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La ley 180 Perjudicaba el desarrollo

La ley sancionada para levantar la intangibilidad del TIPNIS no busca ampliar los cultivos de coca, pues una norma lo prohíbe.

La Razón (Edición Impresa) / Domingo Nogales

00:00 / 20 de agosto de 2017

A probada en octubre de 2011, la Ley 180 de protección del TIPNIS declaró intangible a esa zona y frenó la construcción de la proyectada carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, como cualquier otra. Esta norma ha generado un retraso en el desarrollo del territorio y detuvo los planes de manejo sostenible junto con las iniciativas de aprovechamiento de los recursos naturales. Esta situación también provocó un cambio en las organizaciones indígenas debido a que han visto que la norma nos estaba perjudicando.

Estos son los motivos por los cuales hemos solicitado la abrogación de la Ley 180 y que en su lugar se valide la Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del TIPNIS que será promulgada hoy en Trinidad. La Asamblea Legislativa Plurinacional cumplió nuestro pedido y trató la norma.

Esta nueva ley fue socializada con una gran parte de las organizaciones indígenas pero no con la totalidad, lo que ha generado una polémica porque algunos dirigentes todavía quieren seguir figurando como los defensores del TIPNIS y eso ha incidido en la realización de protestas pero el rechazo no es generalizado.

Esta normativa tiene por objeto la protección, el desarrollo integral y sustentable del TIPNIS; es el resultado de la consulta previa de los pueblos mojeño-trinitario, chimán y yuracaré.

En el marco de los resultados de esta consulta previa, el Estado ejecutará en todos sus niveles programas y proyectos de desarrollo integral y sustentable que consoliden los derechos a la integración, salud, educación, vivienda, los servicios básicos y otros.

La extinta Ley 180, que declaraba al TIPNIS zona intangible, restringía la ejecución de megaproyectos, obras y actividades de gran escala que provocan o pudieran generar impactos ambientales y cambios socioeconómicos y culturales negativos en el territorio. En tanto, en la nueva ley se dispone que las actividades de desarrollo integral deberán contribuir a la erradicación de la extrema pobreza, promoviendo medios de vida sustentable y diversificados para los pueblos indígenas del TIPNIS.

Para ello, una vez que se promulgue la norma se fija un plazo de 180 días para que se pueda elaborar una estrategia de protección del TIPNIS, un Plan Integral de Transporte y la aplicación de la agenda de desarrollo sobre la base del principio constitucional del Vivir Bien para los pueblos indígenas del territorio, quienes se adecuarán a los resultados de la consulta. Estos planes buscan mejorar las condiciones de vida de los indígenas y prevé la instalación de proyectos productivos que sean autosostenibles.

Cabe aclarar que en la norma se prohíbe el aprovechamiento de los recursos naturales renovables por todas las personas ajenas y no autorizadas por los pueblos indígenas del TIPNIS, así como el uso, la internación y venta de material tóxico, agroquímicos y organismos genéticamente modificados que afecten o dañen la integridad de los procesos, los ciclos vitales y las funciones ambientales de la madre Tierra. Además, en la norma no se permiten los asentamientos y ocupaciones de hecho por personas ajenas a los pueblos indígenas del parque.

Es necesario aclarar también que el artículo 9 de la ley indica que las actividades de integración que mejoren, establezcan o mantengan los derechos de los pueblos indígenas —como la libre circulación a través de la apertura de caminos vecinales, carreteras, sistemas de navegación fluvial, aérea y otros— se diseñarán de forma consensuada, respetando las normas ambientales.

Otro elemento que es importante mencionar es que esta ley no busca ampliar el área legal de los cultivos de coca porque los indígenas siempre hemos estado en contra de las plantaciones de la hoja y de los avasallamientos motivados por esta actividad.

Por ello, en la reglamentación de la norma se debe establecer los mecanismos para desalojar a las personas ajenas a los pueblos indígenas debido a que ingresan a nuestro territorio, pensando en cultivar cocales.

Asimismo, en la Ley General de la Coca —promulgada el 8 de marzo de 2017— se prohíbe la producción de coca en áreas protegidas y reservas forestales y establece sanciones. Y el TIPNIS tiene la condición de territorio indígena y área protegida.

Ahora, ante el anuncio de algunos dirigentes que presentarán una demanda ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y un proceso en organismos internacionales si se promulgara la ley, este asunto se tratará en el encuentro de corregidores a fines de agosto y se asumirán acciones.

  • Domingo Nogales es presidente de la subcentral del TIPNIS

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