Animal Político

¿Y los límites?

La ausencia estatal en el problema

La Razón / Williams Bascopé Laruta

00:00 / 11 de marzo de 2012

Al punto. Sólo 25 municipios tienen ley de creación y delimitación de sus territorios; el restante, es decir 313, que son el 93% del total de todo el país, no tiene circunscritas sus fronteras. ¿Qué les parece ese dato?

Ahora bien. Lo ocurrido en Coroma y Quillacas ya tiene buenos años de recorrido en conflicto limítrofe, y no sólo se trata de la producción de quinua en territorio de pastoreo, sino de ricos yacimientos de minerales,  como el uranio. Imagínense eso, uranio en un lugar donde las fronteras son un conflicto ancestral. Bueno, pero a esas riquezas económicas las rodean también ambiciones personales de ciudadanos que acuñados en nombre de un departamento, sea Potosí u Oruro, tratan de sacar rédito político personal, desde un comité cívico con fuertes discursos y posiciones fundamentalistas, al punto de olvidarse que su región es parte integrante de un país.

El conflicto limítrofe también tiene otros componentes que lo hacen muy volátil y belicoso, y la eventual calma entre los pobladores es frágil como el cristal. Uno de esos componentes es la falta de presencia del Estado en la zona, que quiere decir ausencia de una autoridad que represente a instituciones del Gobierno nacional. Y no sólo de administradores locales, sino también de instituciones que deberían estar allí, como los organismos militares y policiales, por ser un sitio no únicamente de conflicto entre pobladores de Oruro y Potosí, también por las riquezas estratégicas que resguardar.

Por otra parte, es pertinente el establecimiento de instituciones que representen al Estado Plurinacional, y especialmente la encargada de la fiscalización y comercialización de minerales, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la autoridad encargada de otorgar concesiones mineras, así también la institución responsable de la dotación y adjudicación de tierras. Así, por lo menos, el Gobierno tendría más controlado su territorio y obtendría información de primera mano, para evitar choques y desgracias entre ciudadanos.

Otro importante elemento es la ausencia de una normativa que regule con claridad la adminsitración de los límites en todo el país. Actualmente, la Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 158, numeral 6, parágrafo I, expresa que una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional es aprobar la creación de nuevas unidades territoriales y establecer sus límites, de acuerdo a la Constitución y la ley. Pero dicha ley solamente está en un buen intencionado proyecto, que por la situación de los últimos seis meses quedó en segundo plano. Es más, para estos casos de conflicto de límites entre departamentos, no existe procedimiento alguno, sólo hay recursos para dirimir las fronteras entre municipios de su misma jurisdicción por la vía de la conciliación o por el referéndum entre las poblaciones en conflicto; así lo indica la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en su artículo 17.

Pero esta norma no es suficiente para resolver conflictos entre departamentos, lo que significa un vacío enorme que deja a la imaginación y arbitrariedad de cualquier ciudadano el hacer su actividad económica o social donde mejor le parezca. ¿Cómo es posible que no se haya advertido este extremo y se deje a la coyuntura del problema el tratamiento de una ley que rija estos conflictos?

Esto pone al desnudo que nuestro territorio y el mismo Estado están abandonados por ciertas autoridades que no hacen ejercicio de sus atribuciones, lo que implica un incumplimiento de deberes, que la misma Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz tipifica como actos y/u omisiones de los funcionarios públicos, que también obliga responsabilidad política ante el mismo Presidente y la población. ¿Por qué abundan las explicaciones y excusas? Seguro que dirán que el tema económico de la quinua, que los minerales, que las riquezas y que los intereses políticos de los cívicos contrarios al Gobierno hacen el conflicto. Sin duda, ésas son las razones, pero lo cierto es que las autoridades encargadas del problema se olvidaron del asunto, al calor de la coyunturas anteriores, y no advirtieron con seriedad el conflicto. 

La situación de las fronteras territoriales del país levantará civismos regionalistas y servirá de caballo de Troya para los oportunistas que quieran darle la contra de todo y de nada al actual Gobierno. Seguro que las posiciones fundamentalistas serán las más visibles a nombre de los intereses sagrados de la región, en desmedro de la unidad territorial del país. Nuestras autoridades, seguramente, estarán en emergencia y apagando el incendio de la coyuntura. No aprendemos la lección de alerta temprana, y en política esto es vital.    

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