿No?”, se escuchó.

Hubo de todo. Hubo y habrá desde el 5 de enero, fecha en la que se reanuda el juicio. Segundo round que pondrá a prueba el carácter del proyecto nacional con todos sus matices. Hubo de todo, menos pipocas. Sarawixa. Jikisiñkamapanaya (Me iré, que sea hasta el próximo encuentro).

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