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La ley en la práctica tiene muchos vacíos

Aunque no hay fecha (se habla de después de los referendos por estatutos y cartas orgánicas que ya están listos), al parecer se cae de madura la reforma de la Ley del Régimen Electoral. El problema es quién encara (aparte del TSE) y con qué agenda de trabajo.  

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano

00:06 / 19 de abril de 2015

La Ley del Régimen Electoral brinda bastantes facultades reglamentarias a las autoridades operadoras de turno, específicamente a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), apunta el exsecretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga: la nueva ley electoral “es mucho más amplia, deja que muchos temas sean regulados o reglamentados por el Tribunal Supremo Electoral”.

Que la ley, en cierto sentido sea solo indicativa, básica y que, por ello, se encomiende a los actuales vocales a desarrollarla mediante diversidad de reglamentos, no es ni bueno ni malo, tiene sus ventajas y desventajas. El problema está en que desde que el Órgano Electoral Plurinacional empezó a funcionar, debió llevarse adelante un intenso trabajo de adecuación de la norma, sugiere Arteaga: “Al darle facultades reglamentarias, el Tribunal debería tomar muchas más previsiones; empezar a regular todas estas situaciones que han causado problemas o polémica, con mucho tiempo anterior a la elección, a su convocatoria, para que en ese momento, si se consideraba que (algo) era inconstitucional o que vulneraba ciertos derechos, hubieran los mecanismos para que quienes se sientan afectados puedan hacer valer sus derechos; pero no hubo (ese trabajo); entonces se creó una situación más polémica y a ratos de cierta incertidumbre”.

Arteaga relata que al iniciar su labor el OEP, en vista de la nueva ley (promulgada en junio de 2010) se había previsto la elaboración de al menos 70 reglamentos, para precisamente desarrollarla. Incluso se formó una comisión para el efecto; desafortunadamente, sobrevinieron los procesos electorales y se tuvo que priorizar estos comicios.

Al respecto, el vocal del TSE Ramiro Paredes afirma que en cuanto a la reglamentación de los procesos electorales se hizo lo necesario, que en ningún momento hubo una falencia por falta de regulación.

“El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ha elaborado todos los reglamentos que mandan las leyes, y los que consideramos necesarios para cada proceso electoral que hemos administrado. En ninguna elección se ha identificado la falta de reglamentación, lo que está ausente son algunas prescripciones legales como, para citar solo un caso, la definición de propaganda gubernamental”.

El vocal no deja de señalar que a la fecha existen avances en cuanto a la compilación y concordancia de la nueva reglamentación: “Nuestra actividad reglamentaria está orientada a la unificación de estos instrumentos que cubren todas las modalidades de la democracia intercultural, ya tenemos algunas compilaciones”.

Un tema que Arteaga también propone revisar es el número de vocales en el TSE, de siete, cuando en el pasado era solo de cinco. “Operativamente complica que sean siete; en 2001 ya se tuvo este mismo número de vocales y ahí ya se vio que el trabajo se hacía pesado, se crearon problemas internos en la toma de decisiones. Cuando eran siete ya se vio las limitaciones de esto”, señaló.

Pero más allá del número de vocales, el exfuncionario del Tribunal apunta hacia un hecho más de fondo: el que en el actual TSE se sigue juntando las funciones jurisdiccionales (jurídicas y de gestión del derecho) y las electorales (la administración de los procesos). El efecto práctico de esto es la acumulación de la carga procesal en todos los vocales.

Al respecto, el exvocal de la antigua Corte Nacional Electoral (CNE) Jorge Lazarte ratifica que esta es una de las mayores deudas del actual sistema: la confusión que aún se da entre el juez y el administrador electoral, entre la función jurisdiccional y la administrativa.

Desde 2001 ya había la propuesta, cuenta Lazarte, de crear dos órganos distintos o de separar el mismo órgano en dos grandes salas, “para evitar una anomalía: que en la misma estructura estén dos funciones distintas, la administrativa y la jurisdiccional; porque esto hace que los mismos vocales sean juez y parte; los mismos que cometen los errores, son los que después tienen que juzgar sobre sus propios errores, cuando hay apelaciones. La idea en 2001 eran las dos salas, aumentando el número de vocales”.

Un tema de funcionamiento interno del TSE que lo mismo muestra la limitación de la Ley Electoral, añade Arteaga, es lo poco práctico que fue haber creado las suplencias de vocales, que habiendo sido designados nunca pudieron ejercer.

“La ley creó las suplencias para los vocales, lo que nunca se pudo llevar a la práctica, nunca se ha dado que entre un vocal suplente en ausencia del titular; se han designado a vocales suplentes, que no han tenido la oportunidad de ejercer, y estos suplentes estaban restringidos, no podían efectuar ninguna función pública; lo que han hecho es empezar a ejercer funciones públicas y renunciar a ser vocales. Si bien este es un tema administrativo, hace a las actividades del Tribunal”, testimonia.

Otra deuda del sistema (que no tanto del TSE, sino también de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de los partidos) que recuerda el exsecretario de Cámara, es no haber concluido un nueva Ley de Organizaciones Políticas. “El tema de los partidos no está regulado, y el uso de una anterior normativa ya está generando problemas”. 

Ante la situación descrita de la Ley del Régimen Electoral, hay diversidad de propuestas sobre qué hacer para mejorarla en lo inmediato. Así, el vocal del TSE Ramiro Paredes perfila una reforma que tenga una base integral: “Considero que una posible reforma de la ley debe tener como base necesidades sociales muy bien identificadas y justificadas, y una visión holística que conecte la norma ordinaria con la fundamental y leyes conexas”.

Pero el vocal se anima a una primera agenda: “Se va a plantear la modificación (sobre) cómo incorporar el delito de difusión de resultados de estudios de opinión electoral por parte de personas no autorizadas por ley, además de incorporar claramente la garantía de debido proceso electoral, modular los plazos de  sustitución de candidatos, para gestionar la carga procesal y definir la propaganda gubernamental”.

El abogado constitucionalista Williams Bascopé indica que es urgente la modificación de la norma con base en un riguroso “test de constitucionalidad”; pero también, volver a plantear la elección de los vocales, recuperando las exigencias meritocráticas para los postulantes.

Drástico, de primera Lazarte llama a no caer en el “idiotismo legalista”, la creencia de que todo cambiará con solo mejorar la ley, que no es sino una forma de evadir los problemas reales, esto es, en buena medida, los operadores del proceso.

Tres condiciones hacen falta labrar, destaca el exvocal de la CNE, respecto a los miembros de este “cuarto poder” del Estado: “competencia, que sepan exactamente hacer lo que tienen que hacer, que ya no se puede improvisar; independencia con respecto a los políticos, no solo ante el Gobierno; y, tercero, ser imparciales, que no es otra cosa que la misma regla vale para todos”.

Del lado de los partidos, mientras el senador por Unidad Nacional (UN) Arturo Murillo anuncia que “un equipo técnico” de su partido estudia una propuesta de reforma de la ley, de cuyo trabajo aún no puede adelantar detalles, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Borda señala que por ahora en el oficialismo no hay ningún proyecto o iniciativa de cambio de la norma.    

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